La expresidenta de Adif asegura que Ábalos le preguntó cómo se contrataba al personal en la empresa que empleó a su pareja

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif durante la etapa de José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles en el Tribunal Supremo que el entonces ministro de Transportes y quien fuera su asesor, Koldo García, le preguntaron por cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco, la empresa pública de la que la expareja de Ábalos estuvo cobrando durante un año y medio sin ir a trabajar. Fuentes del caso afirman que la ex alto cargo de Adif ha explicado también que tanto el ministro como su asesor se interesaron personalmente por dos obras públicas adjudicadas por esa empresa.

Pardo de Vera ha declarado como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos por favorecer presuntamente contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones. La investigación se originó por la contratación de mascarillas durante la emergencia sanitaria por covid-19, pero el juez pretende esclarecer también qué hay de cierto en el listado de obras supuestamente preadjudicadas a cambio de contraprestaciones que el presunto cabecilla de la trama, el empresario Víctor de Aldama, ha entregado en el Supremo. En esta parte de la investigación se enmarca la referencia que ha hecho este jueves Pardo de Vera al interés que mostraron Ábalos y García sobre dos obras adjudicadas por Adif.

Fuentes del caso señalan que la expresidenta de Adif ha contado que el exministro y su asesor le preguntaron por una obra adjudicada a Levantina, Ingeniería y Construcción SL ―una de las empresas que, según Aldama, resultó adjudicataria de contratos públicos a cambio de comisiones―; y otra de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que estaba el grupo navarro Murias ―que figura en la nota manuscrita que, según Aldama, le envió Koldo García con obras supuestamente amañadas―.

Según Pardo de Vera, Ábalos y García preguntaron por ellas alegando que habían recibido quejas de las dos empresas por un supuesto problema con los pagos. La expresidenta de Adif ha afirmado que lo comprobó, y que todo estaba correcto, y ha asegurado que no le incomodó que le preguntara el entonces ministro, pero sí que también lo hiciera su asesor. Pardo de Vera ha afirmado que vio varias veces en el ministerio con Koldo García al responsable de Levantina, José Ruz.

Respecto a la petición de consejo sobre cómo contratar personal administrativo en Ineco, Pardo de Vera ha aludido a ello a preguntas de Anticorrupción sobre el caso de Jessica R., quien fuera pareja de Ábalos y que la semana pasada admitió en el Supremo haber estado contratada 18 meses en esa empresa sin haber ido a trabajar. Según las fuentes consultadas, ella les explicó el procedimiento de contratación, habilitado en una página web, pero no hizo gestiones con Ineco (empresa dependiente de Transportes y participada por Aena, Adif y Renfe). La ex alto cargo ha afirmado que el entonces ministro y su asesor le preguntaron por cómo contratar para un puesto administrativo (el contrato de Jessica R. fue como auxiliar administrativa), pero también hicieron referencia a Joseba García, hermano de Koldo, que era licenciado en derecho. Un tiempo después, coincidió con Joseba en un acto del ministro y este le dijo que le gustaría trabajar allí en temas de seguridad, a lo que ella respondió que Adif no se podía contratar y que preguntara si había alguna vacante que se ajustara a su perfil.

La expresidenta de Adif ha asegurado también ella se quejó a Ábalos de la frecuente presencia de Aldama en el ministerio. Y, según ha dicho, tras esa queja dejó de ver al comisionista en la sede de Transportes.

Pardo de Vera ha negado haber recibido algún tipo de instrucción para que la compra de cinco millones de mascarillas por un importe de 12,5 millones de euros que realizó esta empresa se adjudicara a Soluciones de Gestión, la compañía de Aldama. La expresidenta de la empresa pública ha reiterado en el Supremo lo que ya declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando se dio a conocer el caso Koldo, y en la comisión de investigación del Senado abierta sobre este caso, donde explicó que no conocía la empresa de Aldama antes de la contratación, que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la “declaración de emergencia” del contrato en base a sus competencias.

Según fuentes del caso, el fiscal anticorrupción ha preguntado a Pardo de Vera por qué se compraron cinco millones de mascarillas si un estudio interno había cifrado en 40.000 los tapabocas necesarios. La expresidenta de Adif ha admitido no saber a qué obedeció este cambio y ha asegurado que a ella le llegó la orden del ministerio con la cifra ya cerrada.

Pardo de Vera sí ha admitido en el Supremo que había prisas por cerrar ese contrato, pero ha justificado la premura en la situación de emergencia y en la dificultad de organizar el transporte del material sanitario, para lo que se fletaban aviones y Adif, sin experiencia en estas operaciones, pretendía aprovechar los viajes gestionados por otros departamentos. Ante el juez ha asegurado también que no recuerda quién le dio el contacto de Soluciones de Gestión.

Antes que Pardo de Vera ha declarado Javier Herrero, nombrado director general de Carreteras por Ábalos en junio de 2018 y al que se le ha preguntado sobre el supuesto listado de obras preadjudicadas por la Dirección General de Carreteras a cambio de contraprestaciones. Herrero ha asegurado que nunca recibió indicaciones de Ábalos para adjudicar obras a determinadas empresas y que el entonces ministro siempre le dio total libertad para seleccionar la oferta que considerara más adecuada. Herrero, que está imputado un juzgado de Ávila en relación con una obra en esa provincia, ha afirmado que no le consta que hubiera contratos preadjudicados y que considera que si fuera así lo hubiera detectado, ya que por sus manos pasaban todos los contratos.

Su declaración ante el instructor Puente, que ha durado 20 minutos, coincide con lo que ya señaló Herrero ante la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo. Como afirmó entonces, Herrero ha asegurado que no conocía a Aldama, aunque no descarta haber coincidido con él en algún acto.

También ha declarado este miércoles Manuel Contreras, presidente del grupo Azvi, del que Aldama aseguró que había contratado a Koldo como asesor en 2023 para abrir nuevos negocios en América Latina, gracias a una relación que se habría fraguado con anterioridad y por la cual la empresa habría conseguido varios contratos de obra pública del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021. Contreras quiso querellarse contra Aldama, pero el magistrado Puente le denegó el permiso alegando que en ese momento dichas afirmaciones no estaban “mínimamente contrastadas”.

El empresario, según las fuentes consultadas, ha vuelto a negar haber pagado cualquier tipo de contraprestación por obras. Respecto a Koldo García, ha dicho que su grupo contrató en 2023 a la empresa quien había sido asesor de Ábalos para abrir mercado en Sudamérica.

El juez destaca la “potencia incriminatoria” de los indicios contra Ábalos

Al margen de las comparecencias de este miércoles, el magistrado Puente ha dictado un auto en el que rechaza levantar las medidas cautelares impuestas al exministro —retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado— porque considera que existe una “particular potencia incriminatoria” en los indicios recabados contra él y cree que, en este momento, no se puede descartar “de forma rotunda” que no intente eludir la acción de la justicia. Ábalos recurrió estas medidas ante el magistrado alegando que su condición de diputado y por su rostro “fácilmente identificable” no existe riesgo de fuga, pero Puente considera que ese riesgo existe tanto para el exministro como para los otros investigados ante la gravedad de las penas que eventualmente pudieran resultarle impuestas”.