Un fiscal ratifica ante el juez que vio a García Ortiz y su número dos hablando a solas durante el registro en la Fiscalía

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, ha ratificado este martes ante el juez que investiga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que vio a este y a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, hablando a solas en el patio de la Fiscalía General durante el registro que realizó la Guardia Civil al despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre. “Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de las diligencias”, ha sostenido Viada ante los medios que le esperaban a la salida del alto tribunal. Viada ha puesto el énfasis en esa supuesta irregularidad —que la fiscal del caso hablase con el investigado— y ha restado importancia al hecho de que ambos fiscales estuvieran supuestamente “revisando” el teléfono móvil de García Ortiz, una hipótesis que la asociación a la que pertenece, la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), usó para sembrar sospechas sobre una presunta manipulación de pruebas por parte del fiscal general y la teniente fiscal del Supremo.

El magistrado Ángel Hurtado investiga a García Ortiz por la supuesta filtración, el pasado marzo, de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP) e imputado por fraude fiscal. Ese mail desmentía un bulo que estaba difundiendo desde horas antes el entorno de la presidenta madrileña, según el cual era el ministerio público el que había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso y luego, supuestamente, había retirado ese ofrecimiento “por órdenes de arriba”. El Supremo no tiene en este momento pruebas de que la filtración partiera del fiscal general o de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, también imputada en el caso, pero sostiene que hay indicios contra ambos porque tenían el correo del abogado de González Amador desde horas antes de que se filtrara a los medios. Fuentes del caso aseguran que, durante la declaración de este martes, el juez ha prohibido a las partes que se refieran a García Ortiz como “excelentísimo fiscal general del Estado”, y ha pedido que se le cite solo con su nombre y apellidos.

La declaración de Viada fue propuesta por su asociación, que es una de las acusaciones populares del caso contra García Ortiz. La APIF denunció la conversación entre el fiscal general y la teniente fiscal porque, a su juicio, demuestra la supuesta afinidad entre el investigado y la fiscal del caso, que a su vez es la número dos de García Ortiz en la Fiscalía General. Viada aseguró que ambos estaban “revisando” el móvil del fiscal general, en las instalaciones de la Fiscalía, en torno a las 19.00 del 30 de octubre, día en el que el juez había ordenado a la UCO intervenir los ordenadores y teléfonos del fiscal general. Según el escrito presentado por la APIF en el Supremo, resulta “inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito”.

El acta del día del registro, firmada por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Penal del Supremo, recoge que, a la hora a la que Viada dijo haber visto a ambos fiscales hablando, ya había sido clonado el teléfono de García Ortiz, por lo que no podía estar borrando ningún dato para manipular la información. No obstante, el juez ha considerado “pertinente” citar a Viada porque esa reunión, “cualquiera que fuera el momento, puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad con el investigado, que es conveniente aclarar ante las quejas formuladas por alguna de las acusaciones”.

En esa línea ha insistido este martes Viada a la salida del tribunal. “Les vi consultar un teléfono. Me llamó la atención el contexto más que el hecho mismo, que no tiene ninguna importancia”, ha dicho. El fiscal admite ahora que no cree posible que García Ortiz y Sánchez Conde estuvieran manipulando posibles pruebas que pudiera haber en el teléfono sobre la supuesta revelación de secretos que investiga el juez. “Cuando veo eso lógicamente pienso que le han devuelto el teléfono, porque los de la UCO estaban allí y lo veían”, ha precisado. “Lo que ocurrió no tiene ninguna relevancia en cuanto al contenido de los móviles. Pero me llamó mucho la atención esa circunstancia”.

La declaración de Viada se ha producido después de que fracasara la anterior diligencia del juez sobre este caso: ordenar al servicio de seguridad de la Fiscalía General que conservase las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del patio del edificio el día del registro para poder comprobar lo que denunciaba la APIF. El Ministerio Público aclaró al instructor que no hay ninguna cámara en la sede de la Fiscalía General, solo una en cada puerta enfocando a la calle.