El Gobierno y sus socios tumban el pleno sobre corrupción que pedía el PP y acuerdan uno de vivienda

No habrá, al menos formalmente, un pleno monográfico mañana miércoles en el Congreso sobre la corrupción en el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, como pretendía y buscó el PP hasta el último momento este martes en la Junta de Portavoces. Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto a los socios habituales de la legislatura, rechazaron la propuesta del PP al considerarla interesada y extemporánea, y acordaron a cambio celebrar una sesión especial e íntegra sobre el problema de la vivienda, que se producirá el miércoles de la semana que viene con la comparecencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

El PP, en cualquier caso, convertirá de nuevo las nueve preguntas a las que tiene derecho el miércoles en la sesión de control, registradas sobre diversos asuntos, en una batería de ataques al Ejecutivo de Sánchez para reprocharle todo tipo de escándalos de presunta corrupción. Lo hará apenas un día después de que, este martes, haya intervenido en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña el exnúmero dos de Interior en los gobiernos de Mariano Rajoy, y se haya conocido la condena por corrupción al exministro popular Eduardo Zaplana.

La Junta de Portavoces del Congreso, que organiza y ordena el calendario de debates, acordó este martes tumbar el intento del portavoz del PP, Miguel Tellado, de convertir la sesión de control al Ejecutivo de mañana en un pleno monográfico sobre el que denominan “caso PSOE o caso Sánchez”, para elevar las repercusiones políticas del caso Koldo. Tellado lo intentó, pero ni la Presidencia de la Cámara baja lo permitió ni recabó apoyos suficientes para mutar de golpe e in extremis todo el orden del día ya fijado. Para que eso ocurra, como ha sucedido en alguna ocasión muy especial, se requiere unanimidad y que el asunto en cuestión se considere de la mayor urgencia. El PSOE y sus aliados observaron la jugada política del PP y la bloquearon.

El portavoz socialista, Patxi López, relacionó luego ese intento fallido de Tellado con la situación de crisis que, a su juicio, vive el grupo popular y su responsable desde hace una semana tras conocerse que el PP votó —según los populares, por error— a favor de una reforma legal que beneficiará a presos etarras. López aprovechó para subrayar que el PP se retrata de nuevo al llevar esta semana al pleno una iniciativa otra vez sobre ETA en vez de sobre otros asuntos más de actualidad, y fue ahí cuando enlazó con la aceptación por su parte de una petición de ERC y EH Bildu para que acuda al pleno la ministra de Vivienda para atender lo que tildó de “asunto referencial” para el PSOE.

Tellado se quejó luego en su Twitter: “El Gobierno se niega a incorporar cinco preguntas nuevas del Partido Popular sobre #LaTrama de corrupción que acecha a Sánchez y sus ministros. ¿Qué esconden? Si “no hay caso” como dicen, ¿por qué se niegan a rendir cuentas ante los españoles?”. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y su equipo más próximo sacarán no obstante esos temas en la sesión de mañana, en la que por segunda semana no hará preguntas una de las parlamentarias más aguerridas y habituales del PP, Ana Vázquez, que formó parte con María Jesús Moro de los diputados que votaron a favor de la reforma legal sobre el cumplimiento de penas. Moro tampoco preguntará nada.

Los socios del Ejecutivo, eso sí, alertaron de que el Gobierno tiene que tomarse muy en serio el problema de la vivienda; el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, avisó de que serán muy exigentes al demandar actuaciones y “no parches o bizums para los caseros”, dijo, descalificando el anunciado bono joven. La comparecencia de la ministra, afirmó Errejón, debe convertirse en “un parteaguas sin excusas”, un momento decisivo ante “la creciente paciencia agotada de la sociedad”.

El PP no logró por tanto reescribir el orden del día del pleno de esta semana. Y tampoco consiguió que el Congreso aceptara la decisión tomada la víspera por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de frenar la entrada en vigor de la reforma legal que excarcelará a algunos etarras antes de lo previsto. La discusión, tensa, se suscitó en la Mesa del Congreso primero y luego en la Junta de Portavoces. Con el mismo resultado: la Cámara baja rechazó que se hubiera producido un veto a la ley y acordó tramitar su publicación en el BOE.

El vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acusó al presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), de utilizar una “triquiñuela” parlamentaria —sostener que había un veto de la Cámara alta para retrasar la aplicación de la reforma— a sabiendas de que podía estar incumpliendo una ley, pero no se atrevió a denominar en público esa actuación como “prevaricación” cuando se le preguntó al respecto. El socialista Patxi López sí fue más allá y tachó al Senado de “Génova 2″, en alusión a una segunda sede del PP. También acusó a los populares de “cobardía absoluta” por presentar una querella contra el PSOE apoyada en información de un diario digital en vez de atreverse a tramitar una moción de censura.