La ruta canaria lleva 150.000 migrantes a las islas en el último lustro y la llegada a Baleares roza máximos

La ruta migratoria que parte desde el oeste de África hasta Canarias cerró 2024 como el año más activo de su historia, tras crecer el 17,4% hasta 46.843 personas. Este nuevo récord se produce apenas un año después de haber batido su anterior máximo, que databa de la crisis de los cayucos, en 2006. Desde que comenzó la década, las islas han recibido a 148.000 personas a bordo de embarcaciones precarias, según los datos del Ministerio del Interior. La estadística muestra, además, un alza de la inmigración total a España del 12,5%, y supera su pico de llegadas por mar de 2018. Pese a ser menores de lo esperado en verano, estas llegadas han dejado en Canarias más de 5.800 menores no acompañados tutelados por el Ejecutivo autonómico y la bronca política en torno a su reparto obligatorio entre las comunidades autónomas. “La ruta canaria ha dejado de ser relativamente estacional, cuando se focalizaba en los últimos meses del año”, sentencia Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Canarias se ha convertido en un lugar de tránsito migratorio muy importante debido a la zona geográfica en la que se encuentra”, concuerda Vicente Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna y director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen).

A la Península y Baleares por vía marítima arribaron el pasado año 14.431 migrantes, lo que supone un 6,5% menos que en 2023, cuando llegaron 15.435. En este caso, lo han hecho en 1.100 embarcaciones, un 5,2% menos que el año pasado, cuando llegaron en 1.160. Cabe destacar, sin embargo, la actividad de las pateras en el Mediterráneo. En la última semana de 2024 se habían disparado un 216% las llegadas a Baleares, según datos policiales internos que el Ministerio del Interior no hace públicos. Pese a que los números no son excesivamente elevados (unas 5.700 personas), la lectura permite una conclusión: la ruta argelina vuelve a despuntar después de años de contención. Entre el 1 de enero al 31 de diciembre aumentaron, además, las llegadas por vía terrestre (que incluyen los que acceden a nado) en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla: 2.647 personas entraron de forma irregular (2.531 a Ceuta y 116 a Melilla), un 137%% más en Ceuta frente a un 30,1% menos en Melilla respecto al año pasado.

El flujo de llegadas a Canarias arrancó 2024 con fuerza, siguiendo la inercia con la que finalizó el año anterior. Así, el mes de enero se cerró con más de 7.000 llegadas, lo que suponía multiplicar por 12 el dato del primer mes de 2023. El ritmo decreció ligeramente a partir de febrero, aunque la actividad siempre fue superior a las del año récord 2023. Los meses de mayo y junio supusieron un cierto alivio, con sendas caídas, para repuntar en julio y agosto. No en vano, el de 2024 fue el verano más intenso de la actividad migratoria desde que se abrió la ruta en 1994, con unas 2.610 llegadas. Fueron un 19,4% más de las registradas en estos dos meses en 2023. Y todavía faltaba por llegar otoño, la época más propicia para la navegación en el Atlántico occidental. El Gobierno de Fernando Clavijo multiplicó las voces de alarma ante los presagios, sustentados por expertos policiales y de Salvamento Marítimo. “Lo peor está por llegar”, alertó en agosto el presidente canario, Fernando Clavijo. “Si se cumplen las previsiones que manejan las asociaciones, podríamos estar hablando de más de 70.000 personas más de aquí a final de año. Si eso fuera así, estaríamos en una situación de auténtico caos”, dijo.

En octubre, sin embargo, no llegó a suceder lo esperado. Las llegadas cayeron un 38% respecto a septiembre y un 80% respecto al año anterior. Claro que el décimo mes de 2024 se comparaba con el mes de mayor trasiego en los 30 años de historia de la ruta canaria. Aquel octubre de 2023 arribaron a Canarias 15.449 personas, casi tantas como los nueve meses anteriores. Esa cantidad inédita de llegadas puso a El Hierro en el centro de la diana migratoria y provocó un colapso en el sistema de acogida, empezando por las pruebas de determinación de edad. “Aquello nos desbordó a todos”, recordaba hace un año la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez.

Este repunte, sin embargo, no se llegó a producir, pese a la intensificación de la ruta en noviembre y diciembre. Esta circunstancia ha supuesto un cierto alivio para los responsables de la gestión. “Ha habido un frenazo muy grande comparado con lo que preveíamos a finales de verano. Ha sido un alivio porque pintaba muy mal”, explicó recientemente a este diario una fuente dedicada al control fronterizo. “Ha funcionado la contención, los países de tránsito se han puesto bastante las pilas y el [mal] tiempo ha ayudado a evitar salidas”, resume.

Pese a que los peores augurios no se han llegado a cumplir, el Gobierno de Canarias reclama soluciones de manera urgente. El Ejecutivo ha duplicado su red de acogida de menores hasta 86 centros, pero alerta de su incapacidad de velar por los menores. “Si estamos hablando de almacenar niños o dejar gente en descampados probablemente hay espacio, pero si hablamos de atender a las personas velando por sus derechos y en el caso de los menores por los tratados internacionales no hay capacidad y no estamos pudiendo hacerlo”, alertó a finales de año el presidente Clavijo.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, admite que se ha logrado desbloquear la determinación de las pruebas de edad de los migrantes cuya minoría de edad genera dudas. Pero alerta de la situación en conversación telefónica. “Estamos más que desbordados”, afirma, y expone una larga lista de problemas, entre los que se encuentran la dificultad extrema de encontrar inmuebles de contratar personal, de conseguir plazas en Tenerife o Gran Canaria para poder alojar a los niños que llegan a El Hierro o Lanzarote, pese a que estas islas ya están saturadas. “¡Mi madre…!”, suspira a modo de conclusión. “Estamos más solos que nunca aquí, porque ahora es que ni siquiera hay excusa, porque la información de lo que suceden la tienen”.

Bronca política

El Gobierno canario ha visto cómo ha sido imposible, hasta la fecha, un acuerdo político en el Congreso que permita una reforma de la ley de extranjería que establezca un sistema de reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas. Se da la circunstancia de que el Partido Popular forma parte del Gobierno de las islas junto con Coalición Canaria. Pese a ello, el Partido Popular votó el 23 de julio en contra, junto con Junts y Vox, de la toma de consideración en el Congreso de los Diputados de una propuesta elaborada entre el Ejecutivo central y el propio Ejecutivo autonómico —y apoyado en la Cámara regional por el propio PP—. Desde entonces, además, se ha levantado de la mesa de negociaciones y ha bloqueado cualquier pacto.

El lunes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atacó en una entrevista en la SER tanto al Gobierno como el PP, a quienes acusó de ser “cómplices” de que se mantenga la situación de alerta en Canarias. “El Gobierno, porque no interviene teniendo las competencias; y el PP, porque bloquea”, aseguró el mandatario nacionalista. Este jueves, ante los mismos micrófonos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha acusado Clavijo de atacar injustamente al Gobierno en la negociación para el reparto de menores migrantes porque lo que quiere es proteger, cuidar y no enfadar a su socio en el ejecutivo regional, el PP. “Clavijo gobierna con ellos. Y para cuidarlos y para no enfadarlos o para protegerlos, lo que hace injustamente es atacar a quien le está apoyando, que es el Gobierno de España. Yo creo que se equivoca, así lo digo”.

La dirección nacional del PP ha metido este jueves, en un giro de discurso, a Vox en el mismo saco que al Gobierno central para justificar su postura en materia migratoria, donde siguen anclados en su negativa a reformar la ley de extranjería, informa Virginia Martínez. “Hay dos discursos irresponsables. Por un lado, está el de Pedro Sánchez, que dice que la inmigración no tiene ningún impacto y que hay que resolverlo como él diga; y, por otro, está la irresponsabilidad de Vox, que dice que los males y el origen de todos los males que acechan a España tienen que ver con la inmigración”, ha señalado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en declaraciones a los medios en Madrid. “Hay una irresponsabilidad compartida en esta ausencia de políticas migratorias por parte de Sánchez y de Vox”, ha agregado.

Mientras se desarrolla la pelea política, la ruta canaria prosigue su goteo, e, incluso, se amplía a ciudadanos que llegan desde el extremo sur de Asia. “Estamos cayendo en el riesgo de la cronificación de la emergencia en todos los adeptos de la realidad migratoria”, alerta Juan Carlos Lorenzo. “La ruta canaria es un hecho estructural”, defiende. “Esta cronificación hace que tus miradas y las soluciones que pongas encima de la mesa sean de mirada corta y, por tanto, tengan una visión reduccionista de la gestión migratoria”, y reclama la política migratoria sea “mucho más estructural, mucho más sólida y mucho más poliédrica”. “Se está generando un desgaste importante en la región”, advierte a su vez Vicente Zapata. “La población observa que las causas profundas de esta situación no se revierten, más bien se siguen reforzando, y eso genera agotamiento”.

Tanto Lorenzo como Vicente Zapata alertan, sobre todo, en el coste en vidas humanas que está dejando la ruta. A finales de año, la ONG Caminando Fronteras denunció que este año se ha producido una cifra récord de muertes en las rutas migratorias que llevan a España: 10.457 personas fallecieron intentando alcanzar España. De ese número total de fallecidos, sostiene el informe, 9.757 perecieron en su travesía hacia las islas Canarias, la “más letal del mundo”, según la organización. “Es una realidad realmente insoportable, una realidad que debería hacer que nos rebelásemos”, sentencia Lorenzo, “no normalizarla ni caer en la indiferencia”.