El último gran caso de presunta corrupción urbanística en la Costa del Sol encara su final 18 años después del inicio de la investigación

Han hecho falta casi dos décadas para que Astapa, el último gran caso de presunta corrupción urbanística de la Costa del Sol, quede visto para sentencia. Este lunes, 18 años después del inicio de la operación policial, las 37 personas acusadas en el juicio han podido ejercer su derecho a la última palabra. Solo lo han hecho una decena, entre ellos el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que ha subrayado que el tiempo transcurrido desde su detención en 2008 hasta ahora ha sido “muy duro”. Como el suyo, el resto de testimonios ha servido para conformar un relato dramático y emocional repleto de crisis psicológicas, depresión, ansiedad, enfermedades o problemas familiares y profesionales. “Lo que les une es que en todo este tiempo han tenido el trato de culpables y no de presuntos inocentes”, explica el abogado de tres de ellos, José Carlos Aguilera. “Este es el paradigma de la insolvencia del Estado de derecho”, ha insistido el letrado. La sentencia se conocerá el próximo 8 de noviembre.

Han sido 37 personas las que han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra como acusados, pero Astapa llegó a tener a 109 personas encausadas y un enorme volumen de documentación: 128 tomos principales con 351.114 folios, además de 646 piezas documentales. Todo procede de una investigación policial que arrancó en 2006 para esclarecer un presunto caso de corrupción urbanística generalizada en el Ayuntamiento de Estepona tras la denuncia de un concejal, David Valadez, que luego sería elegido alcalde. Las pesquisas trataban de descubrir la existencia de una supuesta trama que infravaloraba convenios urbanísticos con el objetivo de que distintos cargos políticos se enriquecieran. El fiscal ha mantenido que existía una caja b en el consistorio con “aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios”. El principal acusado era Barrientos, para quien se solicitaban inicialmente 10 años y nueve meses de prisión por cuatro delitos, y también se pedían penas de cárcel para concejales, empresarios, abogados y funcionarios.

El caso se fue desinflando a medida que pasaban los años. Primero por problemas en los medios informáticos y de personal, como denunció en distintas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que provocaron que cada paso administrativo se eternizara. La instrucción se cerró en mayo de 2017 y en julio de 2018 la Fiscalía Anticorrupción acusó ya solo a 51 personas, por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Con el arranque del juicio, en enero de 2023, los argumentos de la investigación volvieron a reducirse tras acordarse anular las escuchas que dieron origen al caso, y sobre las que siempre planeó la sombra del comisario jubilado José Manuel Villarejo, como denunció en distintas ocasiones Barrientos.

Además, el proceso judicial tuvo que ser dividido en una decena de bloques temáticos para intentar facilitar el trabajo a todas las partes. Así, se han tratado supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, pagos de comisiones, financiación ilegal de partidos o enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados, entre otras cuestiones. Todo ello con la participación de centenares de peritos y testigos.

El fiscal rebaja sus penas

Tras 15 meses de juicio con hasta tres sesiones semanales, el fiscal, Valentín Bueno, quitó aún más peso al caso el pasado mes de junio. Primero, acabó retirando la acusación a nueve personas, mientras para otras dos la causa se sobreseyó. Y, más tarde, en su escrito final de acusación, rebajó la petición de penas para todos los 37 acusados que quedaban, entre ellos el regidor esteponero, para quien la solicitud bajaba de diez a dos años de cárcel. Este lunes, el propio Barrientos hizo balance: “Han sido 16 años muy duros, muy largos”. “Creo que en mi caso, con el cargo que desempeñaba, esto se multiplica de forma exponencial, ya que quien ha acaparado el caso Astapa en los medios de comunicación ha sido Antonio Barrientos”, ha señalado, según recoge Europa Press. “Estoy muy satisfecho de que haya terminado ya este auténtico calvario por el que hemos pasado: 16 años que no se los deseo a nadie”, ha insistido ya a la salida de la Audiencia Provincial.

Para José Carlos Aguilera, abogado de tres de los acusados —Francisco Zamorano, entonces concejal de Hacienda; María Luisa Rodríguez, concejala de Playas; y un empresario— ha puesto el foco precisamente en las dificultades que ellos y otros muchos encausados han tenido desde que arrancó la investigación policial. ”Embargos de pensiones, patrimonio o depósitos en bancos, problemas familiares, empresas arruinadas. Ha habido medidas cautelares que han estado vigentes hasta hace poco y que han tenido un efecto devastador en el plano familiar, personal o profesional de muchos de ellos”, ha lamentado el letrado, cuya tesis de defensa se ha basado en que igual que los delitos prescriben, como máximo, a los diez años, “un Estado no puede tardar 18 años en enjuiciar unos hechos”. “Esto se hace ya para dictar sentencia, pero no para impartir justicia”, ha concluido.

El caso ha quedado prácticamente visto para sentencia, a falta solo de localizar a un último acusado para darle la oportunidad de ejercer el derecho a la última palabra o renunciar a ello. El tribunal prevé que la sentencia se haga pública el próximo 8 de noviembre, cuando se realizará una lectura pública de la misma, según ha explicado el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, Andrés Rodero, que ha lamentado no poder emitir antes el fallo de un procedimiento “de tantos años” ni tampoco poder adelantar las posibles absoluciones. Una vez más después de 18 años, toca esperar.