La jueza de la dana ordena investigar el centro de la Generalitat que envió la alerta a los móviles

Nuevo movimiento para aclarar el reguero de fallos que condujo a la mayor tragedia natural de Valencia. La jueza de Catarroja que investiga penalmente la dana que dejó 227 muertos, Nuria Ruiz Tobarra, ha puesto el foco en el cuartel general que gestionó la crisis. La instructora ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre el Cecopi, el centro de emergencias de la Generalitat que, entre otras decisiones clave, envió el tardío mensaje a móviles para informar a la población de la magnitud de la gota fría. La misiva llegó a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y es que, según la magistrada, si el botón rojo del aviso a los teléfonos se hubiera accionado antes, la cifra de víctimas mortales habría caído.

En su batería de pesquisas sobre el Cecopi, la jueza indaga dónde se hallan y qué ángulos cubren las cámaras de seguridad situadas en la entrada y el interior de este centro radicado en L’Eliana (Valencia, 19.597 habitantes). La magistrada quiere saber también qué imágenes comparten las pantallas de la instalación, analizar el sistema que garantiza la cobertura de telefonía y cómo se graban sus reuniones telemáticas. Las diligencias no son gratuitas. El Gobierno valenciano reconoció a la instructora un “parón” en la reunión en línea que celebró el Cecopi el día de la dana. Una cita que no quedó registrada ni en actas ni en vídeos.

La Guardia Civil también deberá incluir en su informe datos sobre el sistema del Cecopi que permite conocer la localización automática de las llamadas del 112, el servicio de atención telefónica de emergencias de la Generalitat. Pese a que el Gobierno de Mazón ha defendido que carecía de información sobre la magnitud de la catástrofe y, por eso, no envío antes la alerta, los operadores de esta centralita autonómica recibieron decenas de llamadas de desesperación desde las 16.40 horas de poblaciones como Chiva (Valencia, 16.750 habitantes), donde nace el barranco del Poyo.

La jueza también ha ordenado a la Guardia Civil que le informe sobre el sistema del centro de emergencias que muestra en tiempo real dónde se encuentran los aviones, helicópteros y unidades móviles que se emplean en dispositivos como el 29-0.

Entre las diligencias, destaca también reclamar a la Conselleria de Emergencias y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (AVSRE) la plantilla del Cecopi. La documentación deberá detallar tareas, formación y datos personales de los empleados que acudieron al centro de L’Eliana la jornada de la tragedia. A las 17.00 de la tarde del 29-O, arrancó un comité de crisis en este organismo en el que participaron 29 representantes de instituciones municipales, autonómicas y estatales.

La jueza también ha requerido al Cecopi que facilite documentación sobre el Plan Especial de Inundaciones y qué información sobre este asunto se envió el día de la trágica jornada a los ayuntamientos —78 municipios sufrieron la riada— y diputaciones en el radio de acción del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento desató la catástrofe. La magistrada solicita al director general de Medio Natural y Animal, que depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat, información sobre qué se hizo en este barranco la jornada de la riada.

La mayor parte de estos movimientos para desgranar el funcionamiento del Cecopi surgen a petición de Acció Cultural, que ejerce la acusación popular junto con Podemos, el PSPV-PSOE, la CGT, Vox, Ciudadanos o la asociación Liberum.

No a la declaración por videoconferencia del ex número dos de Emergencias

Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias durante la riada, deberá declarar en el juzgado. La instructora ha tumbado su solicitud de comparecer de forma telemática como imputado atendiendo a “la gravedad de los hechos” investigados, la dana que dejó 227 muertos y un reguero de destrucción. La jueza contrapone la intención inicial de este ex alto cargo del Ejecutivo de Mazón de no acudir al juzgado con el esfuerzo que están haciendo las víctimas de comparecer presencialmente. Desde que arrancó la investigación, más de 110 familiares han desfilado ante la funcionaria. “La práctica totalidad de los familiares de los fallecidos perjudicados están compareciendo presencialmente en sede judicial, pese a su grave afectación anímica, algunos de ellos con grave dificultad física se han desplazado desde otras poblaciones”, señala Ruiz Tobarra en un auto notificado este jueves. El ex número dos de Emergencias, añade la magistrada, deberá acudir al juzgado porque no existe “dificultad” ni razones de “orden público” para que no lo haga el próximo 11 de abril.

Argüeso y la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas están imputados desde el pasado 10 de marzo por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente. Ambos están pendientes de que se resuelva un recurso de apelación con el que tratan de eludir comparecer como investigados. A través de su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, Pradas se presentó en su recurso como “cabeza de turco” y Argüeso llegó a decir que actuó durante la dana “con absoluta responsabilidad y diligencia”.

En el auto de imputación de Pradas y Argüeso, que fueron destituidos por el president cuatro semanas después de la catástrofe, la magistrada abría también la puerta a la declaración voluntaria de Mazón como investigado. El barón popular rechazó la propuesta. La citación como imputado del jefe del Consell tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.