El sector conservador del Constitucional gana un voto con la incorporación de José María Macías como magistrado

El Tribunal Constitucional ha dado este lunes su plácet, por unanimidad, a la incorporación de José María Macías como nuevo miembro de la institución, en un pleno destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo. Macías formará parte del órgano de garantías a todos los efectos a partir del 31 de julio, cuando tomará posesión en un acto interno del tribunal, pero el 6 de septiembre tendrá lugar otra convocatoria para la imposición de las insignias del cargo, con asistencia de autoridades de los ámbitos político y judicial. Se ha dividido en dos esta secuencia de actos para evitar ausencias en razón de las fechas.

El pleno para acoger al nuevo miembro del Constitucional ha sido muy breve y se ha limitado a comprobar que Macías cumple las condiciones que prevé el artículo 18 de la ley orgánica que rige el funcionamiento de la institución, y que establece que los miembros del órgano de garantías “deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”. Cumplido este primer trámite, Macías jurará o prometerá mañana su cargo en Mallorca, residencia veraniega del rey Felipe VI. El nuevo magistrado del órgano de garantías procede del Consejo General del Poder Judicial, donde defendió posiciones muy críticas con respecto al actual Gobierno y en concreto contra la ley de amnistía.

La incorporación de José María Macías al Constitucional refuerza el sector conservador del tribunal, compuesto hasta ahora por cuatro magistrados: César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez. El grupo progresista, a su vez, está integrado por siete: el presidente, Cándido Conde-Pumpido; la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez, Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano. La correlación de fuerzas varía, por tanto, al cambiar su actual 7-4 entre progresistas y conservadores, a un 7-5, pero sin alterar el predominio del primero de estos bloques. En caso de empate en alguna votación, por otra parte, el presidente del Constitucional recupera el voto de calidad, ya que el número de magistrados vuelve a ser par.

Macías sustituye al catedrático de derecho laboral Alfredo Montoya, que dimitió hace más de dos años por razones de salud. Su plaza no se había cubierto por la falta de entendimiento existente hasta ahora entre el Gobierno y el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE consideraba que los acuerdos no debían afectar solo al órgano de garantías, donde le correspondía al PP efectuar la propuesta de nombramiento del sucesor de Montoya, por votación del Senado.

Desde su renovación en enero de 2023, el Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de mayor calado político que tenía pendientes, entre ellos los relativos a la ley del aborto de 2010, así como sobre la ley de eutanasia y la reforma educativa de la llamada ley Celáa. También ha decidido sobre los amparos relacionados con la pérdida del escaño por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, o con las fórmulas alternativas de juramento empleadas para acceder a los cargos de diputado o senador. Al final de este semestre, el tribunal también ha resuelto los recursos contra la sentencia de los ERE, dictada por la Audiencia de Sevilla y ratificada luego por el Supremo.

Ahora el asunto de mayor calado político al que el Constitucional deberá hacer frente es el conjunto de impugnaciones que han empezado a llegar o se irán produciendo contra la ley de amnistía. De momento, el Supremo ya ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad, que estima que el texto legal aprobado es discriminatorio, arbitrario y contrario al principio de igualdad. El PP, a su vez, anunció un recurso de inconstitucionalidad que de momento no ha interpuesto. El órgano de garantías espera asimismo peticiones de amparo de los líderes del procés que no lleguen a beneficiarse de la ley de amnistía, aunque para presentarlos deberán agotar primero la vía de la jurisdicción penal, que en el caso del Supremo ya tramita alguno de los presentados.