El Supremo ordena conservar las imágenes de unas cámaras de seguridad de la Fiscalía que no existen

El juez Ángel Luis Hurtado, instructor de la investigación abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, ha ordenado este miércoles al servicio de seguridad de la Fiscalía General del Estado que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del patio central del edificio el pasado 30 de octubre, cuando la Guarda Civil estaba registrando el despacho del fiscal general por orden del magistrado. La petición de Hurtado responde a un escrito presentado hace unos días por la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), personada en el caso como acusación, en el que aseguraba que un fiscal del Supremo vio en esa franja horaria al fiscal general con su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, “revisando” un teléfono móvil mientras se producía el registro. No obstante, fuentes de la Fiscalía aseguran que no hay ninguna cámara en el edificio (solo dos hacia la calle).

El escrito firmado por el juez Hurtado insta al servicio de seguridad de la Fiscalía a que se “mantengan conservadas las imágenes correspondientes” al 30 de octubre, “al menos, en el espacio de tiempo comprendido entre las 18.00 y las 19.45 horas”, hasta que el instructor “acuerde otra cosa”. Las imágenes a las que se refiere Hurtado en su resolución son las de las “cámaras que enfocan al salón noble ubicado en el patio central del edificio”, pero fuentes de la Fiscalía aseguran que solo hay cámaras que apuntan a las dos calles a las que da la sede del ministerio público (el Paseo de la Castellana y Fortuny). Asimismo, otras fuentes de la investigación advierten de que a esa hora ya había sido clonado el teléfono de García Ortiz, por lo que no podía estar borrando ningún dato para manipular la información, como sugerían las acusaciones.

El instructor ha pedido las imágenes atendiendo únicamente al escrito presentado por APIF, que aseguró tener constancia de que, el día en que se registró el despacho del jefe del ministerio público, había sido visto este con su número dos —que ejerce como fiscal en este caso— mirando un móvil “aparentemente perteneciente al meritado investigado”, en referencia al fiscal general. Este hecho, que supuestamente se habría producido alrededor de las 19:00 en el salón noble de la Fiscalía General, es, según esta asociación, “singular” e “insólito”. “Es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario”.

En su escrito, APIF también solicitaba que se citara al fiscal del Supremo Salvador Viada, miembro de esta asociación y supuesto testigo de esa escena. Pero el instructor no ha respondido por ahora a esta petición.

El Supremo investiga a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Ese mail desmentía un bulo que estaba difundiendo desde horas antes el entorno de la presidenta madrileña, según el cual era el ministerio público el que había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso y luego, supuestamente, había retirado ese ofrecimiento “por órdenes de arriba”, en referencia al fiscal general.