El Gobierno propone crear una nueva baja laboral “flexible” que permita trabajar parcialmente

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a convocar de manera “inminente” a patronal y sindicatos para abordar la reforma de la incapacidad temporal (IT), las situaciones en las que los trabajadores no van a trabajar por estar de baja médica. Así lo ha anunciado este jueves la titular de este departamento, Elma Saiz, quien ha ido más allá y ha esbozado parte de la propuesta que hará la Seguridad Social en esta futura negociación y que consiste en crear una nueva incapacidad temporal “que no sea estar de alta o estar de baja”, siempre “desde la voluntariedad” del trabajador.

A falta de precisión de esta novedosa propuesta, Saiz ha explicado durante su intervención, en el foro Nueva Economía Fórum, que la idea que tiene el Gobierno para esta reforma es que la incorporación de los trabajadores a su empleo tras una baja médica pueda ser “flexible”, como ocurre con las fórmulas de compatibilidad entre salario y pensión. Esto supondría una especie de baja parcial para una situación intermedia entre las dos situaciones de enfermedad y trabajo.

“A nadie se le escapa que la tecnología y los avances médicos permitan que haya personas que, quizás en algunos procesos, puedan incorporarse a trabajar. En materia de pensiones antes había una regulación muy abrupta: o trabajo o pensión y con la reforma y desde la voluntariedad hemos hecho que ese tránsito sea más flexible. Pues lo mismo con la incapacidad temporal”, ha indicado la ministra en este foro.

Saiz ha puesto algunos ejemplos: “Hay procesos como el de quien esté saliendo de un tratamiento de cáncer que quizás, por supuesto desde la voluntariedad y desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar, haciendo una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja”.

Y ha añadido otro supuesto de cómo podría ser esta modalidad de baja intermedia en los casos de trabajadores con pluriactividad (más de un trabajo en alta en la Seguridad Social): “Hay personas que pueden estar en una situación que puedan estar de baja para una actividad, pero sí que puedan desarrollar determinados trabajos (en su otra actividad)”.

La máxima responsable de Seguridad Social ha concluido su intervención insistiendo en que cualquier reforma de las bajas de los trabajadores se hará “desde el consenso y el diálogo social”, pero que es necesario poner encima de la mesa una reforma de la incapacidad temporal “para adecuar esta situación a los tiempos que vivimos y a los avances médicos y tecnológicos”.

Tras esta intervención, desde el Ministerio de Inclusión se han limitado a confirmar la próxima convocatoria de “un grupo de trabajo sobre incapacidad temporal, cuya finalidad será hacer, junto a los agentes sociales, un seguimiento de la evolución de los procesos y sus prestaciones, cuya evolución supone una preocupación compartida por todos. El fin será adaptar su regulación a la nueva realidad”.

La necesidad de reformar la incapacidad temporal viene marcada por un incremento constante de estas bajas desde la pandemia que, además de disparar el gasto público en estas prestaciones, se traduce también en una saturación de los servicios médicos de salud y supone una creciente preocupación a las empresas, que no cesan de quejarse de los costes que supone el absentismo en general (el justificado médicamente y el no justificado). Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, el gasto en subsidios de incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses del año, hasta los 10.422 millones de euros.

El papel de las mutuas

Esta nueva reforma de las bajas laborales ya está prevista en el último acuerdo de pensiones firmado entre el Gobierno y los agentes sociales. En dicho pacto se recogía la creación del grupo de trabajo anunciado hoy por Saiz para, a partir de los seguimientos de los actuales procesos de bajas, se aborden las soluciones pertinentes en una reforma posterior. Si bien, el pacto de pensiones ya incluye algunas posibles medidas, como permitir que los médicos de atención primaria de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas puedan derivar las pruebas diagnósticas y la rehabilitación, incluida las cirugías, de los trabajadores afectados por bajas causadas por enfermedades traumatológicas. El objetivo de esta propuesta es agilizar el tiempo de diagnóstico y curación de estos procesos.

La derivación a la mutua se podrá producir cuando el tiempo de baja del proceso traumatológico en cuestión supere el tiempo óptimo recomendado. Además, se requerirá el previo consentimiento informado del paciente, que podrá ser revocado en cualquier momento. Dicho todo esto, el acuerdo sellado el pasado 18 de septiembre en La Moncloa zanja también un asunto espinoso al precisar que “las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud”.

Las partes también acordaron que esta medida se llevará a cabo a través de convenios de colaboración entre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios regionales de salud de las comunidades autónomas, que son de los que dependen los médicos de atención primaria. Estos convenios tienen naturaleza administrativa y están pendientes de su desarrollo reglamentario.