Un juzgado ordena desalojar un poblado de migrantes en Almería donde viven nueve menores

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Almería ha ordenado el desalojo de uno de los asentamientos chabolistas donde residen migrantes en el municipio de Níjar (Almería, 31.816 habitantes). Es el último paso de un proceso que inició el propietario del terreno hace unos años y que, tras varios aplazamientos, culminará el próximo martes a las 9.40 horas, cuando está previsto el desahucio. El lugar, denominado cortijo El Uno y ubicado a las afueras de la barriada de San Isidro, acoge a unas 60 personas migrantes. Entre ellas hay nueve menores, que acuden a los centros educativos de la zona. Las organizaciones sociales han pedido que se ofrezca una alternativa a las familias que quedarán en la calle, varias de ellas empadronadas en el propio municipio, pero el Ayuntamiento ha asegurado a EL PAÍS que no intervendrá en lo que considera un “tema privado” y que no dispone de viviendas ni otros recursos para ofrecerles. Si se lleva a cabo, será el tercer asentamiento que se desaloja en los últimos dos años tras los conocidos como Walili, Megasa y El Cañaveral, los tres ya derribados y desaparecidos.

El cortijo El Uno es solo uno de la treintena de campamentos de chabolas habitados por unas 3.500 personas en el término municipal de Níjar. En su mayoría proceden de Marruecos y países del África subsahariana. Buena parte de ellos trabajan en la agricultura intensiva almeriense, tengan o no su situación administrativa regular. Ante la escasez de vivienda en la zona se han visto obligados a residir en pequeños habitáculos construidos con palés y plásticos procedentes de los invernaderos. Este asentamiento, ubicado apenas a un kilómetro al sur de la barriada de San Isidro, está compuesto por una antigua nave y se complementa con algunas infraviviendas en un descampado anexo. Según las organizaciones sociales, allí residen al menos 60 personas, casi todas procedentes de Marruecos, salvo una que es española y otra de Senegal. Algunas están empadronadas en el municipio, a pesar de las dificultades que suelen tener para conseguirlo. “Hay varias familias con nueve menores, el más pequeño de dos años. Todos están escolarizados y van al colegio más cercano, salvo una chica que ya va a al instituto”, relata María Ruiz-Clavijo, del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), que lleva meses trabajando en buscar alternativas a quienes se prevé sean desalojados la semana que viene.

Fuentes judiciales explican que la sentencia de desalojo tiene fecha de febrero de 2024. Fue dictada entonces, pero se había suspendido posteriormente. De hecho, los residentes del cortijo tuvieron ya en julio del año pasado una notificación de que iban a ser desahuciados, que se aplazó. Sin embargo, el juzgado de primera instancia número 1 de Almería ha decidido finalmente ejecutar la sentencia y ha previsto el lanzamiento de la orden de desalojo el próximo martes 25 de febrero a las 9.40 horas con “cuantas actuaciones se estimen oportunas para ello”. El documento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que en la finca hay una granja garaje, un almacén y una docena de chiqueras. Y pide que los moradores la abandonen voluntariamente aunque no tengan otro techo. La Subdelegación del Gobierno no ha precisado por el momento si ha solicitado la intervención de Guardia Civil u otros medios para la intervención.

“Un caso muy grave”

“Los residentes, que trabajan en los alrededores, llevan meses buscando vivienda. Pero no hay nada para alquilar, no tienen opciones y se van a quedar en la calle”, advierte Ruiz-Clavijo. “Los niños también, claro. Y eso no es ninguna broma”, recalca la jesuita. Fuentes de la mesa del Tercer Sector, que reúne a varias entidades sociales que trabajan en la zona, esperan entrevistarse este jueves con el Defensor del Menor para analizar la situación. También, mientras planean posibles movilizaciones, estudian si las últimas medidas aprobadas hace una semana en el último decreto ómnibus por el Congreso de los Diputados puede afectar a la situación, ya que el texto recogía que quedarían prohibidos, hasta diciembre de 2025, los desahucios a las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El SJM espera poder acoger a alguno de los desalojados en un cortijo que gestionan desde el verano pasado en la localidad de Pueblo Blanco —denominado Casa Arrupe, y donde ya viven otras personas procedentes de distintos asentamientos— aunque no tienen hueco para más. También Almería Acoge espera poder recibir a seis en uno de sus alojamientos temporales. “Pero es claramente insuficiente. Y es un caso muy grave porque hay familias a las que el Ayuntamiento debe dar respuesta”, insiste Juan Miralles, director de esta ONG, que este mismo miércoles tiene un equipo desplazado al Cortijo El Uno para conocer más de cerca a cada persona de las que viven allí y buscar opciones. De momento, una de ellas ha declarado que se traslada a Murcia porque ha encontrado trabajo como electricista y otra familia ha buscado hueco en casa de unos conocidos. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Níjar, Ángeles Góngora, afirma que el desalojo del cortijo El Uno “es un tema privado” que está “judicializado desde hace mucho tiempo, notificado con mucho tiempo a todos los moradores” y que, por tanto, el municipio “no interviene”. Ante la posibilidad de dar alternativas a los residentes del asentamiento, la respuesta es clara: “El Ayuntamiento no dispone de viviendas”. La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha confirmado a EFE que no han recibido solicitud de ayuda por parte del Consistorio nijareño.

Las organizaciones sociales recuerdan que en la zona de Los Grillos, muy cerca de San Isidro, el consistorio dispone de 72 viviendas que pueden acoger a casi 200 personas y llevan meses completamente equipadas. A pesar de ello, están cerradas y sin utilizar a la espera de terminar su vallado perimetral, la pavimentación exterior y encontrar una empresa o entidad que lo gestione. “Las han prometido muchas veces y ahí siguen clausuradas. La agilidad de respuesta de la administración nos tiene desconcertados”, lamenta Miralles, que recuerda que estos pisos eran la principal alternativa para quienes residían en el asentamiento conocido como Walili, que se desalojó hace ya dos años.

El Ayuntamiento de Níjar añade que estos “alojamientos transitorios para temporeros” están pendientes de una cesión para que sean gestionados por una entidad y que, de momento, no tienen ni luz ni agua, ya que ese trámite dependerá de dicha organización. También subrayan que están sujetos al Plan de Erradicación del Chabolismo impulsado en el ámbito municipal en verano pasado y que, para este año, aún no cuenta con presupuesto. Los 200.000 euros que disponía en 2024 se emplearon, en su mayoría, para derribar chabolas. El pasado verano también se derribó El Cañaveral, pero sus residentes fueron alojados en viviendas gestionadas por el SJM y propiedad de la sociedad inmobiliaria TûTecho, sin intervención municipal.