El Congreso ha respondido este mismo martes al Senado, solo 24 horas después de que el presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, le devolviese la reforma legal por la que serán excarcelados presos etarras antes de lo previsto. En su reunión semanal de esta mañana, la Mesa de la Cámara baja ha decidido oponerse a ese movimiento del Senado después de recibir un informe de los letrados del Congreso, que sostienen que la reforma legal debe quedar aprobada y ser publicada en el BOE para entrar inmediatamente en vigor, según confirman fuentes jurídicas. “La Mesa del Congreso, tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que será enviada al BOE para su publicación”, indican fuentes parlamentarias.

El embrollo parlamentario arrancó este lunes, cuando el pleno del Senado rechazó por mayoría absoluta de 148 votos en contra (los de PP, Vox y UPN), 111 a favor (entre ellos, los del PSOE) y dos abstenciones el proyecto de ley promovido por el Gobierno, en un pleno que terminó con Rollán anunciando que enviaba de vuelta el texto al Congreso. Un movimiento que hizo apoyándose en un informe de última hora de los letrados del Senado y ante la sorpresa de todos. Ese informe sostenía que el rechazo por mayoría absoluta del hemiciclo puede considerarse como un “veto”, aunque este no se había registrado en tiempo y forma (antes del 30 de septiembre). Rollán transmitió ya por la tarde su decisión a la Mesa del Congreso, de mayoría socialista, y sus letrados empezaron a elaborar una respuesta que se ha discutido hoy en el órgano presidido por Francina Armengol. Los servicios jurídicos del Congreso contradicen la argumentación de los del Senado: señalan que la iniciativa legislativa ha de publicarse en el BOE sin más dilación.

Fuentes jurídicas de la Cámara baja ya avanzaban hace días que el rechazo de una norma en el pleno del Senado sin haber presentado una enmienda o veto a tiempo no puede tener el mismo valor que el veto formal, aunque esa votación en contra fuera por mayoría absoluta (que era lo que subrayaban los letrados del Senado). Por ende, dichas fuentes apuntaban a que solo procedía publicar en el BOE la ley tal y como salió del Congreso. El informe aprobado hoy por la Mesa subraya, además, que el artículo 107.2 del propio reglamento del Senado obliga a que las enmiendas y propuestas de veto se formalicen “por escrito y con justificación explicativa”, algo que no cumplía la votación del lunes.

Según otras fuentes de la Cámara baja, la Mesa del Congreso ha decidido dar ya hoy una respuesta al Senado y no postergarla hasta la reunión del órgano del martes que viene —como sería lo normal conforme a los tiempos parlamentarios— debido a la “repercusión” que ha tenido la tramitación de la norma y el revuelo causado tras el pleno del lunes en la Cámara alta al adoptar Rollán una estrategia insólita.

Una sentencia del Constitucional de 2002

El pleno de la Cámara alta debatió el lunes el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el 18 de septiembre, entonces por unanimidad de todos los partidos. Y la previsión era que la norma saliera adelante de forma definitiva y fuera publicada automáticamente en el BOE, porque la sesión del Senado ya no tenía efectos prácticos. El motivo era que el texto había entrado en la Cámara alta sin que ningún partido presentase enmiendas ni vetos en el plazo establecido, hasta el pasado 30 de septiembre; por ello, aunque el PP, Vox y UPN votaron en contra esta vez y, por tanto, el pleno del Senado no respaldó la norma, todo el mundo asumía que esta iba a quedar formalmente ratificada conforme a los criterios parlamentarios mantenidos hasta ahora. Pero en el último momento, tras la votación, Rollán esgrimió un informe de los letrados para devolver el texto al Congreso y considerar que la norma no quedaba ratificada aún.

El informe de los letrados del Senado citaba una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre una proposición de ley de 1995 remitida por el Congreso al Senado, y que la Cámara alta rechazó por mayoría simple sin tampoco oponer veto ni aprobar enmiendas. La Mesa de la Cámara baja entendió que, al no haberse interpuesto ni veto ni enmiendas por el Senado, el texto quedaba definitivamente aprobado. El Constitucional respaldó en 2002 al Congreso y confirmó que la proposición de ley quedaba definitivamente aprobada. En el fundamento jurídico 6 de la sentencia, el tribunal de garantías señala que “el veto debe formularse expresamente y aprobarse por mayoría absoluta, de suerte que otra interpretación sería un fraude de ley, esto es, un veto aprobado por mayoría simple”.