Pelotas de goma, desobediencia y faltas de respeto a la policía ponen en riesgo la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, está desde este miércoles más en riesgo que nunca. Las dos reuniones celebradas en los dos últimos días entre los seis grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, PNC, ERC, EH Bildu y Junts― han permitido salvar algunas de las diferencias que mantenían, pero también han servido para constatar que las divergencias en tres puntos claves son aún grandes. En concreto, en los artículos referidos al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (artículo 36.6).

Las formaciones se acusan unas a otros de que la negociación que dura cerca de un año parezca abocada al fracaso cuando los plazos para sacarla adelante se acercan al límite. De hecho, la previsible falta de un acuerdo final provocará que el texto que salga de la ponencia parlamentaria (que solo tiene prevista una reunión más) vaya, en primer lugar, a la comisión de Interior y, posteriormente, al pleno del Congreso sin tener el consenso del bloque de investidura y, por tanto, esté en el aire su aprobación. Varios de los grupos admiten en privado que la reforma está en peligro a pesar de que en las últimas semanas las negociaciones entre los partidos han salido de las paredes del Congreso para alcanzar las direcciones de los partidos con contactos con dirigentes de las formaciones, según detallan fuentes conocedoras de las negociaciones.

En el punto más controvertido de la reforma, el uso de las pelotas de goma, ERC, Junts ―que recuerdan que los Mossos d’Esquadra tienen prohibida su utilización y emplean proyectiles de foam, material viscoelástico supuestamente menos lesivo― y EH Bildu reclaman su prohibición expresa en el futuro texto. Por su parte, el PNV ha abogado hasta ahora por un protocolo similar al implantado en Euskadi por el Gobierno vasco, que restringe su utilización por parte de la Ertzaintza a casos tan excepcionales que en los últimos 10 años sus agentes no han disparado ninguna.

Por su parte, PSOE y Unidas Podemos plantearon al inicio de las negociaciones una enmienda que no contemplaba ningún recorte, aunque abogaba por elaborar “protocolos específicos” para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Más adelante, el socio minoritario del Ejecutivo de Pedro Sánchez propuso para acercar posiciones crear una comisión presidida por el Defensor del Pueblo que estudiase “la transición y sustitución” de las pelotas de goma por otro material menos lesivo. Ambos partidos insisten que la ley mordaza no es el marco legal adecuado para abordar el uso del material antidisturbios al no haber referencias concretas a ello en el actual texto, y abogan por llevar su regulación a otra norma, en concreto a un futuro cambio de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una norma de 1986 que, en estos momentos, nadie ha planteado cambiar.

En este punto, las diferentes formaciones se acusan mutuamente de intransigencia en sus posturas. Fuentes socialistas destacan que, según una reciente respuesta parlamentaria, las pelotas de goma solo han sido utilizadas por Policía Nacional y Guardia Civil en 46 ocasiones en los últimos tres años, y critican, por tanto, que lo que consideran un tema menor ponga en riesgo el resto de avances logrados en las negociaciones. Unidas Podemos apunta en el mismo sentido y concluye que “no se puede poner en peligro el buen trabajo realizado hasta ahora y todo lo avanzado por un muy reducido número de temas puntuales”. El PNV también carga la responsabilidad del posible fracaso en los que insisten en esta prohibición: “Cada grupo tendrá que reflexionar y decidir si, a pesar de todas las mejoras y de todos los avances, consideran una mejor opción no cambiar nada”.

ERC, EH Bildu y Junts rechazan estos argumentos y acusan al Ministerio de Interior de interferir en las negociaciones en este y otros puntos por temor a la reacción de los sindicatos policiales, que se han opuesto frontalmente a la reforma de la ley mordaza y, en concreto, al recorte en el material antidisturbios. Recientemente, estas organizaciones han amenazado con volver a salir a la calle, como ya hicieron en noviembre de 2021. Desde el PSOE niegan presiones del departamento de Fernando Grande-Marlaska: “Todos los ministerios dan criterios sobre las enmiendas, [pero] luego todo depende de los grupos y lo que se vaya negociando”.

En otro de los puntos sin acuerdo hasta ahora, el que sanciona la desobediencia a la policía, Unidas Podemos ha planteado en las últimas reuniones algunos cambios en la redacción actual para conseguir el apoyo de los grupos, entre ellos especificar que la desobediencia debe ser “manifiesta” y la resistencia a los agentes, con “oposición corporal”. La propuesta ha contado este miércoles con el respaldo de PNV y PSOE, pero no con la del resto de los grupos, alguno de los cuáles recuerda que en este punto se había llegado anteriormente a un principio de acuerdo en el que luego los socialistas se echaron para atrás. En aquella propuesta anterior se señalaba que la desobediencia solo sería punible si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”.

Fuentes que han participado en las negociaciones recuerdan que este artículo es clave en la reforma, porque fue utilizado por Interior como el principal instrumento de su política punitiva durante el primer estado de alarma de 2020. Durante aquellos tres meses, las Fuerzas de Seguridad emitieron 1,14 millones de propuestas de sanción con este apartado de la ley mordaza, cuando en 2019, el mismo artículo se había utilizado para incoar tan solo 14.747 expedientes sancionadores. De hecho, el Defensor del Pueblo llegó a pedir información sobre las multas tramitadas para determinar si la policía había actuado durante el confinamiento “de manera correcta y proporcional”.

Lo mismo ha ocurrido con el artículo que sanciona las faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad., y que es uno de los más utilizados por la policía para sancionar desde que entró en vigor la norma en 2015 tras ser apoyada por el PP gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces. En este punto, la propuesta la ha hecho el PNV, con el respaldo de Unidas Podemos, con una redacción en la que habla de “expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos” que desacrediten “objetivamente” a los policías durante el desempeño de sus funciones. En este punto, el PSOE se ha abierto a valorar la propuesta, pero ERC, Junts y EH Bildu han considerado insuficientes las modificaciones porque, en su opinión, aún dejan abierta la posibilidad a actuaciones “arbitrarias” de los agentes.

Las reuniones de los dos últimos días sí han permitido, sin embargo, llegar acuerdos en otros puntos que, hasta ahora, también provocaban diferencias. Uno de ellos era el artículo 30.3, sobre la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestación por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma, Finalmente, los partidos han pactado que no se les podría exigir responsabilidad “cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación, y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa”.

También se ha salvado el escollo que suponía el artículo 17.2 (que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares públicos para identificar y cachear personas, y registrar vehículos) con una disposición adicional cuya redacción final estaba aún por cerrar. E, incluso, se ha barajado sacar de la futura ley mordaza la disposición adicional que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Algunos partidos plantean que se aborden en una futura reforma de la ley de extranjería.