Isabel Rodríguez apela a la “solidaridad” de los caseros para bajar los alquileres y provoca un nuevo choque en el Gobierno

La vivienda ha dividido históricamente a los socios de coalición. Lo hacía ya en la anterior legislatura, cuando PSOE y Unidas Podemos condicionaron hasta en dos ocasiones el desbloqueo de los Presupuestos a un acuerdo para regular los alquileres, y lo vuelve a hacer ahora, con Sumar en el Gobierno y más de un año después de que la ley aprobada en mayo de 2023 se haya mostrado ineficaz para contener la subida de precios. El último rifirrafe entre partidos ha llegado este miércoles, a cuenta de unas palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que un día antes apelaba en la SER a la “solidaridad” de los caseros para contener los alquileres. Portavoces y dirigentes de los partidos de Sumar, que quiere hacer de esta cuestión un elemento central de las Cuentas de 2025, han salido en tromba a criticarla.

Después de ver la luz unas semanas antes de las autonómicas y municipales del año pasado, la legislación promovida por el anterior Gobierno ha caído en saco roto en buena parte del territorio, fundamentalmente por la negativa de las comunidades en manos del PP a aplicarla y porque incluso allí donde existe ya una regulación, como en Cataluña, los propietarios han encontrado grietas que permiten escapar a ella. En España, el 20% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, lo que complica la situación económica de muchos hogares. En medio de la escalada de precios y en plenas protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinos de Barcelona durante la feria inmobiliaria que se celebra estos días en L´Hospitalet de Llobregat y que han acabado hoy con cargas policiales, Sumar ha decidido redoblar su ofensiva para presionar a los socialistas a bajar los precios y regular ya los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones. En una escenificación también de que la vivienda será una de las banderas de la formación esta legislatura, la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha viajado este miércoles a Granada para reunirse con la asociación Albayzin Habitable. “Están convirtiendo los barrios en un reducto de presión inmobiliaria”, ha declarado la titular de Trabajo.

Polémica

“España es un país solidario y en su mayor parte el parque de alquiler pertenece a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles”, imploró Rodríguez durante una entrevista el martes. “Me parece un insulto a la inteligencia”, ha respondido este mediodía en La Sexta la diputada de Catalunya en Comú Aina Vidal. “En España se han multiplicado los grandes tenedores (...) No es solidaridad, es regulación lo que hace falta”, ha incidido tan solo ocho días después de que Junts tumbase en la Cámara baja una proposición de ley promovida por las organizaciones sociales para limitar los alquileres de temporada. “No es el camino”, había afirmado por la mañana en Telecinco el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. “Cuando dijimos que había que subir el salario mínimo no apelamos a la solidaridad de los empresarios, lo subimos por ley”, añadió en declaraciones recogidas por Europa Press.

Igualmente, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha censurado su petición en redes: “No se trata de reclamar la solidaridad de nadie, ministra. Se trata de que los propietarios dejen de tener la posibilidad de especular. Se trata de legislar en favor de quienes tienen dificultad para disponer de una vivienda”. “Dos palabras: Dimisión o Cese”, ha ido más allá otra dirigente de IU, Amanda Meyer.

También desde Compromís, el vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cuestionado en X las palabras de Rodríguez. “La solidaridad debe llegar al BOE para regular a favor de las familias trabajadoras. Bajemos el precio de la vivienda por decreto. ¡No compre el marco de la derecha!”, ha afirmado antes de denunciar que la vivienda está ya “hiperregulada”, pero “a favor de los fondos buitre y los rentistas”.

Sumar está muy interesado en avanzar en este asunto, lo que le permitiría hacer valer su papel dentro del Gobierno, arrastrando al PSOE a medidas que alivien la situación de los hogares y que ellos llevan tiempo reclamando. El socio minoritario presentó el lunes de la semana pasada su batería de propuestas para los PGE del próximo año, que contiene un ambicioso paquete en vivienda. Entre otras iniciativas, el grupo que dirige Díaz reclama que se condicionen las ayudas públicas a vivienda destinadas a las comunidades autónomas a la aplicación de la ley para limitar los precios de alquiler y la prohibición temporal de la compra de pisos para especular en las llamadas zonas tensionadas. La vicepresidenta ha insistido en esto desde Granada, poniendo el foco en los populares: “Frente a la rebelión del PP y su proyecto de convertir barrios como el Albayzin en un escenario turístico, queremos vivir con dignidad”.