Ábalos denuncia a la Guardia Civil por espionaje ilegal

José Luis Ábalos ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haber cometido un presunto delito de “intervención ilegal de las comunicaciones”, es decir de espionaje ilegal, a Pedro Sánchez y al entonces ministro de Fomento. La razón que esgrime es el acceso, siendo ambos aforados, a un mensaje de WhatsApp “que fue interceptado por la UCO” entre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE con el presidente del Gobierno “en el cual al parecer se advierte” de la llegada a España en enero de 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El Congreso retiró la semana pasada por unanimidad la inmunidad a Ábalos para que pueda ser investigado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo.

“Es mi deseo poner en conocimiento de esta autoridad policial estos hechos que considero muy graves, toda vez que desde el año 2020 (enero) se intervinieron unas comunicaciones vía WhatsApp entre dos autoridades (...) y por ende dos aforados, que para intervenir dichas comunicaciones por parte de la Autoridad Central Operativa de la Guardia Civil debieron de solicitar el correspondiente mandamiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, motivándolo porque deberían de entender que tanto el Sr. Sánchez como yo nos encontrábamos inmersos en la comisión de un ilícito penal”, afirma Ábalos en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que presentó el 28 de enero ante la Jefatura Superior de Madrid.

El Instituto Armado no obtuvo la información por una intervención del teléfono de Ábalos: lo hizo por el seguimiento al móvil de Koldo García, el asesor de confianza de Ábalos en sus tres años en el Ministerio y que da nombre a la presunta trama de corrupción, al que el exministro reenvió un pantallazo de parte de una conversación que mantuvo con el presidente del Gobierno. Así consta en un informe de la UCO del pasado octubre. Según los investigadores, Ábalos tenía previsto reunirse en su despacho con Rodríguez durante su viaje frustrado a España.

Los mensajes recabados por el Instituto Armado constatan que el ministro mintió al presidente del Gobierno sobre las razones de la visita de la vicepresidenta de Venezuela. Pese a que la dirigente chavista tenía prohibida su entrada en España por un acuerdo del Consejo de la Unión Europea, Víctor de Aldama, que habría sido una pieza clave en la presunta trama del caso Koldo, preparó para ella una agenda de cuatro días en Madrid que incluía varios encuentros con empresarios españoles y una reunión con Ábalos en su despacho. El cruce de mensajes dejaba constancia de que Ábalos informó brevemente de la visita al presidente del Gobierno pero no fue claro sobre las razones del viaje. Tras informarle de otro asunto referido a Aena, Ábalos añadía en un mensaje a Sánchez tres días antes de la fecha prevista para la llegada de la política venezolana: “Para terminar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en viaje privado el próximo lunes y quiere verme discretamente. La gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante”. Sánchez respondió: “Bien”. Fuentes de La Moncloa negaron cuando se conoció ese informe de la UCO que el presidente autorizara la visita y afirmaron que, cuando el Gobierno se dio cuenta de que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la UE, el viaje se canceló.

“Me parece de tal gravedad que los miembros de un Gobierno estén siendo espiados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, y concretamente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al objeto de abrir una investigación que en enero de 2020, al menos que tenga conocimiento, no estaba ordenada por ningún órgano judicial y mucho menos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados y miembros del Gobierno de España”, insiste Ábalos en su denuncia. Y destaca que “estas circunstancias de intervención de las comunicaciones” aparecen recogidas en el diario de sesiones del Senado del pasado 21 de noviembre, “por lo que se da por sentado la comisión del ilícito penal”. Con esos argumentos, solicita a la Policía Nacional que proceda a investigar “esta actuación irregular e ilícita en un Estado de Derecho democrático”.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, dictó el 18 de diciembre un auto en el que pedía permiso al Congreso para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra él “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El juez justificó su petición en que había “llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos que requería la autorización de la Cámara para proseguir con la investigación.

A raíz de esa petición, el pleno del Congreso aprobó por 345 votos a favor, ninguno en contra y la ausencia del afectado conceder el suplicatorio, necesario para suspender la inmunidad por su condición de aforado, del número tres del PSOE y hombre fuerte del Gobierno en los primeros años de mandato de Sánchez en La Moncloa hasta su caída abrupta, y sin explicaciones, en la remodelación del Ejecutivo de julio de 2021. Ábalos fue expulsado del grupo socialista y suspendido cautelarmente de militancia tras negarse a entregar el acta cuando el caso Koldo estalló el escándalo hace un año. Desde entonces forma parte del grupo mixto.

Denuncia ampliada

El exministro amplió el miércoles su denuncia por el operativo de la Guardia Civil “destinado a interceptar una documentación” que según Ábalos el entonces subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez —cesado tras su imputación en el caso Koldo—, le pidió a Koldo García que se la hiciera llegar al ya exministro. En ese momento, García estaba siendo investigado bajo secreto de sumario y tenía las comunicaciones intervenidas. Koldo encargó a su hermano Joseba que se la llevara Ábalos a Valencia y fue interceptado en la AP-7 por una patrulla del Grupo de Reacción Rápida del Instituto Armado, que fotografió la documentación, que según la UCO constaba de tres documentos “directamente relacionados con la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión”. Detrás de esta compañía se encontraban presuntamente los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, con el propósito de conseguir adjudicaciones de forma ilícita de las Administraciones Públicas durante la pandemia. La firma fue adjudicataria en 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

“La Guardia Civil establece un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del Gobierno dirigido a un diputado del Congreso de los Diputados que a la vez, en ese momento, era presidente de la Comisión de Interior. Si ya de por sí estamos ante un presunto delito de interceptación de correspondencia (...), ello se agrava en la medida en que afecta a un diputado aforado que ve de este modo perturbada su representación popular”, alega el exdirigente del PSOE. Ábalos sostiene además que la identificación de su vehículo particular tras hacerle la entrega Joseba García en su domicilio, “averiguando la titularidad del mismo tomando nota de la matrícula, lo cual es un ejemplo de vigilancia sobre mi persona y de consulta en fuentes de datos sobre mi persona”.

“Además de este hecho, hay otras evidencias que acreditarían una investigación sin amparo judicial contra mi persona”, sostiene Ábalos, que pone como ejemplo un informe de la UCO de enero de 2023 en el que “se exponen toda una serie de alojamientos y estancias” en su condición como ministro, “detalles de viajes privados” y consultas al Registro de la Propiedad para identificar la titularidad de un inmueble. Ábalos subraya que el escolta Rubén de Aldama, hermano del empresario y comisionista Víctor de Aldama investigado en la trama, “no estaba siendo investigado y sin embargo es utilizado como excusa para investigar en las bases de datos” sus alojamientos y desplazamientos.

Ábalos sostiene en sus recursos ante el Parlamento y el Supremo que es inocente y que es víctima de una persecución policial y judicial cuyo propósito último es derribar al Gobierno. “No he firmado nunca ningún modificado o adjudicación”, defendió en su declaración a mediados de diciembre en el Supremo. Un mes después, el exministro alegó sin éxito en su comparecencia para reclamar amparo en la comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso que se le había practicado una “investigación prospectiva” con todo tipo de irregularidades para someterle a una “cacería política” con el objetivo de dañarle a él, a su expartido y al Gobierno. Ábalos no convenció a los diputados de los diferentes partidos, incluidos sus excompañeros del PSOE, de que se le había practicado una “investigación prospectiva”. La comisión del Estatuto desestimó sus alegaciones y elevó al pleno el suplicatorio para que se le investigue en el caso Koldo.