El PSOE intenta cohesionar su base parlamentaria con la reforma de la ‘ley mordaza’

Seis años de tiras y aflojas, de conversaciones estériles y comisiones parlamentarias fallidas, han culminado en un acuerdo para llevar a la práctica una de las promesas electorales del PSOE más largamente incumplidas. Los puntos más controvertidos de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, aprobada por el PP en 2015, parecen condenados a la desaparición tras limarse las diferencias en las que hasta ahora habían encallado todos los intentos, especialmente la eliminación de las pelotas de goma como material antidisturbios. En un desenlace insospechado, la medalla final se la ha podido colgar EH Bildu, con quien han cerrado los socialistas y Sumar el acuerdo que se tornó imposible la pasada legislatura.

En un momento en que la oposición martillea a diario con la idea de que Pedro Sánchez carece de mayoría parlamentaria para legislar, el Ejecutivo ha introducido un elemento susceptible de cohesionar a los grupos que apoyaron hace casi un año la investidura del líder socialista. Para ello, el PSOE ha cedido en el punto crucial en que se empantanó la negociación parlamentaria en la anterior legislatura. Entonces formaciones como ERC, Junts y EH Bildu consideraban innegociable la prohibición de las pelotas de goma, que desde hace tiempo ya no son usadas por los cuerpos policiales de sus respectivas autonomías. Los socialistas solo estaban dispuestos como mucho a limitar su uso, nunca a eliminarlas. Se escudaban en la oposición del Ministerio del Interior y de los sindicatos de la policía, que llegaron a organizar manifestaciones ante la posible reforma de la ley. Ahora acceden a su supresión, mientras que EH Bildu acepta que se haga de forma “progresiva”. Según la portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, será el Gobierno quien deba presentar ahora el calendario para su sustitución por otro tipo de material “menos lesivo”.

En otro de los asuntos que había impedido el acuerdo, las devoluciones en caliente de inmigrantes, hay cesiones por ambas partes. El Gobierno se compromete a estudiar en seis meses una reforma de la ley de extranjería para reforzar el reconocimiento a los derechos de los inmigrantes que entran irregularmente solicitando asilo político. Pero no se prevé ninguna prohibición expresa de las devoluciones en caliente, avaladas por la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

En el PSOE, más allá de los reproches que le volverán a llover desde la oposición y los sindicatos policiales, ha pesado la necesidad del Gobierno de promover una reforma legislativa de calado para dar satisfacción a sus socios ante la próxima negociación presupuestaria. Y al tiempo combatir la imagen de debilidad parlamentaria, acrecentada tras la decisión de retirar por ahora la propuesta de la senda de déficit público para el próximo año ante el rechazo de Junts. “Hoy es un gran día”, convinieron los responsables parlamentarios de EH Bildu y Sumar. El portavoz de Justicia de esta última formación, Enrique Santiago, interpretó el acuerdo como la prueba de que habrá una “legislatura larga”, una vez que se consume lo que era “una de sus grandes prioridades”. Como señaló el diputado abertzale Jon Iñarritu, “la ley mordaza ha estado vigente más tiempo con mayorías progresistas y plurinacionales que con gobiernos del PP”.

El Gobierno ya había incluido en el plan de “regeneración democrática”, aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros, la supresión de algunos puntos de la cuestionada ley, como la prohibición de tomar imágenes de policías. En el resto no entró a la espera de que culminasen las conversaciones que mantenían discretamente con EH Bildu. Aizpurua, antes de su comparecencia en la mañana de este jueves en el Congreso, llamó uno a uno a los grupos de la “mayoría plurinacional” y extrajo una “impresión positiva”. ERC y PNV ya han anunciado que suscribirán la iniciativa, plasmada en una proposición de ley.

El único que expresó una valoración negativa fue Podemos, cuyos cuatro diputados son decisivos para una reforma que requiere de mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica. Su portavoz, Pablo Fernández, tildó el acuerdo de “insuficiente” y puso en duda que se vayan a prohibir las pelotas de goma. Enrique Santiago, su antiguo compañero de coalición, no quiso entrar al choque, pero advirtió de que “una fuerza que se diga de izquierda” no puede frustrar una reforma “para la que no va a haber muchas más oportunidades”.

Junts, el sempiterno díscolo, se mostró más ambiguo. Recordó que siempre ha estado a favor de acabar con esta “ley represiva”, pero insistió en que no firma “contratos de adhesión” y que habrá que negociar con ellos. En el grupo parlamentario de la formación reconocen que lo pactado con EH Bildu coincide básicamente con las posiciones defendidas por ellos en la pasada legislatura. Así lo subrayaron también en privado portavoces de otras fuerzas. Pero el partido de Carles Puigdemont resulta tan imprevisible que, a pesar del optimismo entre las fuerzas que apoyan al Gobierno, nadie da nada por definitivo.

Lo pactado entre PSOE, Sumar y EH Bildu se parece mucho a las enmiendas presentadas conjuntamente por la formación vasca y ERC en la anterior legislatura. Así que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se apresuró a celebrar el anuncio. Tanto la formación catalana como el PNV añadirán su firma a la proposición que probablemente este mismo viernes se registre en el Congreso.

Los nacionalistas vascos fueron el primer grupo, hace ya seis años, que promovieron en la Cámara la reforma de la ley. Y en el anterior y frustrado intento estaban dispuestos a cerrar el acuerdo que embarrancó por la negativa de ERC y EH Bildu a ceder, entre otras cosas, en la inmigración y el material antidisturbios. Pese a adherirse a la propuesta, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, advirtió de que se reserva el derecho a enmendar el texto posteriormente. La formación jeltzale, que tiene a su mando la Ertzantza, desconfía de uno de los aspectos acordados: rebajar la discrecionalidad de los policías para sancionar a los ciudadanos por desobediencia. “El principio de autoridad debe mantenerse, es fundamental”, afirmó Esteban.

Los grupos promotores esperan que la proposición pase cuanto antes el primer trámite en el pleno. Santiago incluso se atrevió a vaticinar que la reforma podría quedar resuelta antes de final de año.