Barcelona, Vitoria, Zaragoza y Valladolid, la avanzadilla urbana que busca erradicar sus emisiones de CO₂

Las 8.132 ciudades y pueblos españoles tienen el reto de acabar con sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Al ralentí o a gran velocidad según la ambición de sus alcaldes, la mayoría de municipios retrasan las inversiones verdes, pero otros apuestan por alcanzar cuanto antes la neutralidad climática. En este ramillete sobresalen cuatro grandes ciudades: Barcelona, Vitoria, Zaragoza y Valladolid, que hace tres años se comprometieron con la Comisión Europea a alcanzar en 2030 el objetivo cero emisiones. También lo hicieron Madrid, Valencia y Sevilla, pero su velocidad para atajar los gases de efecto invernadero es más lenta o incierta.

La capital catalana ha pasado de 3,5 millones de toneladas de CO₂ en 2019 a 2,79 millones en 2023. Es decir, cada barcelonés es responsable de la emisión de 1,6 toneladas del gas contaminante, cuando cuatro años antes estas eran 2,3 toneladas. Sin embargo, el punto de partida de Madrid era peor y hace cinco años cada madrileño emitía 3,1 toneladas de CO₂ al año, reducidas a 2,5 en 2022, según los cálculos remitidos por los consistorios a la Comisión Europea. “El objetivo parece utópico, pero siempre entendimos que había que estar a la vanguardia de la lucha climática y en el camino vamos generando soluciones. El acuerdo con la Comisión Europea no es vinculante. No es un contrato, sino un compromiso político. Y si no cumples, quedarás retratado”, advierte Ramón Canal, director del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona (PSC).

El reto es titánico y los responsables municipales consultados coinciden en que la meta de lograr cero emisiones en solo un lustro es muy improbable, pero sí es una senda para focalizarse en ese objetivo y así amarrar que se alcanzará cuanto antes. La tarea urbana para acabar con las emisiones directas e indirectas ―debidas a la energía consumida por ejemplo― comprende desde rehabilitar edificios para ahorrar energía, implicando al sector privado de la construcción; descarbonizar las fuentes de calor y de frío; generar energía renovable; electrificar por completo el transporte urbano apostando también por la movilidad activa; multiplicar las zonas verdes y reducir la producción de residuos. Los hogares son responsables del 22% de las emisiones totales de efecto invernadero en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Barcelona ya contaba con un mar que atempera el frío y el calor y una alta densidad de población, condiciones favorables para contribuir en menor medida al calentamiento global. Las emisiones en movilidad han descendido un 7% los últimos cuatro años, pero la inversión más fuerte es la destinada a la rehabilitación y eficiencia energética de edificios, cuyo 80% aportan las comunidades de vecinos. Para lograr la mejora de salud de sus vecinos, el esfuerzo inversor será de 6.963 millones hasta 2030, del cual la inversión pública copará el 29% y el 71% será músculo privado ―51% hogares y 20% empresas―, según cifras oficiales.

En la meseta norte, Valladolid (PP) ha desplegado un plan para bajar las emisiones con más peso, las de los edificios, y pretende nutrir con biomasa procedente de los montes cercanos todas las calderas que calientan los pisos en 2030. “Descarbonizaremos la calefacción de la ciudad en un 65% gracias a 200 kilómetros de tuberías y a una inversión de 200 millones. A pesar de que el cambio climático es un tema polarizado, la gente percibe que les afecta, sobre todo en su salud, aunque aún no somos conscientes del coste de vidas que supone”, subraya Ángela Rivada, coordinadora de programas europeos en el Ayuntamiento vallisoletano. La ciudad castellana partía en 2019 de las emisiones más altas por habitante, con 4,9 toneladas, reducidas en 2022 a 4,6 toneladas. Alcanzar la neutralidad climática le costará 1.534 millones, según el cálculo municipal.

El Consistorio ha creado una red de 162 entidades privadas comprometidas para erradicar sus emisiones y cuenta con 150 embajadores para la misión como ciudad, publicitada a través del equipo de fútbol Real Valladolid. “Los beneficios son a largo plazo, pero el ahorro es ve en términos de salud, energético, pero también en seguros por la bajada de riesgos”, puntualiza Rivada.

Vitoria (PSOE) persigue reducir sus emisiones en todos los sectores clave, lo que le supondrá al Ayuntamiento una inversión añadida de 1.700 millones hasta 2030, pero ese coste traerá unos ahorros en costes recurrentes de 1.633 millones y unos beneficios, como la mejora de la calidad del aire y la salud, tasados en 347 millones. Es decir, que con faros largos merece la pena la inversión. “No creo que lleguemos a la neutralidad climática en 2030, pero lo importante es acercarnos muy rápido. Quien te diga lo contrario, miente como un bellaco. Las ciudades somos un campo de experimentación para probar y correr más, así nos costará menos tiempo llegar a la meta”, valora Andrés Alonso, jefe de servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía del Consistorio vasco.

¿Qué escenario tendría Vitoria si hubiera decidido no invertir para su reconversión? “No tenemos una cifra global de los impactos climáticos, pero por ejemplo a nivel de inundaciones, por cada euro invertido tenemos un ahorro de seis euros producidos por los daños”, destaca Alonso. Zaragoza (PP) ha bajado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 8% entre 2019 y 2021, último ejercicio con cifras, cuando emitió 2,1 millones de toneladas de CO₂. El Ayuntamiento destaca proyectos como el bosque de los zaragozanos, que ha sumado 170.000 árboles y arbustivas, tanto en el espacio urbano como periurbano.

En este ramillete de ciudades comprometidas también hay ejemplos a la contra, como el protagonizado por el Ayuntamiento de Sevilla (PP), que hace un mes anunció su compra de 70 nuevos autobuses por 35 millones, de los cuales 60 serán contaminantes porque quemarán gas, y solo 10 eléctricos. Con una vida útil que ronda los 15 años, la capital andaluza demuestra cómo sus inversiones no están alineadas con el objetivo de cero emisiones. Además, la adquisición de buses a gas son hoy día una compra antieconómica realizada con fondos públicos, según ha demostrado con datos el Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio reciente de la capital catalana demuestra que el coste inicial de un autobús a gas de 306.000 euros pasa a tener un coste final tras 15 años de uso y 675.000 kilómetros acumulados de 1,4 millones, más caro incluso que el diesel, que se queda en 1,2 millones. En cambio, el bus eléctrico, con un precio medio inicial de 560.000 euros, acumula un coste total durante su vida útil de 1,15 millones, incluidos los costes energéticos, de infraestructura y mantenimiento.

El Consistorio sevillano subraya que la neutralidad climática le costará 1.642 millones, pero admite que solo el 6% serán fondos públicos (98 millones) y el resto lo fía a los “grupos de interés de la ciudad”, según un portavoz. Sin embargo, la misión municipal para acabar con las emisiones de dióxido de carbono es una completa desconocida en la ciudad y no ha habido campañas para difundirla en sus tres años de vida. El Ayuntamiento destaca los 700 puntos de recarga para coches eléctricos en las calles de la ciudad, pero solo 284 ―menos de la mitad― están activos, según confirma la distribuidora Endesa. El alcalde, José Luis Sanz, que ha rechazado pronunciarse sobre los progresos de Sevilla para descarbonizarse, preside la Red de Ciudades por el Clima, de la Federación Española de Municipios y Provincias.

“El progreso de las ciudades está monitorizado de cerca. Si hay indicadores de que una ciudad no logrará sus objetivos, los responsables de la misión ofrecerán su apoyo a la ciudad. Como último recurso, la participación de una ciudad en la misión puede ser suspendida”, advierten fuentes de la Comisión Europea. Los Ayuntamientos de Madrid y Valencia han rechazado detallar sus avances para la descarbonización a preguntas de este diario. De los 360 millones movilizados por la Comisión Europea para 100 ciudades, hasta ahora las siete españolas han recibido 29. De ellos, Madrid ha captado 11 millones, Barcelona 8,9 y Sevilla ninguno.

A las siete ciudades españolas de la Misión Ciudades se han añadido otra decena que también han elaborado planes de acción a través de la plataforma nacional citiES 2030 y que suman 10 millones de habitantes: Málaga, Gijón, Bilbao, Cartagena, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Soria, Toledo y Viladecans. “La acción de los ciudadanos y las empresas es crucial para que las ciudades alcancen los objetivos climáticos porque representan alrededor del 85% de las emisiones. Por ello, los Ayuntamientos están cerrando pactos con los empresarios y otras organizaciones comprometidas con los objetivos de descarbonización”, concluye Julio Lumbreras, coordinador de la Misión Ciudades para la Comisión, NetZeroCities, y director de la citiES 2030.