Los jueces conservadores se revuelven contra la ley de Bolaños: “Es un ataque frontal a las instituciones judiciales”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal que impacta de lleno en la carrera judicial. La reforma ha tenido un recibimiento desigual entre las asociaciones judiciales. María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la profesión, considera que la aprobación de la norma se trata de “la crónica de una muerte anunciada” para la carrera judicial. Del Barco, también decana de los juzgados de Madrid, opina que se produce “un ataque frontal contra las instituciones judiciales”, al considerar a los jueces independientes como “un estorbo”.

La decana manifiesta que “es demagógico y mentira” que el cambio en la ley vaya a favorecer la pluralidad. La magistrada valora que se traslada la idea a la ciudadanía de que en la carrera judicial están “cuatro privilegiados”: “No traslademos a los ciudadanos la idea de que accedemos a la carrera los niños ricos. Accedemos los que estudiamos”, apunta. Además, critica la incorporación de “políticos o personas elegidas por políticos” en la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Señala que llevan años reclamando “que los vocales del Consejo sean únicamente elegidos por jueces y magistrados para evitar la politización” y se pregunta si esta medida tiene como fin “cercenar su libertad de expresión”.

Para la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva Parrilla, hay luces y sombras en la reforma del Gobierno. A su juicio, este anteproyecto de ley constata la “desconfianza” que el poder ejecutivo tiene respecto de los jueces. “Aunque hay luces en la reforma como el mantenimiento de un sistema de becas para facilitar el acceso a la carrera judicial a aquellas personas que carezcan de recursos o que se proceda al registro audiovisual de los exámenes orales, lo cierto es que son muchas las sombras que arroja esta ambiciosa reforma”, ha valorado en un comunicado. Además, considera que hay que “aplaudir” la reforma del sistema electoral para garantizar la representación del pluralismo de la carrera judicial.

La AJFV expresa su oposición a la implantación de “cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad” por lo que muestra cautelas sobre el proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos que el Gobierno impulsa aferrándose a las exigencias de la Comisión Europea. “Entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial, lo que correlativamente supondría un perjuicio irreparable para los miles de opositores”. Reclama que durante el proceso legislativo las asociaciones judiciales sean escuchadas para dar un “impulso real” a la modernización de nuestra Administración de Justicia.

La progresista Jueces por la Democracia (JJpD) ha celebrado lo que considera “reformas que democratizan y mejoran el funcionamiento de los Tribunales”, como la regulación del voto judicial presencial y telemático, que suprime el voto por correo “cuestionado por todas las asociaciones no mayoritarias”. Su portavoz, el magistrado Edmundo Rodríguez, considera “imprescindible” que “por fin” se haya dispuesto para las elecciones internas de la judicatura un sistema electoral en el que cada juez o jueza tenga un voto, lo que a su juicio “facilitará una correcta representación de la diversidad y pluralismo de la judicatura”. También entiende “necesaria” la previsión de un “mecanismo de consolidación de la judicatura interina”, que entiende debe encauzarse a través de una convocatoria extraordinaria del cuarto turno.

Del mismo modo, el portavoz de Jueces por la Democracia reclama que “se aproveche esta ambiciosa reforma legal para suprimir la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial”. En este sentido, entiende que hay “un amplio consenso para acabar con una solución tomada en su día por razones coyunturales que hoy carece sentido y supone un claro perjuicio al alumnado de la Escuela Judicial”.

Es “imprescindible”, añade, que la reforma que se propone del sistema de concursos reconozca la experiencia de quienes han trabajado “al menos tres de los últimos cinco años” en Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Rodríguez recuerda “que JJpD ha pedido insistentemente esta reforma, que iguala a quienes trabajan en Juzgados de Violencia con quienes lo hacen en Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo”.