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El Observatorio de Bienestar Animal denuncia a la empresa Piszolla por el sufrimiento de los peces en sus piscifactorías

El grupo animalista expone que la compañía carece en España de unos mecanismos legales de aturdimiento y esta se compromete a incorporarlos

Una de las piscifactorías de la empresa Piszolla, en una imagen cedida por la Fundación Franz Weber.
Una de las piscifactorías de la empresa Piszolla, en una imagen cedida por la Fundación Franz Weber.Fundación
Juan Navarro

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), una asociación animalista que investiga y evalúa las condiciones de trato para animales de consumo humano, ha denunciado a la empresa Piszolla por irregularidades en el sacrificio de peces en sus piscifactorías. Lo ha hecho ante la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Castilla y León, una denuncia administrativa con solicitud de inspección. La agrupación afirma que la entidad “no está utilizando como método de aturdimiento de los peces en el momento de la matanza los métodos percusivo y eléctrico”, unas normativas europeas para evitar el sufrimiento de las truchas criadas en cautividad. La electronarcosis implica aturdir a los ejemplares para garantizar el bienestar de los peces hasta el momento de su muerte. Piszolla, perteneciente a la matriz multinacional francesa Aqualande, esgrime que sí las aplican en Francia y que, tras comprobar su eficiencia, instalarán la tecnología próximamente en su planta de Alba de Tormes (Salamanca). El OBA afirma que la compañía administra más piscifactorías y que debería aplicarlas en más instalaciones.

La asociación critica que el grupo denunciado admite en correos electrónicos incorporados en la denuncia que el proceso de electronarcosis “se implantará en 2025 y 2026 en nuestros centros de Illana y Fuentidueña”, dos de sus granjas, sinónimo de que ahora no se hace. Según los activistas, “Piszolla no está aturdiendo efectivamente a sus peces”, porque en algunas de sus instalaciones usan ozono o dióxido de carbono, si bien a ejemplares más pequeños de las truchas arcoíris los introducen en hielo como vía de aturdimiento. La OBA insiste en que la documentación científica incide en los daños y dolor que puede generar ese intento de congelación en los pescados. Esa vía no siempre consigue su objetivo de dejarlos confusos o paralizados y llegan a la sección de sacrificio con la consciencia suficiente como para sufrir fuera de los estándares reconocidos por las normativas comunitarias de bienestar animal en la cadena de consumo.

La práctica del congelamiento, explican los denunciantes en un comunicado, “consiste en sumergir a los peces vivos en una mezcla de hielo con agua, o en hielo directamente, lo que produce la muerte de los animales por hipotermia o asfixia. Debido a que el enfriamiento reduce la tasa metabólica y las necesidades de oxígeno, puede prolongar la agonía, y algunas especies adaptadas al frío tardan más de una hora en morir”. Así, disponen de vídeos grabados en la piscifactoría salmantina de Alba de Tormes, donde trabajadores de Piszolla “amontonan a los peces empujando con un panel dentro del agua, para que se puedan extraer más rápido con la maquinaria” y se ve cómo “algunos peces llegan aún conscientes, moviéndose a la fase del desangrado”.

Algunos peces llegan conscientes a la fase del desangrado en las piscifactorías de Piszolla, en una imagen cedida por la Fundación Franz Weber.
Algunos peces llegan conscientes a la fase del desangrado en las piscifactorías de Piszolla, en una imagen cedida por la Fundación Franz Weber.Fundación Franz Weber

La filial española de la multinacional francesa, que tiene unas 40 plantas entre ambos países, cuenta con instalaciones en Illana (Guadalajara), Fuentidueña (Segovia) y Encinas de Arriba y Alba de Tormes (Salamanca). Míriam Martínez, responsable de bienestar de peces en OBA, insta a que los implicados modifiquen esa estrategia en sus piscifactorías: “Piszolla debe parar este sufrimiento y cambiar sus prácticas urgentemente. Prolongar el sufrimiento de estos animales en sus últimos instantes es cruel y se debe poner una solución ya”.

EL PAÍS se ha dirigido a Piszolla para conocer su posición ante el movimiento de la asociación. Portavoces de la empresa responden por correo electrónico que “nuestros métodos de aturdimiento y sacrificio son totalmente legales, ya que cumplimos con la normativa de aplicación existente en Europa así como las distintas transposiciones que hay a nivel nacional” y se defienden esgrimiendo que nunca han tenido sanciones o avisos por incumplimiento de esta normativa. Asimismo, afirman superar certificaciones sobre bienestar animal tanto en la muerte como en el proceso completo de crianza.

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La respuesta corporativa indica que en 2022 implementaron en Francia la electronarcosis y que desde entonces “hemos podido recabar datos objetivos de que el sistema es robusto y trabaja de manera eficiente”. Tras evaluar este recurso y estudiar las posibilidades para reducir el sufrimiento de los peces, anuncian que en las próximas semanas “comenzará la instalación de un sistema de electronarcosis en nuestra sala de procesado de Alba de Tormes”. Piszolla acusa al OBA de intentar “amedrentar” mediante correos coordinados para difundir un comunicado con “SU [sic] compromiso con el bienestar en el sacrificio de los peces en nuestros medios de difusión”. Aqualande y Piszolla, añaden, no publican “comunicados de terceros”. La empresa, rematan, ha avisado a los denunciantes de que “en el caso de que se dañe falsamente nuestra reputación a los ojos de nuestros clientes y consumidores, y que de hecho supongan un riesgo económico para nuestra empresa, por difamación, emprenderemos acciones legales contra quienes lo hagan”.

Míriam Martínez, ante la respuesta de Piszolla, celebra que exista el compromiso de incorporar el aturdimiento a su granja de Alba de Tormes: “Eso quiere decir que reconocen que hasta ahora no estaban haciéndolo”. Por tanto, reclama que se extienda a más instalaciones porque hasta entonces “miles de peces seguirán sufriendo”. La activista muestra el intercambio de correos electrónicos con la otra parte donde se comunican sobre el asunto y Piszolla aseguraba dar respuestas en 10 días de margen, algo que nunca llegó, además de admitir que aún no tenían esa tecnología, pero que preveían incorporarla entre 2025 y 2026. Martínez reniega de las acusaciones de amedrentamiento e incide en que han solicitado en varias ocasiones que las entidades adquieran ese compromiso y que han obtenido respuestas y plazos no cumplidos. La representante de la OBA considera que si los denunciados no han recibido nunca denuncias o requerimientos se debe a que “el bienestar de los peces no está en la agenda pública y las inspecciones en las piscifactorías no ponen el foco ahí”. Como conclusión, apunta que el gran objetivo de señalar estas presuntas malas prácticas persigue su participación activa en el bienestar animal: “Les denunciamos para que se lo tomen en serio y les empujamos a que se comprometan públicamente”.

Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.
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