Sumar y PSOE acentúan sus diferencias y suben la tensión en el Gobierno

El Gobierno termina la semana con otra fuerte discrepancia entre los socios de coalición. Mientras PSOE y Sumar cerraban este jueves con EH Bildu una de las reformas que más tiempo llevaba en el tintero, la de la polémica ley mordaza, otros dos asuntos han puesto el contrapunto amargo para alejar de nuevo a ambos partidos. A las últimas desavenencias en vivienda, una materia que ha dejado al descubierto históricamente las posturas diferenciadas dentro del Ejecutivo de coalición, se sumaba el rechazo a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social para crear una baja laboral “flexible”. En un contexto de incertidumbre sobre la posibilidad de aprobar las cuentas del próximo año y con un Sumar que busca arrastrar al PSOE hacia postulados más de izquierdas —una forma también de hacer ver su utilidad en el Ejecutivo—, la formación que dirige Yolanda Díaz se ha desmarcado sin ambages del socio, elevando de nuevo la tensión en la coalición.

El anuncio de la ministra Elma Saiz para crear una nueva incapacidad temporal “que no sea estar de alta o de baja” y que permita que la incorporación de los trabajadores tras una baja médica pueda ser parcial ha soliviantado a Trabajo, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. En Sumar denuncian que la propuesta fue lanzada sin previo aviso y sin que esta hubiera sido comentada con ellos. “A los trabajadores les digo que pueden estar tranquilos, su salud está garantizada. Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida”, reaccionó contundente la titular de la cartera poniendo freno a las pretensiones de Seguridad Social, también cuestionadas por los sindicatos.

Fuentes de su departamento añaden que no tienen por el momento una concreción de esa propuesta y subrayan que la incapacidad temporal “no es una opción”. Para el ministerio de Díaz, todo lo relacionado con este asunto debe abordarse desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y desde la garantía de la salud de trabajadores. “No tendría cabida ningún otro enfoque”, rechazan. Desde el sector socialista, la vicepresidenta primera llamaba a la reflexión: “Me sorprende que ni siquiera tengamos capacidad de poder, con tranquilidad, sin hacer exabruptos, discutir propuestas que llegarán o no llegarán a un acuerdo, pero hay que darle una oportunidad a ese diálogo”, respondió ya el viernes María Jesús Montero.

El otro motivo de fricción este jueves tuvo que ver una vez más con la vivienda, uno de los temas que está copando estas semanas el debate público y que ha propiciado la convocatoria de una gran protesta el 13 de octubre para reclamar medidas que bajen los precios. Después de que la ministra Isabel Rodríguez se hubiera abierto a dejar sin fondos estatales a las comunidades que no apliquen la norma para regular los alquileres —una fórmula planteada por Sumar entre las medidas para los Presupuestos—, Rodríguez modulaba su discurso coincidiendo con la celebración de la Conferencia de Presidentes (la mayoría, populares) y hablaba de “premiar” a aquellos territorios que sí apliquen la norma.

Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, era el encargado de tildar de “despropósito” la postura de Isabel Rodríguez respecto al Partido Popular y su rechazo a la ley de vivienda. “Debe cumplirse. Los gobiernos del PP la están boicoteando y hay que torcerles el brazo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Es un clamor social”, escribió en redes sociales. En Sumar no entienden el giro de la ministra, y menos con el debate social que hay planteado.

“No escondemos que es en vivienda donde tenemos los mayores desacuerdos [con el socio]. Y el PSOE está yendo muy por detrás de lo que exige mayoritariamente la sociedad española”, reflexiona Errejón en declaraciones a EL PAÍS. La formación también criticó el jueves a primera hora a través del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que los socialistas hubieran decidido presentar iniciativas en los parlamentos autonómicos para prohibir la venta de suelo público. “El Gobierno tiene instrumentos a su disposición para poder actuar”, respondió instando al ministerio a moverse. La pasada legislatura, Unidas Podemos llegó a condicionar el desbloqueo de dos Presupuestos al compromiso de sacar adelante una ley para limitar los alquileres y la norma fue aprobada en las Cortes solo al final del mandato, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Rodríguez ya fue muy cuestionada hace unos días, cuando apeló a la “solidaridad” de los caseros para bajar los precios durante una entrevista en la SER. En su estrategia de desmarque del PSOE en este asunto, Díaz también empujó el jueves a la titular de la cartera a que dé explicaciones en el Congreso, tal y como solicitaron la semana pasada los nacionalistas EH Bildu, ERC y BNG. “Yo si fuera ministra de vivienda comparecería motu proprio con carácter inmediato”, pidió la vicepresidenta.

Otras discrepancias

Las diferencias con la política emprendida por el ministerio de Rodríguez no son nuevas. En marzo pasado Sumar presento una observación formal en el Consejo de Ministros que dio luz verde al anteproyecto de la ley del suelo, que finalmente fue retirada del Congreso por falta de apoyo antes de las elecciones europeas. Se trata de una materia muy sensible para el electorado de Sumar, y aunque el grupo de Díaz no tiene competencias en ese asunto, sí han intentado hacer bandera con él, haciéndose cargo, a la vez, del malestar social en un momento en el que el coste de la vivienda ha subido el doble que los salarios de los más jóvenes.

En 11 meses de gobierno, los socios de coalición han defendido posiciones contrarias en varias ocasiones, aunque el tono dista mucho del que se mantuvo con Unidas Podemos, cuando parecía que la coalición se rompía casi todos los meses. Esta legislatura, una de las primeras batallas públicas la dio Trabajo contra Economía por el decreto sobre subsidios, cuando Nadia Calviño aún dirigía el departamento.

La ampliación del Puerto de Valencia (aprobada en Consejo de Ministros) o la intención de dotar de mayor capacidad al aeropuerto de Barajas también causaron controversia. En migración, siempre ha habido posturas diferenciadas y las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, durante su gira por África este verano calificando de “imprescindible” el retorno de quienes han llegado a España irregularmente fueron muy cuestionadas por Sumar.

Aunque sus votos no eran necesarios, el socio minoritario se desmarcó en el Congreso de la reforma pactada con el PP sobre la ley del Poder Judicial; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rebajó mucho el alcance del acuerdo para “derogar” la ley mordaza anunciado previamente por Díaz; y cuando el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, envió cartas a las empresas españolas en Israel para advertirles del “riesgo de contribuir a un genocidio”, el gesto fue reprendido por varios ministros socialistas.

Las últimas tensiones se dan en plenas conversaciones del PSOE con Junts por el techo de gasto —un asunto a la espera del desenlace del congreso que celebran los independentistas— y en la antesala de la negociación presupuestaria. Fuentes de Sumar reconocen una fuerte diferencia sobre permisos parentales. Los de Díaz quieren conseguir que al menos cuatro de las ocho semanas sean remuneradas y advierten de que Bruselas ya abrió expediente a España por no transponer la directiva europea de conciliación en tiempo y forma, una normativa que obliga a que parte de este permiso sea remunerado.