El Supremo ordena investigar la filtración del informe de la Guardia Civil en la causa abierta al fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado a los juzgados de Madrid que investiguen la filtración a los medios de comunicación de documentos del caso. Hurtado ha dictado una providencia en la que acuerda deducir testimonio y enviar al decanato de los juzgados de Madrid, “a los efectos oportunos”, las quejas del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, por las filtraciones a la prensa de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez toma la misma decisión en relación con una queja en el mismo sentido presentada por el abogado de González Amador, imputado por fraude fiscal.

El informe de la Guardia Civil de cuya difusión se quejaron el fiscal general y la provincial, conocido hace diez días, recogía la información extraída del teléfono de Rodríguez, y apuntaba a que García Ortiz había jugado un “papel preeminente” en los hechos que derivaron en la publicación, el pasado marzo, de un correo electrónico con información confidencial entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). En un auto dictado el 25 de noviembre, el juez levantó parcialmente el secreto de las actuaciones, pero advertía a las partes expresamente de que la difusión a terceros del informe de la UCO “está prohibida”. El juez ha acordado ahora enviar ese auto a los juzgados de Madrid para que se indague quién desobedeció su advertencia.

Las filtraciones a la prensa de documentos supuestamente secretos son, precisamente, el objeto de la investigación abierta por el Supremo al fiscal general y a la fiscal jefa provincial a raíz de una querella presentada por González Amador. El tribunal indaga la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero por el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de la cárcel. Ese mail desmentía un bulo que había extendido el entorno de la presidenta madrileña, según el cual, era el ministerio público el que había ofrecido el acuerdo en una especie de chantaje político, pero el Supremo considera que la difusión del correo remitido por el abogado pudo perjudicar al derecho de defensa de González Amador.

El tribunal no tiene pruebas de que García Ortiz o Rodríguez estén detrás de la filtración, pero sí de que ambos tenían ese correo electrónico desde unas horas antes de que se publicara en los medios de comunicación, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal).

El informe de la UCO sobre el contenido del teléfono de la fiscal provincial tampoco esclarece quién filtró el correo, pero los agentes sí atribuyen inequívocamente a la Fiscalía General la filtración a los medios de la denuncia presentada el 5 de marzo por la fiscalía de delitos económicos contra González Amador. A esta conclusión llegó la Guardia Civil a partir de varios mensajes enviados por la propia fiscal jefa provincial, en los que esta afirmaba que es ese órgano el que ha filtrado la denuncia, que fue publicada por eldiario.es el pasado 12 de marzo. El informe no incluye ninguna conversación en la que la Fiscalía General y la jefa provincial hablen de la supuesta filtración de esa denuncia, por lo que no queda claro si Rodríguez sabía de forma fehaciente que había sido la Fiscalía la que filtró la denuncia o solo lo supuso.

Más de 500 personas con acceso al expediente

Un informe elaborado ahora por la Fiscalía de Madrid cifra en más de 500 las personas que tuvieron acceso al expediente con la denuncia a González Amador antes de que se publicara. Según este escrito elaborado por el teniente fiscal de Madrid, José Luis García-Juanes Guerrero, a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce en esta causa la defensa del fiscal general y de la jefa provincial, no se puede concretar el número exacto de personas que pudieron tener acceso a esas actuaciones, pero las primeras diligencias contra González fueron cargadas en una carpeta a la que tenían permido para entrar 12 fiscales y cuatro funcionarios.

Más tarde, el expediente se subió a una carpeta compartida de la web de la Fiscalía de Madrid a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios. Y posteriormente, se incorporaron a una tercera carpeta que se comparte entre la Fiscalía Provincial y la autonómica de Madrid accesible para “alrededor de 30 personas”, incluida la fiscal jefa, el teniente fiscal, los fiscales decanos y funcionarios de la jefatura, “así como un número que se desconoce de personas de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía del Estado pidió también concretar cuántas personas tienen permisos para entrar en la cuenta de correo electrónico de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid. El teniente fiscal entiende que esta petición se refiere a la cuenta jefatura.fiscalia@madrid.org, a la que tienen acceso tanto la fiscal jefe provincial como el propio teniente fiscal que firma el informe y otras cuatro funcionarias más del Ministerio Público. No obstante, esa no es la dirección a la que el abogado de González Amador envió el correo cuya filtración se investiga.

“Irregularidades y omisiones”

Ese informe ha sido ya remitido al juez del Supremo, que en otra providencia dictada este jueves, rechaza la denuncia de la Abogacía del Estado por supuestas “irregularidades y omisiones” en el informe de la UCO sobre los dispositivos intervenido a la fiscal provincial, así como por vulneración de derechos fundamentales. En un escrito enviado al Supremo por la Abogacía del Estado se alude a hasta 37 “errores, irregulares, omisiones e indebidas inferencias” en ese documento elaborado por la Guardia Civil tras analizar el contenido del ordenador y el teléfono de Rodríguez. El juez sostiene, sin embargo, que “no cabe poner reproche a dicha prueba pericial, realizada por una unidad tan especializada como es la UCO, sin perjuicio de la parte a su cuestionamiento”.

Idéntica respuesta repite el instructor para rechazar también la solicitud que le había hecho García Ortiz de dirigir un mandato a la UCO para que no incluya en el informe pendiente de realizar sobre el contenido de sus ordenadores y teléfonos “mensajes privados” ajenos a los hechos que se investigan. El magistrado tampoco accede a suspender cautelarmente los trabajos de análisis de la información intervenida al fiscal general, como había pedido García Ortiz.

La Sala de Admisión que decidió abrir la causa contra ambos fiscales también ha dictado un auto este jueves, en el que rechaza el recurso que presentó Rodríguez, contra esa decisión. Los jueces señalan que la Sala se limitó a certificar que el fiscal general está aforado y que también debía asumirse la causa contra ella, y explican que las peticiones de archivo deben formularse al juez designado como instructor del caso.