El Constitucional intenta evitar dilaciones en la tramitación de los recursos contra la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional ha decidido evitar en lo posible lo que su sector mayoritario considera una estrategia dilatoria contra las sentencias pendientes sobre los recursos, mayoritariamente de las comunidades gobernadas por el PP, contra la ley de amnistía. La mayoría progresista en el órgano de garantías (7 de los 12 magistrados) no va a detener los trabajos para la ponencia del primero de estos fallos, el relativo al recurso presentado por el PP, a pesar de que se han presentado nuevas impugnaciones contra el auto que dejó fuera de las deliberaciones sobre dicha ley al magistrado José Mario Macías por falta de imparcialidad. Macías apoyó como vocal del Poder Judicial, donde intervino como principal ariete del grupo conservador contra el Gobierno, un informe contrario a la ley de amnistía que luego el PP ha tomado como base de su recurso.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha designado nueva ponente de la futura sentencia a la vicepresidenta del órgano de garantías, Inmaculada Montalbán, en sustitución del recusado Macías. Montalbán, perteneciente al bloque progresista, se hace cargo de esta ponencia en aplicación del turno previsto para los relevos, y estará al frente de un equipo de seis letrados del tribunal, todos ellos elegidos por la mayoría progresista. El propósito de estas decisiones es que exista un primer proyecto de sentencia en un plazo de tres meses.

Estos planes solo podrían alterarse si llega antes la ponencia de sentencia en relación con la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. Esta ponencia está en manos del magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador del tribunal. Si su proyecto de fallo se termina antes que el relativo al recurso del PP, se debatirá en primer lugar en el pleno. Ahora bien, fuentes del sector progresista estiman que sería más conveniente empezar por la impugnación de los populares, porque afecta a más aspectos de la ley. De este modo, la resolución que se dicte sería de las que en la jerga del tribunal se conocen como sentencias de cabecera, cuya doctrina se aplica luego directamente a los siguientes fallos sobre la misma materia, facilitando en suma el trabajo del órgano de garantías.

Las mismas fuentes indican que la constitución del citado equipo de letrados debe permitir que en un trimestre estén elaboradas las respuestas a todas las objeciones que el PP presentó frente a la ley de amnistía para cuestionar su constitucionalidad. Tras la entrega de una serie de borradores sobre cada motivo de supuesta inconstitucionalidad de la ley “hará falta más tiempo para estudiarlos, corregirlos y deliberarlos, todo bajo el control de la nueva ponente”, se subraya en dichas fuentes. El propósito del grupo mayoritario del tribunal es que en mayo o junio próximos se haya podido dictar la primera sentencia sobre la ley de amnistía.

Los recursos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la decisión de apartar al magistrado Macías de los fallos sobre la amnistía no supondrán un freno para este proceso. Aparte de la presentada por el PP, hasta este jueves habían llegado al tribunal las impugnaciones de Madrid, Galicia y Baleares, a las que se unieron a lo largo del día las de Extremadura y la Comunidad Valenciana. El Constitucional ha sido informado de que al final se presentarán quince recursos, es decir, los de todos los órganos de gobierno o Parlamentos autonómicos populares que impugnaron la ley.

Cabía la posibilidad de que se contestara a los recursos separadamente, uno por uno, pero la decisión del sector mayoritario es evitar nuevas dilaciones. Dado que todas las impugnaciones se refieren a la misma resolución —en una iniciativa que el tribunal considera previamente concertada—, el propósito del Constitucional es “acumular todos los recursos y tramitarlos conjuntamente, dando traslado de cada uno a los demás recurrentes, para que todos puedan efectuar las alegaciones que estimen pertinentes”. Con toda probabilidad, por tanto, la resolución de todas estas impugnaciones se llevará a cabo mediante un solo auto, del que también será ponente la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán.

Las mencionadas fuentes del sector progresista no consideran casual, por otra parte, que los recursos de las comunidades gobernadas por el PP, y el del grupo parlamentario popular, contengan en líneas generales los argumentos de los magistrados del bloque conservador del tribunal. En esencia, los votos discrepantes de este grupo se basaron en que las comunidades recurrentes no han tenido oportunidad de formular alegaciones sobre la exclusión de Macías, cuando no le recusaron. Al igual que el PP, dichas comunidades exponen que el citado magistrado tampoco ha podido oponerse a su recusación analizando los motivos expuestos en cada recurso, ya que la decisión de excluirle en un primer asunto —el de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo— se extendió automáticamente al resto de procedimientos. El tribunal estimó por seis votos a cuatro —los del grupo progresista y los del sector conservador, respectivamente— que las tajantes opiniones de Macías sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, expuestas en su cargo anterior de vocal del Consejo Poder Judicial, constituían una causa objetiva para apreciar su falta de imparcialidad.