El apoyo del PP a lo que ahora llama censura franquista: “La desinformación amenaza la democracia”

“No se veía una cosa así desde Franco”, dijo en el Congreso este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en alusión al apartado sobre medios de comunicación del plan de regeneración democrática presentado la víspera por el Gobierno. Para el líder de la oposición es un “plan de censura y persecución” a los periodistas que critiquen a Pedro Sánchez. Sin embargo, la mayoría de esas medidas están recogidas en el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación que ha de estar en vigor en los países de la Unión en agosto del año que viene y que el PP europeo apoyó en la Eurocámara. El documento donde los populares exponían sus “compromisos” ante las elecciones europeas del pasado junio afirma: “Velaremos por la correcta aplicación en España de la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación”. También prometía “reforzar el marco normativo de la UE” contra la desinformación. La ponente de la ley europea de libertad de medios de comunicación fue, precisamente, Sabine Verheyen, del Grupo Popular Europeo.

El plan de regeneración del Gobierno establece la creación de un registro de medios de comunicación para que los ciudadanos puedan conocer quiénes son sus propietarios y qué inversión publicitaria reciben. Obliga a que todas las administraciones públicas informen anualmente de las cantidades que han designado a medios; plantea reformar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para introducir “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación” y para que el método de medición de audiencias se realice bajo esos mismos parámetros y sea fácilmente verificable. Además, pide que se introduzcan “límites” a esa financiación “para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”. El texto del reglamento europeo, del que bebe el plan del Gobierno, y que apoyó el PPE, dice textualmente: “Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses” (...) “A fin de asegurar una competencia sin distorsiones entre los prestadores de servicios de medios de comunicación y las plataformas en línea y de evitar el riesgo de subvención encubierta y de influencia política indebida sobre los medios de comunicación, procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicación”.

De hecho, el PP ya se felicitó en noviembre de 2023 por la aprobación en el Consejo Europeo del texto provisional para el reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política —el ponente del grupo del PPE fue el popular Pablo Arias Echeverría— por plantear “la obligación de etiquetar los anuncios políticos como tal, incluir información sobre su financiación y quién lo ha pagado, o la creación de un repositorio público que contenga todos los anuncios políticos online”. “Así”, decía la nota del PP europeo, “se garantiza la transparencia en los procesos electorales, facilitando el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una información veraz y luchando contra la desinformación”.

El plan del Gobierno propone, también, la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación y la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra ese fenómeno. Esto tampoco es nuevo. Ya en diciembre de 2017, el PP propuso “impulsar métodos para determinar la veracidad de informaciones” —en aquel momento, invirtiendo los papeles, el PSOE habló de “censura”—. El reglamento europeo de libertad de medios establece que el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación efectuará “un seguimiento de la adhesión a iniciativas de autorregulación destinadas a proteger a los usuarios de contenidos nocivos, como la desinformación” para “minimizar sus riesgos” y ante la proliferación de “medios de comunicación implicados sistemáticamente en la desinformación y la manipulación e injerencia”. En octubre de 2022, en un seminario en el Parlamento Europeo sobre ese tipo de amenazas organizado por la eurodiputada popular Isabel Benjumea, esta aseguró que “la desinformación amenaza a la democracia” pues “es una amenaza híbrida que de manera estratégica está siendo empleada para desestabilizar gobiernos y sistemas democráticos” y su compañero de partido Pablo Arias afirmó que “la propuesta de Reglamento sobre la Transparencia de la Publicidad Política es urgente”. Unos años antes, en abril de 2018, el entonces portavoz del PP europeo, Esteban González Pons, actual vicesecretario general del partido, pidió a la Unión Europea que no se quedase “de brazos cruzados” y aprobase las normas necesarias para poner límites a la creciente proliferación de noticias falsas en Internet. “Las mentiras son tan antiguas como la política, nacieron a la vez. Política, democracia y mentiras conviven desde la antigua Grecia, pero la diferencia es que hoy en día las mentiras pueden ser más fuertes que la política y la democracia, y también más numerosas que las verdades”, dijo entonces.

En el llamado Documento de posición sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la era digital, el PP europeo afirmaba ya en 2016: “El desarrollo de la alfabetización mediática resulta crucial para que las personas sean capaces de evaluar y analizar de forma crítica la información que ofrecen los medios de comunicación”. También se preocupaba por la financiación del periodismo de calidad: “La propiedad de los medios de comunicación debe ser transparente y los reguladores nacionales deben realizar un seguimiento de este aspecto en concreto, dada su función para garantizar el pluralismo de los medios”. El plan presentado este martes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, pendiente en muchos aspectos de concreción y de un complejo consenso parlamentario, recoge medidas para “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo” y repite el concepto de “alfabetización mediática”, la clave, según expertos que llevan años analizando el fenómeno, para combatir los riesgos de la desinformación.