La sombra de Villarejo planea sobre el juicio al último gran caso de corrupción urbanístico de la Costa del Sol

Han hecho falta casi 15 años para que se juzgue el último gran caso de corrupción política y urbanística de la Costa del Sol. Este lunes arranca en la Ciudad de la Justicia de Málaga la vista oral del caso Astapa, con 50 acusados por malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Un juicio que va para largo. Las dos próximas semanas se han reservado para las cuestiones previas, y la fase de pruebas no llegará hasta el 7 de marzo. Habrá sesiones los lunes, martes y miércoles. Y 284 testigos y 48 peritos desfilarán ante un tribunal que busca depurar las responsabilidades de los procesados, entre ellos Antonio Barrientos (PSOE), alcalde de Estepona entre 2003 y 2008, para el que piden 10 años y nueve meses de prisión. Todo ello bajo la sombra del comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien el exregidor ha apuntado en varias ocasiones por la supuesta elaboración de informes falsos y su influencia en el desarrollo de la operación policial que acabó con su detención.

Tras el caso Malaya de Marbella, Ballena Blanca en Manilva y Acinipo en Ronda, Astapa es la última gran causa relacionada con este tipo de corrupción en la Costa del Sol. La investigación aborda la supuesta trama urdida para infravalorar convenios urbanísticos con el objetivo de conseguir un enriquecimiento personal de los responsables políticos, según la Fiscalía, que cree que este sistema irregular permitía también la “financiación subrepticia” de campañas electorales por parte de “empresarios favorecidos por resoluciones municipales”.

“Se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística […] a una previa negociación y acuerdo”, asegura el ministerio público. Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2006 después de una denuncia de dos concejales socialistas, Cristina Alarcón y David Valadez, quien luego sería alcalde de Estepona. El edil asumió el bastón de mando en 2008, después de que en junio de ese año llegaran las primeras 25 detenciones: entre ellas, la de Antonio Barrientos, además de otros concejales y empresarios de la zona.

Con el paso del tiempo, el proceso llegó a superar el centenar de imputados y alcanzó 128 tomos principales con 351.114 folios y 646 piezas documentales, que se han debido guardar en diferentes archivos por la escasez de espacio en el juzgado. Sin embargo, luego la causa se fue desinflando. Diez jueces y seis secretarios judiciales han pasado por él. El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía criticó la escasez de medios para afrontar la causa, con juzgados colapsados, deficiencias informáticas o falta de personal: en los últimos años el asunto estaba al cargo de una sola funcionaria. Una diferencia abismal respecto a los recursos con los que dispuso, por ejemplo, el caso Malaya, que se juzgó más rápido pese a ser de mayor entidad.

La figura de Villarejo

Ha transcurrido tanto tiempo desde que comenzó el caso que una decena de procesados han fallecido. Otros se han arruinado o han necesitado ayuda psicológica. La Fiscalía Anticorrupción, en su petición de penas, reconoce las dilaciones del proceso, ya que la instrucción duró “algo más de 10 años”. “La incertidumbre constante pesa como una losa. Nadie debe estar bajo sospecha tanto tiempo”, decía el abogado José Carlos Aguilera a este periódico hace casi dos años, cuando el caso estaba en punto muerto. “Cuando una causa se prolonga todo este tiempo significa que la justicia es insolvente”, insistía el letrado, que entonces ya auguraba que el juicio no arrancaría en 2022. Acertó.

Finalmente, lo hará este lunes. Con expolíticos del PSOE y del Partido Estepona (PES, heredero del GIL, de Jesús Gil), además de empresarios. La cara más reconocible es la de Antonio Barrientos, quien tras su detención dimitió de su cargo y pasó seis meses en prisión. Después, volvió a ejercer su profesión, la medicina, en la localidad malagueña de Estepona y en las gaditanas Jimena de la Frontera y La Línea de la Concepción. El exalcalde ha defendido en numerosas ocasiones su inocencia y planteará en el juicio la nulidad de buena parte de los informes policiales. “Eran alterados a la carta, según interesara”, aseguró a EL PAÍS, apuntando siempre al comisario jubilado Villarejo, que según Barrientos tuvo un papel “fundamental” en el caso Astapa y, por eso, ha solicitado en diversas ocasiones que se investigue su “verdadera participación e influencia”.

“Es claro y evidente el control de éste en el urbanismo”, aseguró el exregidor en una rueda de prensa en primavera de 2021. “Se me ha linchado durante muchos años y al final se sabrá que Antonio Barrientos fue un alcalde honesto, limpio y decente, que luchó para defender los intereses del pueblo de Estepona”, avanzó el antiguo dirigente socialista.

Según la Fiscalía, cuando el equipo de gobierno de Barrientos tomó posesión de sus cargos, en 2003, tuvo que hacer frente “a la desastrosa situación económica que arrastraba el municipio de años anteriores, soportando una plantilla sobredimensionada de funcionarios y empleados de empresas municipales”. Sin embargo, en vez de programar políticas de austeridad, incrementaron el gasto público, algo “inasumible” para el municipio, según el ministerio público.

“Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una caja b —como se hizo en otros municipios de la Costa del Sol—, que básicamente se nutriría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios”, añade la Anticorrupción. Unos pagos a los que no estaban obligados, pero que se traducían en donaciones directas al Ayuntamiento, al patrocinio de actividades y a la asunción de deudas de empresas municipales, lo que facilitaba la manipulación de facturas o la emisión de “documentos falaces”. Ese dinero financió de forma “subrepticia” actividades electorales y también supuso el “lucro personal” de varios cargos políticos, según la acusación.