El PP y la derecha judicial lanzan una ofensiva insólita contra el Constitucional

Nunca un órgano clave del Estado de derecho en España fue tan vapuleado desde la trinchera de la política. El Tribunal Constitucional nunca recibió en sus casi 45 años de funcionamiento tantos ataques y tan virulentos.

El PP recurre sentencias del Tribunal Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, descalifica al órgano de garantías acusándole de manosear sentencias del Supremo y de servir al PSOE. Asociaciones ultraderechistas se querellan contra los magistrados del bloque progresista del Constitucional mientras jueces y fiscales propagan descalificaciones contra el órgano de garantías en actos públicos del partido conservador.

La derecha política y judicial ha emprendido una cacería inaudita contra la mayoría progresista (siete de los 12 magistrados) que domina desde hace dos años el Constitucional.

El fiasco de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) al no encontrar más aliados que Vox para su candidatura a presidente y el pacto del socialista Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para mantener el Gobierno a cambio de la Ley de Amnistía, despreciada por inconstitucional en su anterior mandato, ha desencadenado una atronadora refriega en el campo de juego de la justicia.

La ofensiva del PP y la derecha judicial para desprestigiar al Constitucional se ha reactivado ahora cuando el Tribunal se dispone a resolver una veintena de recursos contra la Ley de Amnistía.

Lo sucedido hace sólo un año pareció un resbalón imprudente de Esteban González Pons, encargado de marcar las estrategias del PP sobre el mundo judicial. “El cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido (…)”, declaró entontes González Pons. Se disculpó pronto por su feroz invectiva pero el ataque conservador se recrudece ahora para intentar deslegitimar las decisiones del Constitucional.

Al Tribunal Superior de Justicia de la UE por anular condenas del Supremo en el ‘caso de los ERE’. La derecha judicial, mayoritaria en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acogió con desagrado la sentencia del Constitucional que anulaba las condenas por malversación a varios exdirigentes socialistas andaluces en el fraude masivo de los ERE. Un magistrado conservador expresó así su malestar a EL PAÍS: “El Constitucional ha desbordado su jurisdicción como órgano de garantías para poder anular nuestra sentencia. Se extralimitó en sus funciones e invadió las competencias del Supremo, a quien corresponde en exclusiva la interpretación de los tipos penales”.

La condena de los ERE fue apoyada por una mayoría ajustada en el Supremo (tres a dos), con unos votos particulares que cuestionaban la pena de seis años de cárcel al expresidente José Antonio Griñán (PSOE) por malversar unos fondos públicos que nunca pasaron ni por sus manos ni por su área de Gobierno. Algunos prestigiosos catedráticos de Derecho Penal, como Gonzalo Quintero Olivares, escribieron contra el fallo: “Las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Supremo “inventan” una especie de “acto administrativo presupuestario” (concepto jurídicamente inexistente) que luego transforman en “acto prevaricador”, todo claramente al margen del derecho penal, infringiendo abiertamente el principio de legalidad (…). [Sobre la malversación] la Audiencia Provincial y el Supremo insertan otro argumento carente de base jurídica: la Consejería de Economía y Hacienda [que dirigió Griñán] tenía el deber de controlar a las demás consejerías y el modo en que ejecutaban sus respectivas partidas presupuestarias. Ese deber, por supuesto, no existe pues la citada consejería no es un “órgano de control”, y así lo reconoce la sentencia”.

El fondo del asunto no importaba en la ruidosa campaña que el PP y la ultraderecha emprendieron contra el Constitucional a raíz de esta sentencia. Dos de las asociaciones más activas de la ultraderecha, Hazte Oír y Manos Limpias, se querellaron ante el Supremo contra los siete magistrados progresistas del Constitucional que votaron la sentencia de los ERE.

El Supremo inadmitió la querella y recordó que la Ley establece que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”. Pero los cinco magistrados firmantes del auto dejaron un aviso: “Ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que pueden desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el derecho”. Los magistrados del Supremo enjuiciaron al Constitucional en la sentencia sobre las ERE al concluir que en la actuación de los magistrados no hubo prevaricación ni se produjo una “radical y nuda arbitrariedad”. Un magistrado del Constitucional, preocupado por el “pellizco” del Supremo, recordó que el Tribunal puede activar el artículo 4.3 de la Ley que lo regula para anular resoluciones de otros órganos que contravengan la prohibición legal de enjuiciar sus sentencias.

El choque de trenes entre el Supremo y el Constitucional se quedó en conato. No era la primera vez que una sentencia tensa las relaciones entre ambos tribunales. El Constitucional anuló en 1999 la sentencia del Supremo que condenó a siete años de cárcel a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por entender que la pena mínima fijada en la Ley —seis años— era desproporcionada a la conducta sancionada, la difusión de un vídeo de ETA en periodo electoral. El presidente del Supremo, Javier Delgado, elegido años después magistrado del Constitucional a propuesta del PP, expresó entonces su “más completo respeto” hacia la sentencia.

El Constitucional anuló en 2011 por seis votos a cinco el fallo del Supremo que impedía a Bildu presentarse a las elecciones. El PP manifestó su “respeto por la decisión”, aunque lamentó “profundamente que las pruebas que convencieron al Supremo de que Bildu era una estrategia diseñada por ETA no hayan convencido a una exigua mayoría del Tribunal”.

Aquellos eran otros tiempos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no respeta ahora algunos pronunciamientos del Constitucional y avisa a los magistrados progresistas: “Empezamos a acostumbrarnos a una práctica jurídica muy perniciosa y es que el Constitucional entra en el fondo y ejerce de un tribunal jurisdiccional más, lo hemos visto con la sentencia de los ERE que mi partido ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Yo espero y deseo que el Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garantía de un estado de derecho pleno en España (…) Todos los ciudadanos están sometidos a la Ley y el hecho de ser miembro del Constitucional no significa que no se pueda delinquir. Una resolución injusta a sabiendas es una prevaricación”, declaró hace unos días en la cadena Cope.

El partido de Feijóo anunció también una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Constitucional por “incumplir la legislación europea para servir a Sánchez”. El PP presentó la demanda contra la sentencia del Constitucional favorable a la reforma legal exprés que permitió su propia renovación, bloqueada por el veto del PP a elegir un nuevo Poder Judicial.

Ninguneo de jueces y fiscales al Constitucional. La decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco (presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura), o el fiscal de Sala del Supremo, José Miguel de la Rosa, intervinieron el pasado lunes en un acto del PP contra la iniciativa legislativa del PSOE para limitar el ejercicio de la acusación popular en España.

De la Rosa descalificó al Constitucional por admitir a trámite un recurso de dos fiscales, Dolores Delgado y Eduardo Esteban, contra la decisión del Supremo de anular sus nombramientos: “El Tribunal que debe defender la Constitución ya ha dictado una primera resolución absolutamente cuestionable al apreciar trascendencia constitucional en un recurso de amparo que carece de ella. La anulación de la sentencia sobre el nombramiento de la fiscalía será demoledora para una institución clave en nuestro estado de Derecho (…) Esperemos que triunfe la sensatez… creo que no va a triunfar. ¿Cómo tener confianza en un Tribunal Constitucional en el que se ha colocado a un exministro y a una asesora de un ministerio? La apariencia de imparcialidad está bajo mínimos y con esta resolución puede quedar aún más erosionada”. La jueza María Jesús del Barco anticipó en su intervención que el Constitucional rechazará los recursos contra la Ley de Amnistía: “Aunque la sentencia del Constitucional diga lo contrario, yo lo digo y lo asumo, es una Ley inconstitucional”. Del Barco sostuvo que el Estado de Derecho en España está en grave riesgo por las leyes que impulsa el Ejecutivo: “Aquí hay algo muy gordo”, proclamó. “A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervención de Europa. España sigue siendo un país fuerte que en Europa importa además por determinados intereses económicos y eso, me temo, es lo que hace que no se produzca una intervención en defensa de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia”. El PP ovacionó a Del Barco y a De la Rosa. El dictámen de la comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, desaconseja expresamente este tipo de declaraciones de jueces en activo.

La recusación de Macías que combate el partido que lo designó magistrado. El PP designó a José María Macías para ocupar la plaza vacante por enfermedad que dejó el magistrado Alfredo Montoya en el Constitucional. Macías fue antes el vocal conservador del Consejo del Poder Judicial más activo en la descalificación de las políticas de Pedro Sánchez. La Fiscalía General del Estado le recusó en la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo contra la Ley de Amnistía porque Macías había votado como vocal del Poder Judicial un informe que consideraba inconstitucional la proposición de Ley de amnistía. El documento llegó al Senado, donde el PP lo usó como soporte técnico de la propuesta de veto que aprobó la cámara alta el 14 de mayo de 2024. Estos hechos, según el Constitucional, provocaron una “perdida objetiva de imparcialidad”, lo que motivó que se apartase a Macías de los 21 recursos vivos contra la Ley: 14 de comunidades (13 gobernadas por el PP más Castilla-La Mancha); uno de senadores y diputados del PP; una cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una más de la Audiencia Provincial de Madrid. Macías evitó abstenerse como sí lo hizo el magistrado Juan Carlos Campo porque como ministro de Justicia elaboró informes para justificar los indultos a los condenados del Procés en los que defendió una misma idea: “A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito”.

Feijóo consideró “injusta” la recusación de Macías. Las comunidades del PP impugnaron la decisión por “irregular y arbitraria”. Pero resulta que el PP recusó en 2007 al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps en su recurso contra el Estatuto de Cataluña por motivos parecidos a los que afectan a Macías. La razón que apartó a Pérez Tremps fue elaborar en 2003 como catedrático y por encargo de la Generalitat un dictamen “sobre el objeto del pleito”. Aquella recusación alteró las mayorías del Constitucional. El pleno, integrado por seis magistrados elegidos a propuesta del PP y cinco del PSOE, tardó cuatro años en dictar una sentencia que estimó parcialmente el recurso: declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatuto.

Cuatro años de sentencias discutidas: una historia reciente plagada de votos particulares

Un estado de alarma inconstitucional

Un decreto para contener la propagación de infecciones 
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó de urgencia en marzo de 2020 un decreto que declaraba el estado de alarma para imponer medidas muy restrictivas a los ciudadanos y evitar la propagación del virus. Un tribunal constitucional con mayoría absoluta de magistrados elegidos a propuesta del PP consideró inconstitucional, por seis votos frente a cinco, uno de los artículos del decreto al considerar que ese tipo de medidas solo podía aplicarse mediante el estado de excepción y no de alarma.

Suspendida una tramitación parlamentaria

Una reforma legal exprés para desbloquear el Poder Judicial y el Constitucional
Los seis magistrados conservadores del Tribunal Constitucional impidieron por primera vez en la historia del parlamentarismo español la suspensión de una votación en el Senado sobre la reforma legal que forzaba la renovación del Poder Judicial, bloqueada durante años por el PP, y del Tribunal Constitucional. El PP había recurrido ante el Constitucional pidiendo la suspensión de la tramitación parlamentaria.

Aval a la Ley del aborto 13 años después

Derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras 14 semanas
Trece años después de que el PP recurriera la Ley de plazos del aborto ante el Tribunal Constitucional, este órgano resolvió el 9 de mayo de 2023 rechazar la impugnación y apoyar el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la continuación de su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La sentencia se aprobó con la mayoría absoluta de magistrados progresistas y el voto discrepante de cuatro magistrados conservadores.

Condena anulada al diputado que perdió su escaño

De mes y medio de cárcel a una multa de 540 euros
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez fue condenado a ocho meses de cárcel por el Tribunal Supremo, lo que motivó que perdiera su escaño. Rodríguez recurrió en amparo al Constitucional su condena por atentado a agentes de la autoridad y el Tribunal, con los votos particulares de cuatro magistrados elegidos a propuesta del PP, resolvió anular la pena de un mes y medio de cárcel y sustituirla por la de multa de 90 días con cuota diaria de seis euros.

Unanimidad en apoyo a menores inmigrantes

Los magistrados avalan una ley gallega impugnada por el Gobierno y rechazan un acuerdo canario
La unanimidad se impone en muchos de los fallos del Tribunal Constitucional. En los últimos meses, se han desestimado impugnaciones del Gobierno contra leyes autonómicas, como la del Litoral de Galicia de 2023 o la Ley de medidas fiscales de La Rioja. En los últimos días, el Constitucional también anuló un acuerdo del Gobierno canario y le obligó a dar asistencia social y protección a los menores migrantes no acompañados que llegan a España.