El Gobierno estudia “alternativas” para renovar el Consejo del Poder Judicial sin el PP tras 2.000 días de bloqueo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debería haber renovado su composición en diciembre de 2018, ha cumplido este domingo 2.000 días con el mandato caducado. El PSOE ha aprovechado la fecha para arremeter contra el PP por mantener bloqueada —por su negativa a pactar con los socialistas— una institución que tiene mayoría de vocales conservadores desde 2013, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta y sus integrantes se nombraron por última vez. En plena campaña de las elecciones europeas y justo el día en que el partido de Alberto Núñez Feijóo había convocado una manifestación contra el Gobierno en Madrid, el PSOE ha recordado que el PP llegó a pedir la mediación de la Comisión Europea en esa negociación, sin que tampoco haya dado ningún resultado. Y han deslizado que, si la parálisis continúa, se plantean reformas legales para renovar el CGPJ sin tener que contar con los populares.

Así lo ha advertido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sin concretar cuál sería la fórmula por la que optaría el Gobierno: “Si el PP insiste en bloquear y en secuestrar un poder del Estado, obviamente tendremos que buscar alternativas para que ese bloqueo no se prolongue indefinidamente como parece que desearía el PP”.

El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces: nombra a la cúpula judicial en tribunales superiores y audiencias, así como en el Supremo; e impone sanciones, además de elaborar informes sobre proyectos de ley. La ley establece desde 1985 que el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales del Consejo: ocho juristas elegidos directamente y otros 12, jueces, que son seleccionados por ambas Cámaras con una mayoría de tres quintos de entre los nombres de una lista que proporcionan previamente los propios jueces a través de la recogida de avales o de las propuestas de las asociaciones judiciales.

El PP exige que se cambie la ley para que esos 12 vocales sean designados directamente por los miembros de la carrera judicial, es decir sin que los vote el Parlamento, y que por tanto el poder legislativo deje de tener la última palabra. El PSOE se niega. Y, sobre todo, subraya que lo urgente es renovar el órgano, porque este debe ser cambiado en su composición cada cinco años, por imperativo constitucional. Entre tanto, la negociación entre los dos grandes partidos —imprescindible, por la mayoría requerida para nombrar a los vocales— está paralizada.

Pedro Sánchez ya abrió la puerta a renovar el Poder Judicial sin tener que contar con el PP a finales de abril, tras los cinco días de reflexión en los que meditó su continuidad en La Moncloa. Pero no concretó nada. El Gobierno presentó una reforma en 2021 en el Congreso para renovar el CGPJ en primera instancia por tres quintos y en segunda por mayoría absoluta, donde el PP ya no sería necesario y, por tanto, se sorteaba así su bloqueo. El Ejecutivo renunció entonces a esa reforma tras los recelos mostrados por las autoridades de Bruselas. Sánchez aseguró a mediados de mayo que no contempla rebajar las mayorías para renovar el CGPJ, siendo partidario de “soluciones viables ajustadas a la Constitución y a la legalidad democrática”, aunque sin especificar cuáles.

“Este es el comportamiento más ilegal, más contrario a la Constitución y a la Comisión Europea que ha protagonizado nunca el PP. Está paralizando un poder del Estado porque entiende que le conviene, es inadmisible. Estos 2.000 días han de servir para que reflexionemos y seamos conscientes de que no es posible que el PP continúe con ese bloqueo”, ha enfatizado este domingo el ministro de Presidencia, que espera que “pronto” y de forma “urgente” se renueve el órgano para “devolverle la normalidad institucional”.

La referencia a la Comisión Europea no es baladí. Feijóo propuso en su última reunión con Sánchez, a finales de diciembre, que la Comisión desempeñara un papel de mediadora como condición sine qua non para negociar el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces. El presidente aceptó la propuesta y el comisario de Justicia, Didier Reynders, asumió el rol de juez entre las partes. Desde entonces han transcurrido cinco meses sin avances con Reynders de mediador. Y ya no lo es: el político belga renunció como comisario en abril para poder iniciar su campaña para convertirse en el nuevo secretario general del Consejo de Europa, una institución no ligada a la UE. Su sustituta ha sido la la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová. De momento nada ha cambiado, aunque en La Moncloa esperan retomar las conversaciones tras las elecciones europeas.

“Es una derecha que dice defender la Constitución, nos da lecciones a todos de Constitución y convivencia y de respeto a los jueces y hace 2.000 días que se salta la Constitución y no renueva el Consejo General del Poder Judicial sin pudor”, ha cargado también contra el PP Teresa Ribera, candidata del PSOE a las elecciones europeas, en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria. “Son una derecha que se inventa que necesitamos que la Comisión Europea medie entre el Gobierno de España y el PP, porque si no, no va a haber manera de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y toma el pelo a los comisarios de la Unión Europea y les deja tirados. Pasan 2.000 días y sigue sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados de la Unión Europea?”, ha añadido la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica.

Desde Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha sido quien ha marcado la postura del PP de no llegar a acuerdos con el PSOE. “Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como en la Venezuela de Maduro y como siempre ha pasado en todos los gobiernos totalitarios”, ha zanjado.