Una oportunidad histórica para Cataluña y España

Discúlpenme por utilizar el tan manido concepto de “histórico” cuando llevamos acumulados tantos momentos, hitos y acontecimientos a los que se califica de históricos. Pero creo que en este caso estamos ante una oportunidad que puede ser histórica.

Los acuerdos de PSC, ERC y los Comunes para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat pueden ser el inicio de algo más trascendental que un pacto de investidura. Son una oportunidad para dar un nuevo paso en la superación del conflicto catalán con una mayoría parlamentaria basada en las políticas sociales, como el derecho a la vivienda y la sanidad, y en la mejora del autogobierno, poniendo fin a la dinámica de bloques irreconciliables.

Es una oportunidad histórica para avanzar en el encaje de Cataluña en el Estado superando la frustración del procés. En Cataluña hay una mayoría amplia y muy transversal que comparte la necesidad de un mayor y mejor autogobierno con la financiación como elemento central. Eso no quiere decir que los independentistas renuncien a sus objetivos ni tampoco los que defienden el actual modelo autonómico ni los que aspiramos a una república federal plurinacional, sino que es posible un punto de encuentro que permita avanzar y salir del bloqueo y la frustración. Solo basta una rápida mirada a la última década para darse cuenta de la trascendencia que el cambio político tiene para Cataluña, pero también para el conjunto de España. El desarrollo de estos acuerdos permitirá consolidar la mayoría plurinacional y progresista en el Estado.

Esta nueva etapa es una gran oportunidad para las comunidades del llamado régimen común porque abre el proceso, postergado desde 2013, para acordar un nuevo modelo de financiación autonómico. Y lo hace en un sentido determinado: como dijo el presidente del Gobierno, “es un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico”. Pero, ¿qué tipo de federalización necesitamos? Una que sea coherente con la realidad plurinacional de España. La plurinacionalidad no puede ser solo el reconocimiento de determinados “hechos diferenciales” —históricos, culturales o lingüísticos—, sino que debe integrar las realidades políticas. La sociedad catalana, al igual que otras, ha demostrado una fuerte voluntad sostenida a lo largo del tiempo de reconocimiento nacional y de autogobierno. Para un país de países como España no sirve un federalismo centralizador —tan mencionado estos días— propio de países nacionalmente homogéneos. En España es necesario un federalismo plurinacional que acomode las distintas realidades nacionales y su voluntad de mayor autogobierno en una lógica de soberanías compartidas y de igualdad ciudadana. Es decir, la libre unión en la diversidad y más autogobierno y mejor gobierno compartido como bases de un Estado común.

Pero pasemos de los principios a las políticas concretas. El rechazo o las dudas que se han expresado sobre el nuevo paradigma de financiación planteado en los acuerdos de investidura son: que la Generalitat gestione los impuestos en Cataluña y amplíe sustancialmente su capacidad normativa, la supuesta ruptura de la capacidad redistributiva del Estado para reducir las desigualdades entre territorios y el principio de ordinalidad. Sobre las posiciones contrarias al acuerdo planea la idea infundada de que lo acordado es un concierto igual al de Euskadi o Navarra.

El nuevo modelo debe resolver los principales problemas, en buena medida comunes a todos los territorios, del actual sistema de financiación. Las comunidades tienen una amplia capacidad de gasto, pero ninguna capacidad para decidir sobre las figuras tributarias que proporcionan el 50% de sus ingresos. Si nos referimos a los tributos gestionados plenamente por las comunidades, esa cifra quedaría reducida al 10,4%. Por tanto, hay margen para ampliar la capacidad normativa y para que la gestión, con una adecuada coordinación, radique en los territorios como ya ocurre en muchos países federales. Disponer de mayor autonomía fiscal no es un privilegio, supone asumir mayores responsabilidades ante la ciudadanía.

Ninguna comunidad autónoma debe perder recursos, sino todo lo contrario. Un nuevo modelo de financiación debe garantizar los recursos suficientes para la sanidad, la educación y los servicios sociales, unas políticas sociales con una creciente necesidad de ampliar y mejorar servicios que no ha sido suficientemente atendida. Y es imprescindible abordar en paralelo una profunda reforma fiscal para que nuestro sistema sea más justo y redistributivo poniendo fin, entre otras cuestiones, a la competencia fiscal a la baja de las comunidades gobernadas por el PP que convierten Madrid en un paraíso fiscal para los muy ricos.

En relación con la cuestión del debilitamiento del Estado y a la pérdida de la capacidad redistributiva que supondría el modelo acordado: atendiendo a la letra del acuerdo entre el PSC y ERC, se dice claramente que la Generalitat participará en el sostenimiento de los gastos comunes del Estado mediante un porcentaje en los tributos y, por tanto, no mediante un cupo, una aportación directa, como en el caso vasco. Y que Cataluña tiene que contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas con el fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autónomos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar, un principio ya establecido en el actual modelo de financiación y ausente en el caso vasco y el navarro. Se mantiene, pues, un mecanismo redistributivo, con la diferencia que la Generalitat realizará la aportación directamente al Estado para tal fin. No hay ruptura de la solidaridad territorial.

El principio de ordinalidad no pretende acabar con el principio de solidaridad entre territorios, sino que establece un criterio transparente y coherente para evitar las distorsiones del modelo actual. Es un principio que ha sido aplicado en Alemania, por el cual la necesaria convergencia en recursos por habitante que iguale los diferentes territorios no puede dejar en peor posición en recursos per cápita a las comunidades con mayor capacidad fiscal. La solidaridad requiere de transparencia y proporcionalidad para evitar los resultados erráticos del actual modelo.

Se ha dicho que un acuerdo en Cataluña no puede condicionar cuestiones que afectan al conjunto del Estado. En toda negociación sobre un modelo de financiación se combina la bilateralidad y la multilateralidad. La mayor parte de las reformas del sistema de financiación (1993, 1996, 2009) se han iniciado con acuerdos de Gobiernos del PSOE o del PP con fuerzas políticas catalanas o con el Gobierno catalán, provocando en un principio dramáticos rasgados de vestiduras con argumentos muy parecidos a los actuales, para acabar siendo debatidas y acordadas en marcos multilaterales y aprobadas en las Cortes con las modificaciones legislativas correspondientes. Esta vez no creo que sea distinto.

El debate sobre un nuevo modelo de financiación será largo, complejo y debe realizarse con seriedad y sin prejuicios. Ni se va a romper España, ni la solidaridad territorial. Lo peor que podría hacer la izquierda es asumir el marco de la confrontación entre territorios de una derecha que clama contra una supuesta desigualdad territorial mientras fomenta con sus políticas una lacerante desigualdad social.

Es compatible reconocer la singularidad catalana y dar respuesta a las justas demandas de una mejor financiación de todas las comunidades, especialmente de las peor financiadas, como por ejemplo Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, y garantizar una mayor autonomía fiscal, corresponsabilidad y cohesión territorial del conjunto. No perdamos esta oportunidad histórica.