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La instrucción del ‘caso Astapa’ se eterniza en Estepona tras casi seis años

El último balance eleva a 103 el número de investigados por este caso de supuesta corrupción

El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, durante su detención. Ampliar foto
El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, durante su detención.

El caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), lleva casi seis años en los juzgados y su instrucción parece no tener fin. El juez Jesús Torres ha citado a declarar los próximos 18 y 19 de diciembre a nuevos imputados. El último balance judicial, hecho días antes de que se produzcan estas comparecencias, cifra en 103 el número de investigados. En los días previos a la Navidad, el instructor también ha previsto otras actuaciones como careos, interrogatorios de testigos o pruebas caligráficas.

En cuestión de medios humanos y materiales, el caso Astapa ha sido el hermano pobre de Malaya, la causa centrada en el Consistorio de la vecina Marbella y en la que la Junta no escatimó en apoyos. “Eran otros tiempos”, justifican fuentes del Gobierno andaluz en referencia a la crisis económica.

Durante la instrucción de Astapa, tanto los jueces como el fiscal han reclamado ayuda: peritos para examinar la documentación, sobre todo convenios; funcionarios de apoyo, medios materiales y humanos para escanear documentación… Todo, para sacar adelante una investigación muy compleja en la que aún no se divisa el tramo final. Astapa saltó a la luz en junio de 2008 e implicó a numerosos miembros de la Corporación municipal, entonces presidida por el socialista Antonio Barrientos (PSOE), hoy fuera de la vida política. Además de políticos, hay implicados empleados y técnicos municipales, y un nutrido grupo de empresarios de la construcción y organización de eventos.

El último apoyo que ha perdido el juzgado número 1 de Estepona, encargado de la instrucción, ha sido el de un boina verde, término con el que en la judicatura se conoce a los funcionarios experimentados, capaces de sacar mucho trabajo adelante en poco tiempo. “Su marcha ha ralentizado aún más la instrucción”, aseguran fuentes judiciales.

En la delegación de Justicia consideran “prioritario” el avance de esta macrocausa, pero añaden que la situación de este funcionario no se podía mantener durante más tiempo. “En épocas de crisis hay instrucciones de limitar las dietas al máximo que se justifican sólo de forma extraordinaria”, explica un portavoz. Este funcionario judicial estaba destinado en la Audiencia Provincial Málaga, por lo que tenía que hacer traslados hasta Estepona todos los días. “Actualmente, el juzgado tiene asignadas dos personas de refuerzo”, aseguran.

En el crudo día a día, el juez Torres ha programado dos jornadas monográficas los próximos 18 y 19 de diciembre. Para el primer día ha previsto las declaraciones de tres de los últimos implicados. Todos están imputados por cohecho y malversación de caudales públicos relacionados con la firma de los convenios La Teja y Cortijo la Teja, las actividades urbanísticas y la organización del Congreso Mundial de Noticias.

Al día siguiente, el instructor quiere realizar dos careos y ampliar las declaraciones de un imputado y cuatro testigos, a los que les preguntará sobre unas conversaciones telefónicas que se les atribuyen.

Entre las citaciones previstas también está la de una imputada por cohecho y blanqueo de capitales, y otros 12 testigos a los que preguntará por manifestaciones hechas por implicados o su papeles en las negociaciones de convenios urbanísticos.

La agenda de estos dos días incluye la práctica de una prueba pericial caligráfica, solicitada por el fiscal, en la que determinarán si un testigo firmó unos documentos que se le atribuyen y cuya autoría negó al declarar en el juzgado el pasado 11 de julio de 2011.

En uno de sus últimos autos, notificado el 10 de diciembre, el juez pide que la Policía Judicial compruebe si el exedil del Partido de Estepona (PES) Mariano Crespo devolvió un televisor que, al parecer le fue entregado tras el Congreso Mundial de Noticias, y “si hay constancia de la entrega o devolución de otros televisores a autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Estepona, o a otras personas relacionadas con la organización y desarrollo del evento”.