Gabilondo: “No he recibido ninguna presión o llamada para no recurrir la amnistía”

La amnistía ya no parece formar parte nuclear del argumentario diario de la oposición del PP en el Parlamento, pero tampoco ha desaparecido del todo. Este martes, en una comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante una comisión en las Cortes en la que justificó su decisión de no recurrir al Tribunal Constitucional esa ley, el PP y Vox aprovecharon para arremeter contra la credibilidad, autonomía e independencia de esa institución. Gabilondo argumentó que el Defensor del Pueblo no ha entrado a valorar el fondo de la constitucionalidad de esa norma y que simplemente consideró que no debía recurrirla porque aún no se ha pronunciado al respecto el propio Tribunal Constitucional y por “respeto” a las instancias judiciales que ya se han adelantado al tramitar esos recursos. PP y Vox lo acusaron de no actuar y “quitarse de en medio” por haber recibido “presiones y llamadas” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gabilondo lo negó categórico: “No he recibido ninguna presión ni ningún encargo, ni me llamó nadie de ningún poder del Estado. Tampoco lo hubiera admitido”.

El 4 de septiembre, el Defensor del Pueblo acordó no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley de amnistía. Gabilondo resumió las razones de esa posición, que se hizo pública el 11, en dos palabras: “Respeto y posibilidad”, y concluyó que con ello pretendía respetar la competencia jurídica del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su opinión, ambos tribunales han interpuesto “suficientemente” estos recursos y consideró que el asunto de fondo lo dirimirá en su momento el Constitucional, que además sentará doctrina. Gabilondo recordó que, entre las funciones contempladas para la institución que dirige, le corresponde solo determinar si presentaba o no también ese recurso, y no pronunciarse sobre si la ley es constitucional o no.

Los razonamientos y el tono templado por Gabilondo volvieron a convencer a los portavoces en la comisión mixta Congreso-Senado del PNV, ERC-Bildu, Junts, Geroa Bai y el PSOE, pero no así al PP y Vox. El representante del PNV, el senador Igotz López, empezó por refrescar la autonomía total del Defensor, reglada por ley orgánica, y alabó que no se quisiera entrometer en el trasfondo de una decisión judicial aún por determinar. Joan Queralt, de ERC, abundó sobre la idea de que aunque la amnistía no figure expresamente en ningún artículo del texto constitucional, como admitió Gabilondo, eso no quiere decir que esté prohibida y aportó ejemplos de otros términos y ausencias en la Constitución como “divorcio, aborto, matrimonio igualitario, democracia o Cataluña”, que tampoco figuran literalmente. Queralt concluyó con una frase que pronunció en el final de su intervención el catedrático Enrique Gimbernat en el Senado, cuando el PP lo citó en una comisión que montó para cuestionar la amnistía tras criticar la ley: “Acataré lo que diga el Constitucional”. Le secundaron otros parlamentarios.

Josep Pagés, de Junts, sí rebatió que Gabilondo no hubiese entrado en el meollo del debate y elaboró una disertación ahí sobre si la amnistía debe entenderse como una medida de gracia, algo que no comparte, o un derecho, porque procede ya de una ley respaldada por las Cortes Generales. En cualquier caso, lo que quería el diputado de la formación de Carles Puigdemont era arremeter contra la cúpula judicial y todas las estructuras jurídicas españolas a las que acusó de “dar un golpe” con una “interpretación imprevisible” del delito de la malversación entre las exenciones para beneficiarse de la amnistía, algo que ha perjudicado muy particularmente al líder de su partido. Esas expresiones no agradaron ni la presidente de la comisión, que avisó de que no las permitiría de nuevo, ni al propio Gabilondo.

Tras ese preámbulo llegó la exposición del diputado de Vox, Pedro Fernández, que tildó a Gabilondo de “aliado del Gobierno” y lo acusó de “falta de integridad” y de independencia al optar por “ceder a las presiones” del Ejecutivo frente “a la defensa de los derechos de los españoles”. Fernández usó también la expresión “mirar para otro lado”, que se asemejó mucho a la que reiteró luego varias veces la portavoz del PP, María Eugenia Carballedo, quien aseguró que el Defensor se “había quitado de en medio” al no recurrir una norma cuando disponía, según su opinión, de una “oportunidad y responsabilidad histórica” y “un lugar privilegiado” para actuar.

La diputada del PP alegó que con su intervención daba voz a la “avalancha” de más de 200 personas y entidades que habían presentado quejas y recursos ante el Defensor del Pueblo contra la amnistía y se mofó del razonamiento “institucional” de Gabilondo de que la ley ya estaba “suficientemente” recurrida. También insistió, sin aportar prueba alguna, en que el Defensor había resuelto no recurrir ante las amenazas “del entorno del gran jefe”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Defensor del Pueblo, elegido por acuerdo del PSOE y el PP en octubre de 2021, rechazó esos ataques y descalificaciones directas a su persona, a la independencia y profesionalidad de la institución y negó cualquier interferencia: “A mí no me ha hecho presión nadie”. También precisó con cierta sorna algunos datos de los aportados por la popular Carballedo: “El vendaval y las oleadas de solicitudes o quejas contra la amnistía han sido 30, tres de entidades, aunque una ya habría sido suficiente, pero, vamos, que contra el estado de alarma recibimos 600”. Filósofo de formación, Gabilondo acabó citando a Aristóteles y Kant, y se interrogó retóricamente: “¿Qué grano hace un montón?”.