El Gobierno y Bildu pactan la retirada progresiva de las pelotas de goma y desbloquean la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la ley de seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza) que el PP aprobó en 2015 gracias a su mayoría absoluta en el Congreso da un paso de gigante tras años de bloqueo por la falta de acuerdo entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Los partidos del Ejecutivo (PSOE y Sumar) y EH Bildu han llegado este jueves a un acuerdo, al que se sumarán ERC y el PNV, en el que destaca la retirada progresiva de las pelotas de goma del material antidisturbios y su sustitución, con un calendario que debe fijar el Ejecutivo, por material “menos lesivo” que no cause “lesiones irreparables”. La desobediencia a la policía pasaría de grave a leve y tendrá que ser “manifiesta, clara y objetivable”, mientras que en las faltas de respeto a los agentes “se acaba con las sanciones “injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas”. En cuanto a las devoluciones de migrantes en frontera, el compromiso es abordar en un plazo de seis meses, una vez la ley entrase en vigor, la modificación de la Ley de Extranjería para “evaluar las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.

ERC y Bildu tumbaron al final de la legislatura pasada la reforma de la ley mordaza al considerarla insuficiente. El proyecto de reforma no salió adelante por 19 votos en contra, incluidos los de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Grupo Mixto, frente a los 18 a favor de los de los dos partidos del Gobierno y el PNV. Bildu y ERC consideraban imprescindible, entre otras cuestiones, la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma por parte de la policía para hacer frente a altercados callejeros.

El acuerdo anunciado hoy ha sido fruto de una negociación “larga y discreta” que se ha prolongado durante meses, según ha señalado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha presentado en el Congreso el contenido del acuerdo junto al diputado Jon Iñarritu. “Hoy es un gran día”, ha dicho Iñarritu, unas palabras que ha repetido el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, que ha comparecido poco después. “Era uno de los principales objetivos de esta legislatura, se atiende un clamor de la sociedad española”, ha dicho Santiago, quien ha expresado su deseo de que la reforma entre en vigor a final de año.

La modificación de la controvertida ley se hará a través de una proposición de ley que ERC y el PNV ya han anunciado que suscribirán. “Nos alegramos mucho”, ha señalado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. “Son reivindicaciones fundamentales que ERC ha defendido durante muchos años”. Aunque el PNV también firmará la propuesta, su portavoz, Aitor Esteban, ha anticipado que intentarán matizar algunos contenidos, como lo referente a la rebaja de las sanciones por desobediencia, porque “el principio de autoridad debe mantenerse”.

Tanto Aizpurua como Santiago se han mostrado confiados en lograr la mayoría suficiente para aprobar la reforma. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, recordó que su formación siempre ha defendido “la derogación de esta ley represiva”, pero se limitó a señalar su disposición a negociar. La única voz discordante fue la de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, calificó el acuerdo de “insuficiente”. Pese a ello, Santiago afirmó: “No creo que ninguna fuerza que se dice de izquierda pueda no apoyar esta reforma, para la que no habrá muchas más oportunidades”.

Pelotas de goma. El artículo 23.4 de la norma, sobre el uso policial de las pelotas de goma, ha sido en todo este tiempo uno de los más controvertidos. El PSOE, Unidas Podemos y el PNV abogaban por que la ley estableciera que en el uso de material antidisturbios se emplearían “siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. ERC, EH Bildu y Junts eran partidarios de prohibir “expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma”. El acuerdo final de EH Bildu con el Gobierno establece que las autoridades competentes “deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Y añade: “Se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados bolas de goma por otros menos lesivos”. Aizpurua e Iñarritu comentaron que ahora el Gobierno deberá presentar un calendario para su supresión definitiva.

Resistencia a la autoridad. Las discrepancias sobre el artículo 36.6, que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que fue utilizado, por ejemplo, durante la pandemia para sancionar a los ciudadanos que incumplían el confinamiento, eran menores. La posición compartida era que la desobediencia debía ser “manifiesta y clara”, pero la discrepancia era sobre si esta infracción se mantenía como falta grave —sancionable con multas entre 501 y 25.000 euros— o leve —la multa sería de entre 100 y 500 euros—. El PSOE, Unidas Podemos y el PNV solo admitían rebajar la gravedad de las sanciones cuando el infractor hubiese sido sancionado por facilitar “datos falsos o inexactos en el proceso de identificación”. ERC, EH Bildu y Junts exigían que las desobediencias fuesen en todos los casos leves. Y así queda en el texto conocido este jueves: “Desobediencia. La infracción pasa de grave a leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable”.

Falta de respeto a la policía. En cuanto a la modificación del artículo 37.4, que castiga las faltas de respeto a los agentes de policía, el PSOE, Unidas Podemos y PNV planteaban que fueran multados “los actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas dirigidas a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado”. Para ERC, EH Bildu y Junts, la definición era poco concreta y permitía la arbitrariedad de los agentes al sancionar. Su propuesta era que solo fuesen castigables “los insultos o injurias”. Y querían incluir que la multa no se ejecutara “cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”. El texto pactado establece que serán infracciones leves “los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Y apunta: “Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”.

Devoluciones en caliente. El pacto sobre las devoluciones en caliente (nada más cruzar la frontera) de inmigrantes irregulares recoge que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se abordará la modificación de la Ley de Extranjería, estableciendo como criterios para su modificación “el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”. La nueva disposición, que afectará a la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, deberá “reconocer y garantizar” los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, “con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario”. En consecuencia, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional “deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión”.

La falta de consenso entre los socios de la investidura en los cuatro puntos citados se convirtió en un nudo gordiano al final de la legislatura pasada y truncó los cambios que los seis partidos favorables a la reforma sí habían acordado ya para modificar 36 artículos del medio centenar que tiene la ley. Algunos de los más sobresalientes eran la rebaja de las sanciones en un 50% si el infractor ganaba menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional o el que permitía la celebración de protestas sin comunicación previa “ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata”. También se contemplaba la supresión de la advertencia legal y posible sanción por desobediencia a los trabajadores sexuales que ejercen en la vía pública, y se dejaba de sancionar la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, el conocido como top manta. Toda una base de acuerdos que se recuperará ahora y se incluirá en la proposición de ley que, si finalmente prospera, pondrá punto y final a la ley mordaza.