El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel irá a juicio en 2027 por supuestos delitos que se remontan a 2006

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, que presidió la comunidad autónoma entre 1995 y 2014, se sentará en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y posterior gestión de una desaladora en 2006. La Audiencia Provincial de Murcia ha notificado este jueves la apertura de juicio oral, que no se celebrará hasta septiembre de 2027, 21 años después de los hechos que se van a juzgar. Valcárcel se enfrentará a penas de 11 años de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha explicado en un comunicado que este gran retraso en la fijación de la fecha de apertura del juicio se debe a que se requerirán al menos 21 sesiones y la agenda de la Sección 3, que es la que llevará a cabo el procedimiento, “está ocupada hasta junio de 2027″. Así, el juicio arrancará el día 15 de septiembre de 2027, y se prolongará hasta el 9 de noviembre de ese mismo año, y por él pasarán más de 80 testigos y se practicarán diferentes pruebas periciales.

La Audiencia Provincial ya había fijado la celebración de este juicio para el pasado mes de julio y había exigido al expresidente el pago de una fianza de 74 millones de euros para evitar el embargo de sus bienes, una decisión contra la que Valcárcel presentó alegaciones, al tiempo que avanzó su intención de no aceptar un acuerdo de conformidad y defender su inocencia, lo que obligó a suspender el procedimiento un mes antes de celebrarse. Tras fijar la nueva fecha, el TSJ recuerda que “debido al alto volumen de procedimientos pendientes de juicio” que acumula la Audiencia Provincial, se solicitó al Estado la creación de una nueva sección penal. En lugar de ello, y como solución transitoria, hace dos años se asignaron al TSJ dos magistrados de refuerzo “para tratar de paliar los retrasos que arrastra en los enjuiciamientos de las causas complejas”. Con ese refuerzo, la Sección 3 de la Audiencia lleva estos dos años trabajando “desdoblada, como si se tratara de dos órganos”.

El retraso de los procedimientos de la Audiencia Provincial de Murcia han suscitado polémica en ocasiones anteriores, la última, el pasado mes de septiembre, cuando se llevó a cabo el procedimiento contra 13 personas que habían participado en una trama de prostitución de menores diez años antes, en 2014. Esas dilaciones que han llevado a la aplicación de una atenuante en el grado de “muy cualificada” que supuso una importante rebaja en las penas, por lo que finalmente solo tres de los trece condenados pisarán la cárcel.

El expresidente Valcárcel, que fue también presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea entre 2012 y 2014, se enfrenta en este procedimiento a penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación continuada, fraude continuando y malversación de caudales públicos, según las peticiones de la Fiscalía. El Ministerio Público considera que la forma en la que se gestionó la construcción de esa desaladora, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, y su posterior venta, generó importantes sobrecostes que asumió la administración pública. La planta se construyó bajo una fórmula de colaboración público-privada en la que la parte pública estaba representada por el Ente Público del Agua, que se creó expresamente para ese fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denominó Hydromanagement y por compañías del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcción se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad autónoma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros. El fiscal considera que Valcárcel conocía la situación financiera de la planta, que fue una de sus apuestas personales durante su mandato, y que nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento desde que se inauguró en 2007.

Para el ministerio público, la parte pública compró acciones de la planta “desligando a la parte privada de la ruina del proyecto” y generando un perjuicio económico al erario público en beneficio de las empresas privadas que ascendería a 74 millones de euros, la misma cantidad que se impuso al expresidente como fianza. Este procedimiento judicial, conocido popularmente como “La Sal II”, es una pieza separada de otro procedimiento abierto anteriormente en relación con la misma desoladora, “La Sal I”.

Valcárcel será el segundo presidente de la Región de Murcia en pasar por el banquillo. El primero fue su sucesor en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, contra el que pesaban diversas causas por corrupción durante su etapa como alcalde, y que fue condenado en marzo de 2023 a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por amañar un concurso para adjudicar a dedo las obras de construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras.