La falta de presupuesto dificulta cumplir los compromisos de España con la OTAN

Pedro Sánchez recibirá este lunes en La Moncloa al nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente español y el político holandés son dos viejos conocidos ya que, hasta julio del año pasado, Rutte fue primer ministro de los Países Bajos. La novedad radica en que el verdadero protagonista de la reunión será un tercero ausente: el flamante inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

La semana pasada, en su intervención por videoconferencia ante el Foro de Davos, Trump reiteró su exigencia de que los aliados europeos eleven su gasto militar hasta el 5% del PIB, muy por encima del 2% acordado en la cumbre de la OTAN de Gales, en 2014. Rutte ―que voló a Florida a finales de noviembre para reunirse con Trump antes de que tomara posesión del cargo— no ha ido tan lejos como el flamante presidente estadounidense, pero ha advertido que los países europeos deben elevar su inversión en defensa por encima del 3% o empezar a “aprender ruso”.

Ante la renovada presión de Trump para que los países europeos aumenten su gasto militar ―ya hizo de este asunto uno de los caballos de batalla de su primer mandato, entre 2017 y 2021— todas las miradas se dirigen a España, farolillo rojo de la OTAN en este capítulo. El pasado lunes, nada más tomar posesión del Despacho Oval, a preguntas de un periodista, confundió a España con uno de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), el club de las potencias emergentes. En lo que no se equivocó fue al decir que el presupuesto español en Defensa es “muy bajo”, proporcionalmente hablando.

Según las estadísticas de la OTAN, España fue en 2024 el que menos porcentaje de su PIB dedicó al gasto militar (el 1,28%) entre los 31 países aliados. Y uno de los ocho que aún no alcanzan el listón del 2%, que debía haberse cumplido el año pasado. El Gobierno español ha reiterado su compromiso de llegar al 2% y en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, puso 2029 como horizonte. Pero fuentes gubernamentales admiten que es muy difícil que se cumpla este objetivo, muy por debajo del 5% marcado por Trump (que ni siquiera cumple EE UU), e incluso del 3% de Rutte (que solo superan cinco aliados).

Con 19.723 millones de euros en 2024, España debería aumentar su gasto en defensa en más de 10.600 millones, a precios constantes del año pasado, para llegar al 2%. El problema, admiten fuentes gubernamentales, es que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es posible un aumento de esa envergadura y hay que contentarse con rebañar los márgenes que deja la prórroga presupuestaria que ya se produjo el año pasado y es muy probable que se repita este. A ello se suma, señalan las mismas fuentes, el efecto adverso que, paradójicamente, tiene la buena marcha de la economía española. Mientras más crezca el PIB, más dinero supone cada punto del mismo; y el PIB español creció por encima del 3% el año pasado, a la cabeza de los países desarrollados.

Frente al dedo acusador de Trump, con quien Sánchez se verá probablemente por primera vez en la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya (Países Bajos), el próximo 24 de junio, el Gobierno español aduce que España es el 10º país de la OTAN con mayor gasto militar en términos absolutos y que cumple con creces el otro parámetro fijado en la cumbre de Gales, dedicar el 20% del presupuesto de defensa a equipamiento, ya que destina a ello más del 30%. En euros constantes, el gasto militar español ha crecido un 67% en la última década.

Pero el argumento de más peso es que España no es un consumidor de seguridad sino un contribuyente neto: alrededor del 70% de los más de 3.500 soldados españoles desplegados en 17 misiones en el exterior están bajo bandera de la OTAN. Aunque los países del Este de Europa pueden presumir de dedicar más del 2% de su PIB a Defensa, es España la que les da seguridad, con casi 1.500 militares desplegados en las repúblicas bálticas, Eslovaquia (donde un general español manda la brigada multinacional) o Rumania. Y no a la inversa. Algunos de los socios de la OTAN que más gastan en defensa, como Grecia y Turquía, lo hacen mirando sobre todo a su vecino, aliado en este caso, y participan en las misiones conjuntas mucho menos que España, que está en casi todas. Una de las escasas excepciones es la Operación Centinela, que la OTAN planea poner en marcha para disuadir los sabotajes a los cables submarinos que cruzan el Báltico, cuya autoría se atribuye a Rusia; en la que de momento España no se plantea participar.

A ello se suma el apoyo a Ucrania, con la que España firmó un acuerdo bilateral para suministrarle armamento por 1.000 millones de euros (una batería antiaérea Hawk, misiles Patriot, carros de combate Leopard, armamento ligero y abundante munición, entre otro material), además de instruir a unos 6.500 militares ucranios. La ministra de Defensa, Margarita Robles, abre incluso la puerta a desplegar soldados españoles en Ucrania, siempre que sea con el objetivo de vigilar el cumplimiento de un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

A la contribución de las Fuerzas Armadas españolas se suma el papel de Rota (Cádiz). La base aeronaval gaditana alberga cinco destructores estadounidenses de última generación, a los que se sumará un sexto el año próximo. Aunque esa presencia tenga efectos disuasorios, su misión no es defender el territorio español, sino aportar el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN, desplegado en el Este; así como servir a la estrategia de Washington en Oriente Próximo, un papel que ya han jugado en las guerras de Siria y Gaza.

Lo cierto, según la mayoría de los expertos, es que, al contrario de lo que sucede con otros países del centro de Europa, Trump no puede quejarse de que el contribuyente estadounidense esté financiando con sus impuestos la seguridad de España, salvo en la medida en que lo hace para el conjunto de la Alianza Atlántica.

Tampoco Trump puede acusar a España de tratar “muy injustamente” a los productos estadounidenses, como dijo de Europa en Davos. Mientras que la relación comercial con la UE es deficitaria para Estados Unidos, no lo es con España, con quien tiene un superávit en la balanza comercial bilateral que puede acentuarse si aumentan aún más las importaciones de gas natural licuado (GNL).

Todo ello no impedirá que se multipliquen las presiones para que España gaste más en defensa y que una parte de ese aumento se dedique a compras de material estadounidense. Sobre la mesa de Robles está la adquisición de aviones de combate estadounidenses F-35 para sustituir a los Harrier de la Armada y los F-18 del Ejército del Aire que habrá que dar de baja a finales de esta década.