La prórroga de los Presupuestos en las comunidades del PP lastra la estrategia de Feijóo

“El apoyo de Vox está condicionado a lo que los extremeños nos votaron y nos exigieron. Repasen las medidas del acuerdo, reflexionen y corrijan el rumbo”. La advertencia de Ángel Pelayo Gordillo, diputado de Vox en Extremadura, a la presidenta extremeña, la popular María Guardiola, resonó en el pleno de la Asamblea regional del 29 de noviembre. Cinco días después, la formación de Santiago Abascal amenazó con suspender los contactos para apoyar las cuentas públicas en las seis comunidades donde el Partido Popular no tiene la mayoría suficiente para sacarlas adelante, si Alberto Núñez Feijóo avanzaba en las negociaciones con el Gobierno central sobre materia migratoria. Unas conversaciones que aún hoy siguen en el dique seco mientras continúan llegando migrantes a Canarias, con los recursos de acogida de menores desbordados. Los ejecutivos autonómicos de Extremadura, Castilla y León, Región de Murcia, Baleares, Aragón y Comunidad Valenciana asumieron acto seguido que el torpedeo de Vox abocaba a la prórroga de los presupuestos regionales a 2025. Una prórroga que se ha materializado esta semana.

Con el agotamiento del mes de diciembre, los boletines oficiales de las seis comunidades citadas han ido publicando durante los últimos días la orden de prórroga de las cuentas públicas. El Gobierno central también ha formalizado el traslado de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado —de 380.822 millones de euros— a este 2025, después de no haber logrado el sostén completo de sus socios de Gobierno, con el principal escollo de la resistencia de Junts. En paralelo, el PP pretende seguir seduciendo a la formación de Carles Puigdemont para que apoye futuras iniciativas. Y asestar así nuevos golpes al Ejecutivo de coalición desde dentro del hemiciclo, exponiendo su “debilidad parlamentaria”. “Contamos con todos menos con Bildu para sacar adelante nuestras políticas. Todos los diputados representados son votos”, subraya un miembro de la ejecutiva popular.

Porque más allá de la ofensiva de los populares centrada en la agenda judicial que rodea al presidente, Pedro Sánchez, el PP viene utilizando como arma arrojadiza contra el Gobierno central su imposibilidad, aseguran, para armar una mayoría suficiente. Ese mantra se repite también respecto a los Presupuestos, herramienta crucial de todo Ejecutivo autonómico y estatal. “Este año comienza con algo que tenemos que destacar, que es un lastre para la economía española: la prórroga de los Presupuestos de 2025″, expresó este viernes la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, en Madrid, señalando “el síntoma claro de la debilidad parlamentaria” y “de debilidad moral” del Gobierno de Sánchez.

Pero el PP entra en el nuevo año navegando en un dilema: por un lado, critica a La Moncloa por no concitar el apoyo para sus propios Presupuestos; mientras, en la otra borda del barco, Génova hace un esfuerzo por respaldar la estabilidad de los Ejecutivos populares de las comunidades que tampoco han conseguido aprobar sus cuentas públicas tras la salida de Vox en julio pasado de cinco Gobiernos —Extremadura, Región de Murcia, Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana—. Una ruptura que se produjo tras aceptar el PP el reparto no obligatorio de unos 400 menores migrantes no acompañados en la Península. Tanto en la dirección nacional del PP como en los territorios populares, la consigna para defenderse frente a Sánchez se sustenta en la misma premisa: que los Presupuestos autonómicos prorrogados ahora fueron diseñados y aprobados para 2024, tras las últimas elecciones autonómicas y después de la conformación de los nuevos ejecutivos. En el caso de la contabilidad de La Moncloa, los populares censuran que estos se configuraron para 2023, antes de los comicios generales y en una legislatura anterior, con una “necesidades económicas” del país distintas.

“Esa comparación da dimensión de la frivolidad con la que se actúa desde la Presidencia del Gobierno”, respondió Núñez Feijóo este martes, en una entrevista en El Español, a las acusaciones de hipocresía sobre este asunto por miembros del Ejecutivo. “Si la cuarta economía del euro se compara con una comunidad autónoma, es que hemos perdido el sentido de la proporción. En todo caso, recuerdo que en todas esas autonomías hay un Presupuesto vigente. Sánchez está prorrogando un Presupuesto de una legislatura que se ha extinguido”, apostilló el líder del PP. Antes de que acabara el año, fuentes del gabinete de Feijóo asumían la “dificultad de interpretar” los futuros movimientos de Vox, de los que esperan decisiones “asimétricas” en función de los territorios.

La formación de Abascal ha aportado hace poco pistas sobre sus próximos pasos. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, admitió el domingo pasado, en una entrevista en la agencia Servimedia, que las conversaciones con algunos presidentes territoriales del PP para aprobar los Presupuestos autonómicos “se están intensificando en estos últimos días”. Garriga afirmó a su vez que “se está avanzando” y, en línea con las sospechas de Génova, reveló que su partido se encuentra en “unas disposiciones muy distintas en según qué líderes regionales”.

Recoser alianzas

En Aragón, fuentes del Ejecutivo de Jorge Azcón reconocen “contactos dentro de la discreción” con Vox. Eso sí, el barón aragonés sigue sin prisas, pues aún no ha planteado el dibujo de sus cuentas a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda, al que reclama 87 millones de euros que, calculan, pierden “por el efecto de la despoblación”. En Baleares, la presidenta Marga Prohens retiró su propuesta de Presupuestos tras dinamitar los puentes con Vox. En el seno del Ejecutivo balear se marcan finales de enero para retomar las conversaciones con los grupos y promover un nuevo intento, ya en el período de sesiones de febrero, conscientes de la dificultad de recoser las alianzas. “La idea es negociar con todos. Es verdad que Vox era un aliado preferente, pero la situación se ha tensado mucho en las últimas semanas del año”, señalan fuentes del Gobierno de Prohens, que barajan fórmulas como las modificaciones de crédito hasta que no resuelvan el embrollo.

Desde la Región de Murcia, fuentes del equipo del presidente Fernando López Miras mantienen “una voluntad de diálogo”. “Esperamos que no se antepongan los intereses partidistas a los intereses generales de la Región de Murcia y por cuestiones de estrategia política no se bloqueen los presupuestos”, apuntan. En la Comunidad Valenciana, el PP espera que la coyuntura tras la dana favorezca una entente con la extrema derecha. Desde el PSPV-PSOE, su líder, la ministra Diana Morant, afeó el jueves que el president Carlos Mazón no haya puesto aún “ninguna propuesta encima de la mesa”, ya que los socialistas valencianos se abrieron a votar a favor tras el paso de la gota fría.

En el lado opuesto se sitúa Castilla y León, donde las perspectivas para poder recabar el soporte de Vox o del PSOE son nulas. Fuentes del gabinete del presidente Alfonso Fernández Mañueco no ven “posibilidad alguna” de continuar con la tramitación de sus Presupuestos, presentados en octubre, a lo largo de los próximos 12 meses. Pero, más allá de la cuestión económica, también ponen de relieve la insuficiencia parlamentaria para poder tramitar otro tipo de iniciativas legislativas. En cualquier caso, en el entorno de Mañueco siguen negando por activa y por pasiva un adelanto electoral en 2025. Una convocatoria en otoño próximo sería simplemente técnica, pues los comicios han de celebrarse en invierno de 2026. “Para Vox, hay un PP bueno y uno, malo. Y el malo es el de Guardiola y el de Mañueco”, apostillan dichas fuentes.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha tratado esta semana de redirigir esa relación haciendo un guiño claro a Vox. Y ha recogido el guante lanzado por el diputado ultra Gordillo el 29 de diciembre: “Repasen las medidas del acuerdo, reflexionen y corrijan el rumbo”. El punto 48 del pacto de coalición de PP y Vox incluía “impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real”, para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. Guardiola paralizó en julio la norma tras la salida de los ultras de su Ejecutivo, asegurando que no estaba entre sus “prioridades”. El lunes, Guardiola dio marcha atrás: el Consejo de Gobierno anunció que saca la Ley de Concordia del congelador y retoma su tramitación este 2025, tras la negativa de Vox a favorecer sus cuentas, que siguen su camino parlamentario este mes de enero.

Está por ver si en el resto de ejecutivos populares replican el movimiento hecho por Extremadura con concesiones a los ultras para allanar sus respectivas cuentas. “Los presidentes autonómicos están ocupados en la estabilidad de sus comunidades, en eso están y en eso van a seguir, sin ceder a chantajes ni a condicionantes”, aseguran fuentes de la dirección nacional del PP. Génova sigue insistiendo en pedir comicios generales a Sánchez. En los territorios, niegan adelantos electorales si las Cuentas continúan prorrogadas. Pero el entorno de Feijóo no descarta de plano ese escenario en los próximos meses en algunas autonomías gobernadas por los populares con una mayoría insuficiente.