El Supremo retira el pasaporte a Ábalos tras declarar por segunda vez como imputado

Pronunciando un escueto “buenos días”, el exdirigente socialista José Luis Ábalos ha atravesado este jueves de nuevo la puerta del Tribunal Supremo, adonde ha acudido a declarar por segunda vez por la supuesta trama de corrupción encabezada por Víctor de Aldama, que anidó en el Ministerio de Transportes. El ex secretario de Organización del PSOE, apartado al Grupo Mixto del Congreso, se ha presentado ante el magistrado instructor Leopoldo Puente sobre las 10.00, después de que el juez ordenase el pasado 4 de febrero que volviese a comparecer, una vez encausado ya formalmente (pues su primera citación fue voluntaria, antes de que el Parlamento aprobase el suplicatorio). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que le retiren el pasaporte, que le prohíban salir del país y que se le impongan comparecencias quincenales ante el tribunal, según varias fuentes jurídicas. Y el juez así lo ha decretado.

“Estas medidas no es solo que resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, sino que también resultan plenamente proporcionadas”, escribe el magistrado Puente en su resolución, que advierte que “persisten” los indicios de delito contra Ábalos. El instructor considera “razonables” estas restricciones “de su libertad ambulatoria” para evitar que pueda intentar “sustraerse a la acción de la justicia”, a la vez que recuerda que el político ha subrayado que “no tiene previsto, ni precisa, emprender viaje alguno al extranjero”. Paralelamente, aunque ninguna acusación se lo pidió, el juez aprovecha para avisar de que hubiera descartado el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista.

Tras el interrogatorio de Ábalos de este jueves, que ha durado poco más de media hora, el juez Puente ha celebrado una vista para estudiar las medidas cautelares al exministro —imputado por cuatro delitos (tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación)—. Al comisionista Víctor de Aldama y al antiguo asesor del político, Koldo García, el magistrado les retiró el pasaporte y les obligó a comparecer cada 15 días. La Fiscalía ha reclamado este jueves lo mismo para el parlamentario. Y eso ha aprobado el juez.

El alto tribunal considera que existen indicios de que Ábalos y su excolaborador favorecieron la concesión de contratos de compraventa de material sanitario a empresas vinculadas a Aldama, aprovechando la laxitud de los controles durante la pandemia de coronavirus. El Supremo también investiga si se adjudicaron otros contratos públicos a cambio de comisiones. Sin embargo, el ex secretario de Organización lo niega. Y, en esa misma línea de defensa, ha insistido este jueves. Según fuentes jurídicas, el político ha ratificado su declaración del pasado diciembre (cuando aseguró que era inocente) y solo ha respondido a alguna de las nuevas acusaciones vertidas contra él por Aldama. Al concluir, Ábalos ha evitado hacer declaraciones a la prensa.

Durante el interrogatorio, según fuentes jurídicas, el magistrado se ha interesado por el viaje a España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en enero de 2020 —cuando, pese a que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas—, así como sobre el terreno que figura a nombre de Ábalos en Perú. El exministro ha repetido que esa propiedad está inscrita así de forma “circunstancial”, ya que pertenece realmente a una fundación de la que era presidente. Según estas mismas fuentes, el diputado ha reiterado que su patrimonio se limita a un piso y a un local comercial en Valencia. También ha negado que participara en encuentros con “señoritas” en pisos alquilados con la aplicación Airbnb en Madrid por Aldama, como asevera el empresario. Unas de esas viviendas se encuentra en el exclusivo barrio de Salamanca: “Me extrañaría que yo anduviese por ese barrio”, ha espetado.

A lo largo de su comparecencia, Ábalos ha incidido en que, desde que fue nombrado ministro, tuvo tres fuentes de ingresos: su sueldo como miembro del Gobierno, ciertos complementos por su condición de diputado; y otras entradas de dinero por el alquiler de dos inmuebles. Según fuentes jurídicas, el político ha destacado que este flujo económico cayó tras su salida del Ejecutivo, limitándose ya a su salario de parlamentario, a lo que cobra por participar en tertulias y al arrendamiento “ocasional” de una vivienda. El exresponsable de Transportes se ha quejado de las filtraciones del sumario: “Me perturba que se filtre mi intimidad”, le ha comentado al juez, que le ha reprochado de seguido: “Pero usted concede entrevistas”.

Ábalos ha cogido este jueves el testigo de su antiguo asesor, Koldo García, que también regresó el pasado martes al Supremo. El juez Leopoldo Puente citó al excolaborador del exministro para que se sometiera a una prueba caligráfica, con el objetivo de que un perito analice después si su letra coincide con la que aparece en varios documentos entregados por Aldama y que, según el comisionista, evidencian que trataron de amañar adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Tanto el político como Koldo García han negado esas acusaciones: “No hubo ninguna comisión. Como ya he dicho muchas veces”, dijo el ex secretario de Organización del PSOE durante su primera declaración en el Supremo, en diciembre de 2024.

Las comparecencias de Ábalos y su exasesor han inaugurado una nueva batería de citaciones. El 4 de febrero, el instructor acordó acelerar el procedimiento tras el encausamiento formal del exministro —a raíz de que el Congreso aprobase el suplicatorio que permite investigarlo pese a su condición de aforado—. El juez Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indagar en su patrimonio y en el de su hijo, Víctor Ábalos, a quien ha llamado igualmente a declarar como testigo el próximo 4 de marzo.

Además de a Víctor Ábalos, el magistrado prevé interrogar a otras 16 personas entre el 25 de febrero y el 5 de marzo: entre ellas, a Jessica R. G., expareja del político; a Joseba García, hermano de Koldo García; y al empresario Claudio Rivas, que se encargó de adquirir supuestamente un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para el disfrute del exdiputado del PSOE —el exministro niega cualquier vinculación con este—.