El PP pide la suspensión del mayor programa de armamento del Ejército de Tierra
Agustín Conde, ex secretario de Estado de Defensa, carga las culpas en el Congreso contra la empresa que le despidió

El portavoz del Partido Popular, Agustín Conde, ha pedido este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso “poner fin” al más importante programa de armamento del Ejército de Tierra español: el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, cuya primera fase cuesta 2.500 millones de euros. Conde, que fue secretario de Estado de Defensa con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se aplicaron los mayores recortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ha cargado contra la joya de la corona de los programas terrestres asegurando que “está siendo un fracaso” y que “no cumple ni parece que pueda cumplir nunca” los objetivos que fija la OTAN para este tipo de sistemas.
En concreto, ha asegurado que la torre “no tiene la precisión de fuego requerida y mínimamente aceptable”; que el blindado “se ha ido de tamaño y no cabe” en el avión de transporte A400M que debe transportarlo; y que “el grupo propulsor no tiene la potencia para mover ese mastodonte”. Buena parte de sus críticas se han dirigido especialmente contra la empresa Escribano, con la que tiene un agravio personal, pues le fichó como directivo pocos meses después de su salida del Ministerio de Defensa y acabó despidiéndole por considerar insatisfactorio su rendimiento.
El portavoz del PP ha pedido a Defensa que, una vez lanzada la primera fase de este programa, de 346 unidades, cancele la segunda y la tercera, con las que se debería llegar al millar de vehículos, y se encargue otro modelo a compañías diferentes a las ahora adjudicatarias. También ha insinuado que el retraso del lanzacohetes SILAM, con tecnología de la empresa israelí Elbit, se debe a la postura del Gobierno español ante la ofensiva sobre Gaza.
Conde no solo ha cargado contra este programa, sino que ha extendido sus críticas a todo el sistema de contratación del Ministerio de Defensa, al que ha acusado de “falta de transparencia, oscurantismo y abuso de poder”. Según ha dicho, las normas de contratación pública “han sido sustituidas por el dedazo, la arbitrariedad, el cabildeo y el amiguismo”.
La sesión de la Comisión de Defensa, en la que habitualmente predomina el consenso entre los dos grandes partidos, ha sido escenario de un enfrentamiento insólito entre el portavoz del PP y la número dos del ministerio. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha tachado la intervención de Conde de “vergonzosa e inaceptable”. Y le ha reprochado que se dedique a “embarrar el terreno de juego con insinuaciones, falsedades y medias verdades”.
Valcarce ha acusado al portavoz del PP de atacar la “honorabilidad” de los responsables de la contratación del ministerio, “militares en su mayoría”, y le ha pedido que retire el calificativo de “autista” dirigido al Gobierno, alegando que es indigno utilizar esta enfermedad como insulto, a lo que este ha acabado accediendo.
El intercambio dialéctico entre ambos ha llegado a la descalificación personal. “Usted no sabe nada”, le ha espetado Conde a Valcarce, mientras que esta ha considerado “difícil de entender” su intervención en un “partido de Estado”, que dio su apoyo a los últimos presupuestos del Ministerio de Defensa. “El [vehículo] 8x8 lo contrató este gobierno porque el gobierno en el que estaba usted solo aplicó recortes, se adelantó a la motosierra [del presidente argentino, Javier Milei] y hundió el presupuesto de defensa”, le ha contestado,
En su intervención inicial, la secretaria de Estado ha explicado que su departamento tiene actualmente en curso 56 programas de armamento por un importe total de 43.000 millones de euros. El 88,6% de esta factura corresponde a los 24 llamados Programas Especiales de Modernización, con un coste total de 38.134 millones, que se consideran “estratégicos”, cuentan con planes industriales liderados por empresas españolas y cuyos periodos de entrega se prolongan hasta entrada la próxima década.
Respecto al Dragón, principal objetivo de las críticas de Conde, ha subrayado que se trata de un proyecto “muy avanzado y exigente” que dotará a España de “autonomía estratégica” en este campo, al incluir un 70% de nacionalización y mantener la “autoridad de diseño”. Pese a ello, ha reconocido que “la industria tiene que hacer más” y que “no se ha cumplido el calendario de entregas”, que preveía el suministro de los 92 primeros vehículos en 2024.
En febrero pasado, ha explicado, se pusieron a disposición de Defensa las diez primeras unidades, que todavía se están sometiendo a las pruebas de calificación y certificación. Lo que no ha dicho, sin embargo, es qué penalización se ha impuesto a Tess Defence, la empresa fabricante del Dragón, por este incumplimiento de contrato. Tampoco ha explicado qué multa se aplicó ante el hecho de que los cinco demostradores encargados en 2015 no se entregaran hasta 2023, lo que obligó a encargar la fabricación de los primeros vehículos en agosto de 2020, sin que hubieran concluido los programas tecnológicos destinados a minimizar riesgos en la fase de producción.
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