El portavoz económico de Sumar compara la “financiación singular” catalana con el “paraíso fiscal” de Madrid

La división en Sumar por la “financiación singular” de Cataluña se agudiza. El portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario, Carlos Martín, un economista de Comisiones Obreras fichado por Yolanda Díaz el año pasado para ser su referente en este terreno, ha cargado este martes con dureza contra el acuerdo entre el PSC y ERC que permitirá hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Martín considera que el pacto propone un “modelo de concierto” que “pone en riesgo la redistribución” entre comunidades, “como ya lo hacen el régimen foral o el paraíso fiscal de Madrid”. La posición de Martín entra en directa colisión con el respaldo al acuerdo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, impulsora de Sumar, y se suma a las críticas ya vertidas por Izquierda Unida y partidos soberanistas como Compromís o Chunta Aragonesista, que también forman parte de Sumar. Un portavoz de Movimiento Sumar reafirma, tras las manifestaciones de Martín, el respaldo del partido al pacto entre PSC y ERC, y considera las palabras del economista una “contribución al debate” de carácter no vinculante.

La enmienda de Martín al acuerdo evidencia que la división no solo se da en el grupo parlamentario de Sumar, de 27 miembros, sino también en Movimiento Sumar, que aporta once de ellos y cuya posición es de respaldo al pacto, en línea con los Comunes, liderados por Jéssica Albiach. Un dirigente de IU ya ponía en duda la semana pasada que Martín, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras de 2014 a 2023, estuviese en sintonía con Díaz, Albiach e Íñigo Errejón sobre este tema. Y el propio Martín, pese a que es miembro de la dirección de Movimiento Sumar, confirmó este martes esta impresión.

En cuatro mensajes en la red social X, que a su vez enlazan a un artículo en elDiario.es, Martín sostiene que el acuerdo “pone en riesgo la autonomía fiscal de la Administración central, lo que afecta a la sostenibilidad y coste de la deuda pública”, y también a “la capacidad del Estado” para afrontar retos como el envejecimiento de la población. Y añade: “[El acuerdo] ahonda en la estrategia de fragmentar y enfrentar a la clase trabajadora por territorios, al tiempo que orilla las soluciones generales a los problemas comunes en favor de arreglos singulares. Estos problemas son de infrafinanciación de los servicios públicos. Pero el PSOE no quiere hacer una profunda reforma fiscal que termine con la deserción fiscal de los ricos y las grandes corporaciones y proporcione los recursos necesarios para mantener la calidad de los servicios públicos. Prefiere ahondar en la deserción de los territorios”.

Las afirmaciones de Martín, presidente de la Comisión de Presupuestos, son de gran contundencia. No expone una mera discrepancia, sino que formula una crítica frontal. Ni siquiera en IU, donde desde la semana pasada se han alzado voces contra el acuerdo, había llegado nadie a lanzar críticas de tanto calado. “La cesión de soberanía fiscal no amplía el Estado federal, sino que lo debilita”, sostiene Martín, que dirige el foco contra el “criterio de ordinalidad, que es contrario al principio de equidad y que sostiene que la comunidad autónoma que más recauda per cápita tiene que ser la que más reciba per cápita y así mantener sucesivamente el orden, de tal manera que la que menos ingresa es la que menos recibe”. “Trasladado a personas físicas, este criterio significaría que los ricos tienen que ser los que más servicios públicos reciban, en tanto que son los que más aportan”, señala.

Su oposición no se ciñe a lo económico. “Más allá de cuestiones económicas —afirma— también preocupa que el acuerdo avance en la fragmentación del pueblo, de la clase trabajadora y de la solidaridad entre ciudadanos”. Martín cree que el pacto se fundamenta en “afirmaciones falsas sobre la infrafinanciación comparada de Cataluña” o su “solidaridad excesiva”. Y concluye: “Lo que no deberíamos aceptar en ningún caso es que una cosa tan trascendental, como cambiar la estructura del Estado, se haga tratándonos, no como personas adultas, sino como niños obligados a aceptar lo que otros disponen sobre nosotros, como si fueran nuestros padres o tutores”.

Un portavoz oficial del partido Sumar expresa su “respeto” por las “contribución al debate” de Martín, pero recalca que “no representa la posición oficial del partido, que fue acordada por la ejecutiva” de la formación y que el propio economista conoce. Este mismo portavoz recuerda que, aunque Martín es miembro de la dirección del partido y portavoz económico del grupo, también es economista y “tiene un criterio diferente”. La citada fuente oficial, que asegura que “en la dirección ya se conocía la posición de Martín” y que su posición no ha cogido por sorpresa, afirma que “por supuesto” Martín seguirá siendo portavoz del grupo. El mensaje de Sumar es de calma, en un intento de rebajar la importancia del posicionamiento de Martín, que no respondió a la solicitud de declaraciones realizada por EL PAÍS. En el partido se muestran convencidos de que todavía queda mucho por debatir sobre el pacto y que el grupo parlamentario sabrá encontrar puntos en común cuando retome sus reuniones en septiembre.

Entre el “dumping” y el modelo “plurinacional”

El acuerdo PSC-ERC no solo suscita rechazo frontal del PP y Vox y desaprobación e inquietud en sectores del PSOE, sino que también está aflorando posiciones enfrentadas en el bloque de investidura y de manera particular en Sumar. La postura oficial de Movimiento Sumar es de apoyo al pacto, que para Yolanda Díaz es “un salto cualitativo” en las relaciones entre Cataluña y el resto de España y “una oportunidad” para todas las comunidades autónomas, en línea con la posición de los Comunes. Se trata, según Díaz, de un acuerdo “muy positivo” para el país.

Estos argumentos se basan en la idea de que el acuerdo PSC-ERC avanza hacia un modelo “federal” y “plurinacional” que ataca el “dumping” de las comunidades del PP, según explican desde Sumar. Pero estas razones están lejos de convencer a todos en el grupo. IU, Compromís y Chunta se han mostrado abiertamente críticos con la “financiación singular”. En el caso de la coalición liderada por Antonio Maíllo, por entender que pone en riesgo la solidaridad entre territorios, si bien este martes la formación publicó un comunicado conciliador en el que, a pesar de criticar el acuerdo de financiación, subrayaba su respaldo a las medidas sobre “sanidad, transportes y vivienda” y mostraba su satisfacción por haber cerrado las puertas a la “derecha nacionalista”; en cuanto a las dos fuerzas soberanistas, su rechazo se basa en que la alcanzada por PSC y ERC es una solución bilateral: cualquier acuerdo —han advertido Compromís y la Chunta— deberá dar una solución a la Comunidad Valenciana y Aragón, respectivamente. También Mes per Mallorca pide que cualquier reforma del sistema compense a las Islas Baleares.

Todas estas posiciones hacen dudar que el acuerdo PSC-ERC, en los términos actuales, lograra convertirse en realidad, ya que requiere de una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que exige 176 votos. Con las posiciones actuales, está lejos de esa marca. No solo PP y Vox están contra el acuerdo, también Junts por no blindar —a su juicio— la “soberanía fiscal”. Por razones distintas, en concreto por no garantizar que paguen más “los más ricos”, Podemos también se ha mostrado crítico. La financiación singular sí tiene el apoyo explícito de Bildu, partido con estrechos lazos con ERC.