El ingeniero que dividió las discotecas incendiadas en Murcia declara que cumplió con los requisitos del Ayuntamiento

Las discotecas que se incendiaron en Murcia el pasado octubre de 2023 causando la muerte de 13 personas ocupaban una misma nave industrial que fue dividida en dos. El ingeniero técnico que redactó ese proyecto de división, Carlos José Fuentes, ha asegurado hoy ante la jueza que instruye el caso que la sectorización era acorde a la normativa vigente en todos los aspectos y que, de hecho, se adecuó en función de los requerimientos que iba haciendo el Ayuntamiento de Murcia para mantener abiertos esos negocios sobre los que, sin embargo, en enero de 2022 dictó una orden de cese de actividad que ratificó en octubre de ese año, un año antes del incendio, y que no llegó a ejecutarse.

Fuentes ha declarado en calidad de testigo en el procedimiento abierto por 13 posibles homicidios imprudentes a raíz de este incendio, y lo ha hecho durante más de dos horas, en las que ha reiterado la adecuación del proyecto, que consistió en “sectorizar” la nave que ocupaban las salas de fiesta para que que pudiera funcionar “una sala, otra, o las dos a la vez”, según ha dicho a los periodistas a la salida de los juzgados. El técnico ha insistido en que la obra y todas las medidas de seguridad cumplían con la normativa vigente y que se presentó “todo lo que el Ayuntamiento ha exigido en cada momento para que el negocio estuviera abierto”.

El proyecto de división de las salas, ha dicho, se llevó a cabo entre 2017 y 2019, aunque no fue hasta junio de ese año cuando los propietarios de Teatre solicitaron formalmente al ayuntamiento la licencia para hacer las obras. El local, sin embargo, ya estaba dividido en esa fecha y la discoteca Fonda Milagros funcionaba al menos desde dos meses antes, organizando fiestas que publicitaba en redes sociales. La Administración se demoró en contestar: lo hizo a finales de 2020 con una inspección al local, y volvió a pronunciarse en septiembre de 2021 con un requerimiento a Teatre, antes de emitir, en enero de 2022, la orden de cese de actividad, que ratificó en octubre de ese año, aunque nunca llegó a ejecutarse, según la cronología que recoge el expediente municipal. En paralelo a este procedimiento, la discoteca inició en marzo de 2022 un expediente para legalizar su situación, que continuaba abierto en la fecha del incendio.

El ingeniero ha defendido también que todos los sistemas de seguridad encajaban dentro de la legalidad, algo que rechazan contundentemente los abogados que representan a los familiares de las víctimas mortales del incendio. Para el letrado José Manuel Muñoz Ortín, el fallo más flagrante es el de las salidas de emergencia de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, y que no pudieron utilizarse porque no daban a la calle, sino que comunicaban con Teatre, donde los investigadores sitúan el origen del fuego. En su opinión, esa ubicación de las puertas es ilegal porque no comunicaban con un lugar seguro, tal y como establece la normativa. El abogado Pedro López Graña ha puesto el foco también en “la situación aparentemente muy anómala” de la instalación eléctrica: las discotecas no contaban con ninguna empresa suministradora y se abastecían con un generador externo. Según la declaración del ingeniero, el proyecto de división de las salas sí contaba con una instalación eléctrica en regla, aunque las discotecas no disponían de la misma desde el año 2016.

El ingeniero ha defendido también la legalidad de que las dos discotecas pudieran compartir instalaciones de suministros porque, pese a la “sectorización”, continuaba siendo una sola nave, con un solo propietario con los contratos a su nombre. “Es como El Corte Inglés, que gestionar sus instalaciones en un edificio completo con diferentes establecimientos en cada una de las plantas”, ha dicho a los periodistas. En su declaración ante la jueza como investigado, el propietario de Fonda Milagros corroboró que pagaba un alquiler por el uso de la sala al propietario de Teatre, a quien abonaba además diferentes cuantías por los suministros de electricidad y agua. Tanto sus abogados como los de las víctimas mortales consideran que el ingeniero debería comparecer como investigado y no como testigo en este caso, pues piensan que tiene responsabilidad directa en el incendio por los fallos en la seguridad, si bien la jueza que instruye el caso no ha tomado por el momento esa medida y solo mantiene como imputados a los tres responsables de las salas, además del organizador de la fiesta que se celebraba en el primer local esa noche y el propietario de la máquina de fuegos fríos que los investigadores consideran que originó el fuego.

La investigación de este incendio dará un nuevo paso mañana, cuando está previsto que varios peritos contratados por las familias de las víctimas entren en las discotecas incendiadas para recabar sus propias pruebas sobre el suceso.