Partido Popular y Vox registran en Extremadura su reemplazo a la ley de memoria histórica

El PP, que gobierna en solitario Extremadura, ha consumado este jueves un acuerdo con quienes fueron sus compañeros de Ejecutivo hasta julio del año pasado en uno de los aspectos más polémicos de la agenda política: la legislación que sustituye a la ley de memoria histórica. Los grupos parlamentarios popular y de Vox en la Asamblea extremeña han registrado su propuesta de Ley de Concordia, como han dado en llamar a la normal que remplazará la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en 2019 durante el Gabinete del socialista Guillermo Fernández Vara. Los proponentes de la nueva legislación defienden que el texto registrado recoge la ampliación del reconocimiento de las víctimas desde la Segunda República, esto es: desde 1931, y a las víctimas del terrorismo de la etapa democrática, aunque en Extremadura ya está vigente una ley que ampara a estas personas. La izquierda ve en el cambio un afán de invisibilizar a determinadas víctimas, como las del colectivo LGTBI, y un primer paso a recortar derechos.

La decisión supone un giro en la postura del PP extremeño, que manifestó que no le gustaba la Ley de Concordia propuesta por Vox, aunque tampoco la norma de memoria histórica aprobada durante el Ejecutivo socialista. El acuerdo de los populares tiene como contraprestación recibir el apoyo de Vox para sacar adelante un decreto ley de medidas fiscales.

Los dos grupos de la derecha de la Asamblea consideran que la Constitución Española de 1978 supuso la consolidación no solo de un estado social y democrático de derecho, sino también la culminación de un proceso de reconciliación entre españoles que se comprometieron más con el futuro y la democracia que con el pasado. “Una reconciliación tiene su fundamentación en el reconocimiento de los errores de la sociedad de aquel entonces, en la necesidad de reparar el daño de todas las víctimas, de uno y otro bando, de reparar las injusticias y los agravios, sin causar otras injusticias y nuevos desagravios, y por eso apostamos en estos momentos por una Ley de Concordia”, recoge el texto.

Ambos partidos consideran que una ley llamada “de concordia” no debe olvidar a las víctimas del terrorismo de la Transición, aunque reconocen que Extremadura cuenta ya con la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo, pero no obstante han señalado que es necesaria la inclusión de las víctimas del terrorismo en la nueva ley.“La presente ley se erige como un testimonio de compromiso para honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta nuestros días, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales que han marcado el devenir y la identidad de nuestra nación. Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, recoge la propuesta de ley.

La nueva norma recoge que la Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas que se encuentran en paradero desconocido, con la finalidad de entregarlos a sus familiares y concederles una sepultura digna. La iniciativa del PP y Vox no deja rastro de las comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico que hubieran sido creadas con la Ley de Memoria Histórica de 2019 que decae.

Desde los grupos parlamentarios, el presidente del de Vox, Ángel Pelayo ha recordado que esta iniciativa también formaba parte del pacto de gobernabilidad firmado entre ambos grupos que permitió la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Pelayo asegura que la Ley de Memoria Histórica no contempla a todas las víctimas. Por su parte, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha expuesto que esta propuesta de nueva legislación se sostiene en los principios y valores de la Transición y de la Constitución, con el reconociendo y dignificación de todas las víctimas, incluidas las del terrorismo.

El cambio legal ha suscitado enorme descontento en la oposición de izquierdas. Los grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura han mostrado su rechazo acusando a la presidenta María Guardiola de “abrazar” a la extrema derecha. Desde estos partidos se han referido al acuerdo como “pacto de El Ventorro” en Extremadura, en referencia al restaurante donde almorzó el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, la jornada de la dana del 29 de octubre. Mazón ha alcanzado un pacto con Vox en la Comunidad Valenciana para sacar adelante sus Presupuestos a cambio de aceptar parte de la agenda de los ultras en materia de menores extranjeros no acompañados o negación del cambio climático.

Desde el PSOE, su portavoz, Piedad Álvarez, ASEGURA que María Guardiola está centrada “entre la extrema derecha y la más extrema derecha”, que es donde, aseguran, la presidenta extremeña se siente cómoda. “Esta ley no busca reparar ni reconocer a las víctimas, sino todo lo contrario, pues, invisibiliza a las víctimas LGTBI durante la dictadura y diluye e invisibiliza el sufrimiento de las víctimas”, decía Álvarez, que considera que la derogación de la Ley de Memoria Histórica es el primer paso en el camino de recortar derechos y acabar con las organizaciones que defienden a quienes son diferentes y contra los sindicatos que luchan por los derechos laborales, incluida la Ley de LGTBI.

Mientras, desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha afirmado que el PP ha hecho suya la propuesta de Vox a cambio de obtener el apoyo de esta formación política a sus medidas fiscales. “Hace dos meses el PP se opuso a la propuesta de ley de Vox, pero ahora ha tenido que apoyarla para poder sacar adelante sus medidas fiscales. A Guardiola cada vez más se le está poniendo cara del señor Mazón, comprando las tesis de la extrema derecha, con tal de agarrarse al sillón”, ha dicho De Miguel.