Un bloque de nueve partidos y al menos una docena de posturas sobre la financiación catalana

La financiación singular para Cataluña ha abierto fisuras en el bloque de investidura. Las posiciones del PSC —asumido por el PSOE— y ERC, reflejados en el acuerdo alcanzado para investir a Salvador Illa, se han topado una multitud de reparos entre sus socios. La mayoría de los aliados de los socialistas han puesto como condición para aceptar los acuerdos de Cataluña que se les permita alcanzar sus aspiraciones, que van desde el concierto fiscal que propugna el BNG para Galicia hasta la mejora en la financiación que persiguen Compromís y la Chunta para sus comunidades. Las suspicacias, sin embargo, van más allá de esos partidos: Izquierda Unida duda de que la financiación catalana encaje con la solidaridad territorial que exige el sistema, mientras que Junts y Podemos desconfían de las intenciones del PSOE. Todas esas demandas —que se añaden a la lista que tienen preparadas las comunidades— dificultan una reforma del modelo que tenga que pasar por el Congreso.

Sumar: la disparidad de demandas

El grupo liderado por Yolanda Díaz se ha visto obligado a hacer equilibrios ante las reticencias que el acuerdo entre el PSC y ERC ha suscitado entre algunos partidos –y diputados— de la coalición. Con una voluntad de aunar todas las sensibilidades, el portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, esta semana ha abogado por una reforma que concilie el respeto al “principio de ordinalidad” que reclaman los Comunes con la “solidaridad interterritorial” que exige Izquierda Unida. Y puso el acento en la necesidad de que los territorios infrafinanciados (Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha) sean compensados para poder prestar los servicios públicos en igualdad de condiciones.

A pesar de que sus dirigentes piden desdramatizarlas, las diferencias siguen ahí. Con los Comunes alineados en el pacto que permitió la presidencia de Salvador Illa en Cataluña, los diputados de la coalición que más han alzado su voz son los de Compromís. El partido, que reclama un fondo de nivelación para las comunidades más castigadas por el actual sistema, ha advertido de que no apoyará los Presupuestos si estos no contienen una partida de 1.200 millones para compensar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

También la Chunta se ha plantado y ha asegurado que no apoyará la financiación catalana si no se atienden las necesidades de Aragón, que requiere más recursos para atender su extensión territorial y el envejecimiento de la población. El partido, además, batalla para desplegar su Estatuto, que contempla la posibilidad de fijar un sistema bilateral para la financiación de la comunidad, y por lograr “una Hacienda propia” que permita a Aragón la gestión de sus recursos “con autonomía”.

El puzle lo complica Izquierda Unida, que se pronuncia sin ambages “en contra de la aplicación del criterio de ordinalidad incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC” por tratarse “de un criterio contrario al principio de equidad”. El partido considera que eso haría “imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan” y aboga por un nuevo sistema de financiación que atienda las necesidades de las autonomías “infrafinanciadas”.

ERC: el nombre hace la cosa

La posición de ERC está clara y reflejada en los acuerdos firmados con el PSC. El Ministerio de Hacienda ha manifestado su intención de cumplir con los pactos, de modo que la única discusión es de carácter nominal: ¿es o no un concierto económico? Para los republicanos, lo es y supone la salida del régimen común. Para los socialistas, no lo es y se mantienen en silencio sobre si Cataluña deberá abandonar el multilateralismo que implica el modelo actual. Su condición de primer socio de Illa en el Parlamento catalán le da una posición de fuerza pese a su inestabilidad interna.

Junts: la excepción catalana

La formación de Carles Puigdemont plasmó su posición en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, donde se pactó negociar la negociación desde las discrepancias existentes entre PSOE y Junts. El partido independentista aboga por “una modificación de la Lofca que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Y en su opinión, la fórmula acordada por el PSC y ERC no encaja con sus demandas porque no es un concierto. Como primer partido de la oposición en el Parlamento catalán, Junts no duda en considerar ese pacto de “engaño” para investir a Illa y recuerda que sus siete diputados en el Congreso son clave para la estabilidad del Gobierno.

PNV: marcando distancias

Los nacionalistas vascos respaldan los acuerdos alcanzados por ERC y PSC. Sin embargo, los nacionalistas se apresuran a marcar distancias del modelo catalán pactado respecto al foral. “No es ni el concierto económico vasco ni el convenio navarro, y estaría bien que se evitara compararlos”, ha afirmado esta semana María Dolores Etxano, dando la razón a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El partido busca a toda costa mantener su sistema fuera de los focos, pero advierte de que estarán encima de los pactos para evitar cualquier “efecto negativo” sobre su sistema.

Bildu: dudas sobre el camino

El partido también defiende una mejora de la financiación catalana y considera “absolutamente legítima” la fórmula que contemplan los pactos en Cataluña. En una entrevista reciente con Europa Press, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, hizo un llamamiento al bloque de investidura a un acuerdo para reformar el actual modelo. Menos optimista se mostró, en cambio, con la posibilidad de que Cataluña cierre un pacto similar al concierto vasco, puesto que la economía catalana representa el 20% del PIB catalán. “Es que el Estado español sin Cataluña no es viable económicamente, pero yo sí considero que es una reivindicación absolutamente legítima por parte de Cataluña que esté mejor financiada. Y espero y deseo que busquen la mejor fórmula”, razonó. A pesar de que se mostró dispuesto a seguir apoyando en el Congreso a los partidos del Gobierno, Otegi anticipó que el camino hacia la financiación catalana no será fácil. “Va a haber dificultades porque también hay gente que integra el bloque de Sumar que se opone a este pacto, al considerar consideran que, por ejemplo, Valencia, Aragón o Andalucía están infrafinanciados”, apuntó.

BNG: la oportunidad para Galicia

La portavoz del partido nacionalista, Ana Pontón, condicionará su apoyo a los Presupuestos y a la financiación catalana a que se cumpla con una agenda gallega. Y en esta, la formación que lidera la oposición en Galicia ya ha incluido una financiación singular para esa autonomía. En concreto, el partido se ha fijado lograr el mismo “trato” financiero que Cataluña y Euskadi. Sin embargo, la demanda no es una mera reacción al pacto socialistas catalanes y republicanos. En su programa electoral para las elecciones generales, el partido ya proponía “un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico y bilateral con el Estado”, de modo que la comunidad recaude todos los impuestos y decida “cómo invertirlos”. Además, pide una Hacienda Gallega que tenga capacidad para ejecutar una “política tributaria propia”.

Podemos: escepticismo con el PSOE

La formación es escéptica con los acuerdos alcanzados por PSC y ERC. Primero, porque considera que el PSOE no los cumplirá. “El Partido Socialista va a incumplir sus promesas y que ha dado gato por liebre para intentar conseguir la investidura del señor Illa”, afirmó la secretaria general del partido, Ione Belarra. Antes, Podemos había considerado ese pacto como un “cambio de cromos” y que abogó por abordar la financiación dentro de una reforma fiscal “ambiciosa” en la que se eleven los ingresos públicos a los “ricos”.

Coalición Canaria: un “error”

El partido considera un “error” que se haya cerrado un acuerdo para Cataluña cuando se mantiene el modelo de financiación de 2014 pendiente de actualización. La formación canaria reclama “garantías” al Gobierno para una reforma del sistema de financiación que respete “al fuero canario” pero a la vez mejore los recursos que recibe el archipiélago.