El Gobierno supera el 91% de las votaciones pese a sus apuros parlamentarios

La vida parlamentaria ha ofrecido el último año episodios que ni los más veteranos habían conocido: proyectos retirados súbitamente del orden del día, ponencias para elaborar leyes desconvocadas en el último minuto, votaciones de desenlace imprevisible hasta que se ilumina el marcador del hemiciclo… Aquel Congreso en el que un tiempo reinó la rutina de las mayorías absolutas se ha sumergido en la incertidumbre. Pero al margen de los sobresaltos que nutren a menudo los grandes titulares, los datos del día a día resultan más prosaicos. Las simbólicas derrotas sufridas por el Gobierno en algunos temas no impiden que en su balance final supere sin reveses el 91% de las casi 900 votaciones celebradas desde que comenzó la legislatura.

“A un Gobierno no se le mide solo por el número de leyes aprobadas”, sostuvo Pedro Sánchez la pasada semana al hacer su balance de fin de año. Era una manera de reconocer una obviedad: que la producción legislativa del Ejecutivo se ha ralentizado desde que las últimas elecciones le complicaron aún más la búsqueda de mayorías. La prueba es que ha habido plenos del Congreso que no han completado los tres días de duración habituales al no disponer de temas para los jueves, la jornada que se dedica a las iniciativas legislativas.

Algunos de los aliados parlamentarios de Sánchez, como ERC y PNV, ya le venían advirtiendo de que fuese selectivo con los proyectos que manda al Congreso. Aunque desde dentro del Gobierno, Sumar reclame una posición más activa en ciertos temas, sintetizada en la frase que repite la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: “Gobernar no es resistir”.

En los 13 meses desde la formación del actual Gobierno, han llegado al BOE 25 nuevos textos legislativos: una reforma constitucional para sustituir el término “disminuidos” por “personas discapacitadas”, 14 leyes y 10 decretos. Lejos de la media de más de 50 por ejercicio de la pasada legislatura, en la que el Ejecutivo de coalición progresista sacó adelante 215. “Es normal que la producción se reduzca respecto a los primeros años del Gobierno, porque entonces se estaba poniendo en marcha el proyecto de cambio”, justifican fuentes gubernamentales “En algunos sectores ya se han hecho las grandes reformas, pero en otros como en Justicia se llevaba mucho tiempo sin reformas estructurales y ahora hemos abordado leyes muy importantes”.

En el último pleno de 2024, quedó lista una de ellas, la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que el ministro Félix Bolaños presenta como la “mayor modernización en años” de esa Administración. En ese mismo pleno la noticia más comentada fue el entendimiento de PNV y Junts con el PP para derogar el impuesto a las energéticas, lo que acabó opacando el resto del paquete fiscal de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que incluye una reforma del impuesto de sociedades o un impuesto a la banca, entre otras medidas.

“Para un Gobierno que va a empezar su séptimo año, el balance legislativo es bueno”, defienden en el Ejecutivo. Y esgrimen datos comparativos para subrayar que superan a todas las comunidades autónomas, con mayoría de presidentes del PP. Solo un Parlamento regional, el de Navarra, donde también gobiernan en coalición los socialistas, se acerca a las cifras del Congreso, con 23 textos aprobados. Andalucía, con mayoría absoluta del PP, suma 17, mientras que Madrid, en igual situación, se ha quedado en 8 y Galicia, que celebró elecciones este año, en 3, las mismas que Extremadura y Cantabria, donde los populares están en minoría.

De los proyectos ya vigentes, además de los reseñados, sobresalen la amnistía, por supuesto, reformas como la de la ley del Poder Judicial -pactada por PSOE y PP-, la de la protección por desempleo o la del funcionamiento de RTVE, así como la ley de paridad entre hombres y mujeres. En el cómputo se incluyen los tres decretos para paliar los daños de la gota fría y los dos que prorrogan las medidas extraordinarias adoptadas por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Hay otros textos legislativos en trámite cuya suerte no está muy clara por las diferencias entre los grupos que podrían respaldar al Gobierno. Es el caso del que regula el mercado de derechos de emisiones contaminantes, que estaba en proceso de redacción y se ha suspendido después de que PP y Junts colasen una enmienda para suprimir el impuesto a la producción eléctrica. La reforma de la ley mordaza, que ya encalló la pasada legislatura, se adivina como uno de los difíciles encajes con los aliados en el nuevo periodo de sesiones tras la Navidad. Y hay otras iniciativas que llevan meses en el congelador, como la ley de familia o dos normas para garantizar la universalidad y la equidad del sistema sanitario. Entre estas últimas figuran 15 iniciativas aprobadas por el PP en el Senado, con medidas contra la okupación o para reducir impuestos, que la Mesa del Congreso mantiene bloqueadas pese a las protestas de los populares.

En lo que va de legislatura, el Congreso ha celebrado 899 votaciones, en las que se incluyen leyes completas, enmiendas parciales, mociones o proposiciones no de ley. Estas dos últimas se someten a menudo al refrendo del pleno separadas en varios puntos. El Gobierno ha sido derrotado en no más de 74 ocasiones, el 8,23% del total. La mayoría, en iniciativas sin transcendencia jurídica, aunque con valor simbólico: el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, pronunciamientos sobre el Sáhara Occidental o las reprobaciones de los ministros del Interior y de Transportes.

En el capítulo legislativo, los mayores reveses los ha sufrido con dos proyectos retirados antes de llegar a la votación ante la evidencia de su derrota: el techo de gasto, que demoró el proceso para los Presupuestos de 2025, y la ley del Suelo, contestada por Sumar. Los socialistas también se toparon con la oposición de casi toda la Cámara a su propuesta para perseguir el proxenetismo. Contra la opinión del PSOE, la Cámara dio luz verde a propuestas del PP para estrechar el control parlamentario sobre el envío de tropas al extranjero o la que pretende rebajar la protección del lobo. Pero ambas permanecen en ese limbo en el que la Mesa confina multitud de iniciativas: prolongando indefinidamente el periodo de presentación de enmiendas.