Ábalos cambiará su estrategia de defensa en el Supremo y busca nuevo abogado

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, está determinado a cambiar la estrategia que ha seguido hasta ahora su defensa en el llamado caso Koldo y para ello ha decidido contratar a otro abogado, aunque aún no ha resuelto si hacerlo antes de sus citaciones ante el Tribunal Supremo, previstas para este miércoles y jueves. El exdirigente socialista ha comunicado por escrito al Supremo, a través de un procurador, que renuncia a su actual letrado, José Aníbal Álvarez, por “diferencias irreconducibles”, según un escrito al que ha tenido acceso este periódico. El exministro, según ese escrito, no tiene aún sustituto por lo que, afirma, está preparando “por sí solo” la declaración prevista para este miércoles ante el magistrado Leopoldo Puente.

El instructor quiere interrogar de nuevo a Ábalos, al igual que a su antiguo asesor Koldo García (citado el jueves) tras leer las conclusiones del informe patrimonial que ha aportado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, según el juez, apuntan a que el exministro tuvo ingresos “irregulares y opacos” durante los años en los que estuvo al frente de Transportes (2018 a 2021) “Lo sigue valorando”, apuntan en el entorno del exministro. Lo que Ábalos no quiere comunicar, todavía, es con qué abogado acudirá, como está obligado, a esa cita. “Lo sigue valorando”, apuntan en el entorno del exministro.

En el escrito enviado este lunes al Supremo, el exministro señala que existen “diferencias irreconducibles” entre él y quien hasta ahora ha sido su abogado. Y esas discrepancias, “lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza”. “La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo”, señala el exdirigente socialista.

Una de esas diferencias según fuentes jurídicas, tienen su origen en que el letrado le estaba aconsejando que renunciara a su acta de diputado del Congreso, pero Ábalos tiene claro que quiere seguir siendo parlamentario, según fuentes de su entorno, y preservar así su escaño en el Grupo Mixto, donde llegó tras ser expulsado hace 20 meses del PSOE. Ábalos defiende que no tiene por qué incriminarse ni llegar a ningún tipo de acuerdo con la Fiscalía, porque se considera inocente, y cree que el Supremo no tiene ninguna base jurídica para resolver su ingreso en prisión.

Para Ábalos, según fuentes de su entorno, renunciar al acta de diputado, y pasar a depender judicialmente de la Audiencia Nacional, como sería el caso, significaría “demorar o postergar más el juicio” y ha discutido con su letrado que esa postura no le beneficiaría “ahora que el caso se está desinflando” como consecuencia del conocimiento público de un informe de la Guardia Civil que él ve “sesgado y malintencionado”.

Lo que sí ha resuelto el ex número dos del PSOE es que el informe aportado a la investigación, pese al ruido mediático y político provocado por algunas grabaciones e indicios sobre su participación en la trama de mordidas radicada en el Ministerio de Transportes durante su época, “tiene más ruido que contenido”.

Ábalos ha decidido cambiar de abogado porque no está de acuerdo con la estrategia de defensa que su actual letrado está siguiendo en todo este proceso. Y entre esas divergencias incluye “todo el ambiente de presión que se está viviendo y soportando desde que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán en junio hasta los intentos de presión para que llegue a un acuerdo con la Fiscalía” o lo que él considera “tergiversaciones” e “inferencias” para incriminarle en algunas conversaciones entre los principales implicados en esa trama.

El juez Puente, sin embargo, ha entendido del documento de la UCO que “viene a profundizar los indicios de criminalidad que ya constaban” en la causa sobre que Ábalos y su antiguo asistente “pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación” de sus respectivos patrimonios, “recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión” del amaño de contratos públicos.

El exministro ha llegado a comentar en su entorno que no entiende por qué razón él tendría que incriminarse, como hizo en su momento el empresario y nexo corruptor de la trama, Víctor de Aldama, porque se ve absolutamente convencido de su inocencia. Aunque el informe de la UCO concluye que hay casi 95.000 euros de pagos a Ábalos que no le cuadran en las cuentas oficiales del PSOE, el exdirigente de ese partido arguye que esas cantidades “no son de origen desconocido” y que podrá demostrar en el futuro juicio “de dónde salen esos importes en metálico”.

Ni en el informe de la UCO ni en el auto del juez se habla de financiación irregular del PSOE ni de sobresueldos, cómo denuncian reiteradamente desde el PP. El PSOE afirma que esos abonos en metálico entregados al exministro y a su antiguo asesor fueron “en concepto de gastos justificados” y que están aprobados por el Tribunal de Cuentas.

El ex secretario de Organización del PSOE investigado sí ha transmitido contundentemente a las pocas personas con las que colabora en estos días es que no tiene pensado de ninguna manera renunciar a su escaño de diputado en el Congreso, ahora dentro del heterogéneo Grupo Mixto. Sostiene, según esas fuentes, que esa decisión le debilitaría en su nueva estrategia de defensa, que pasa a partir de ahora por ir al contraataque porque está convencido de que detrás de su caso hay “una operación política”.

Ábalos ha llegado a comentar, en ese sentido, que al final del caso se verá que ni siquiera el nivel de los desfases en los importes no justificados debidamente llegará a los casi 95.000 euros cifrados por la UCO ante el juez.

El ahora parlamentario del Grupo Mixto está convencido, también, de que el juez Leopoldo Puente del Supremo no tendrá ninguna posibilidad de decretar tras su nueva declaración judicial de esta semana su ingreso en prisión, como se ha venido especulando en estos últimos días, porque sostiene que no es tan sencillo mandar a un diputado a prisión y porque no se cumplen ninguno de los tres requisitos que ha discutido con su actual defensa: entiende que en su caso no hay riesgo de fuga por el tiempo transcurrido sin haberlo intentado en ningún momento y porque cumple cada día primero y 15 de mes con las medidas cautelares de acudir al juzgado, porque no hay posibilidad de destrucción de pruebas después de todos los registros efectuados en su domicilio y, finalmente, porque no existe posibilidad de reiteración de los delitos imputados, ante el hecho constatado de que ya no dispone de ninguno de los altos cargos que en su día mantuvo.