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Uno de los policías heridos personados en el ‘caso Tsunami’: “Nos consideramos víctimas de terrorismo”

Dos agentes declaran en la Audiencia Nacional en la causa abierta contra los dirigentes independentistas: “Sentí peligro por mi vida”, dice uno de ellos

Tsunami Democràtic
Agentes de la Policía Nacional, desplegados en Via Laietana, en Barcelona, durante los disturbios del 18 de octubre de 2019.Massimiliano Minocri
J. J. Gálvez

Dos policías heridos en 2019 en Barcelona durante las protestas posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, que se encuentran personados como acusación en el caso Tsunami Democràtic, han narrado este martes en la Audiencia Nacional los episodios de “violencia extrema” que presenciaron cuando fueron desplegados para controlar los disturbios. Según han explicado fuentes jurídicas, ambos han insistido al juez instructor Joaquín Gadea que se enfrentaron a grupos “perfectamente organizados” y que se consideran “víctimas de terrorismo”. “Sentí peligro por mi vida”, ha recalcado después uno de ellos, ante las cámaras de televisión: “Nunca habíamos visto algo de tal magnitud como lo que se vivió en Barcelona en aquellos días”.

El caso Tsunami, que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic por alentar las protestas y disturbios de 2019, se ha reimpulsado esta semana —pasadas las elecciones catalanas del domingo—. El magistrado Manuel García-Castellón, que encabeza el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ordenó el lunes citar a una decena de imputados para interrogarlos la próxima semana: entre ellos, a Marta Rovira, secretaria general de ERC. Y, este martes, el instructor Joaquín Gadea, que trabaja como juez de refuerzo en ese tribunal, ha tomado declaración a los dos policías heridos, que se encuentran personados en el procedimiento como víctimas.

El abogado José María Fuster-Fabra, que representa a los dos agentes, ha resumido así sus testimonios ante el juez Gadea: “Han sido dos declaraciones muy claras y contundentes, en el sentido de que eran grupos que usaban una violencia extrema. Según explica la acusación en uno de sus escritos enviados al juzgado, tras la sentencia del Supremo, se convocó una huelga general para el 18 de octubre de 2019. Aquel día, los dos policías formaron parte del dispositivo de seguridad desplegado ante la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana, en Barcelona, donde “se produjeron diferentes disturbios protagonizados por sectores radicales violentos”. Estos lanzaron “intensos ataques” contra los funcionarios, empleando un “estilo de terrorismo urbano o kale borroka” y utilizando “adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje”, con el “evidente intento de producir el mayor número de bajas posibles” entre las fuerzas de seguridad. “Buscaban no solo que hubiera lesionados, sino también fallecidos”, ha remachado otro de sus abogados, Ignacio Fuster-Fabra.

Uno de los agentes heridos, Ángel, ha contado que tuvo que dejar de trabajar por las graves lesiones que sufrió en un antebrazo por el lanzamiento de una enorme baldosa: “Sufrí una fractura abierta en el brazo, que ha necesitado dos intervenciones quirúrgicas. También sufro estrés postraumático”. “Ese fue mi último servicio. Me jubilaron después con una incapacidad permanente total”. “Todos los días, según me levanto y me meto en la ducha, veo una cicatriz de 18 centímetros en el antebrazo. ¿Usted cree que se puede olvidar así como así?”, ha respondido a los periodistas apostados ante la Audiencia Nacional, donde ha apostillado: “No quiero entrar en el tema de la amnistía. Lo único que quiero es que se haga justicia y no se vuelva a repetir”.

El segundo policía herido “recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes, que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo”. “Las ambulancias no podían acceder al lugar”, ha recordado Ángel este martes, que ha relatado que tuvieron que ponerles protección en el hospital ante el temor de que pudieran intentar atacarlos también allí.

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“Acusación arbitraria”

Tras el reimpulso del caso Tsunami, 11 de los imputados han emitido este martes un comunicado para calificar la investigación como una “causa política”. “Somos activistas, periodistas, parlamentarios y miembros de la sociedad civil acusados arbitrariamente por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”, reza la nota, firmada por el expresidente catalán Carles Puigdemont; Marta Rovira, secretaria general de ERC; Ruben Wagensberg (ERC), que era miembro de la Mesa del Parlament; Josep Lluís Alay, amigo de Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica); los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; Marta Molina, que ocupó cargos dentro de Esquerra; el periodista Jesús Rodríguez; Oleguer Serra, vocal de la junta directiva de Òmnium; y Jaume Cabani, considerado como el tesorero de Tsunami.

“En el contexto actual de tramitación parlamentaria de una ley de amnistía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley que cumple los estándares internacionales, tal y como ha confirmado la Comisión de Venecia. Por eso, se usa la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía”, afirma el comunicado, que considera “fraudulento” el uso del delito de terrorismo contra los 11 imputados.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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