El juez del ‘caso Tsunami’ cita a declarar la próxima semana a Marta Rovira y otros ocho imputados

El magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, ha reimpulsado esta causa tras la celebración de las elecciones catalanas del domingo. A través de un auto dictado este lunes, el juez ha citado a ocho de los imputados para que declaren por videoconferencia desde Barcelona el próximo 22 de mayo. Entre los incluidos en el listado se encuentra Marta Rovira, secretaria general de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que huyó a Suiza en 2018. Paralelamente, García-Castellón ha emitido una orden de cooperación internacional para que se interrogue en Italia a un noveno imputado, Nicola Flavio Giulio Foglia.

En el caso Tsunami, que permanece abierto desde 2019 y que mantiene bajo sospecha a una docena de personas por supuestos delitos de terrorismo, se investiga a la plataforma Tsunami Democràtic por alentar las protestas y disturbios que se produjeron ese año contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes políticos del procés. El sumario se ha dividido en dos. Por un lado, el Supremo se ha quedado la parte de las pesquisas relativas a los dos investigados que se encontraban aforados —el expresidente catalán Carles Puigdemont, eurodiputado; y Ruben Wagensberg (ERC), que era miembro del Parlament—. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha seguido adelante con la parte referida a la otra decena de imputados: entre ellos, Marta Rovira.

Y, precisamente, este lunes, García-Castellón ha dado un nuevo acelerón a esa segunda pata de las pesquisas. Pasada la tregua que los tribunales suelen conceder en periodos preelectorales (para evitar influir en los comicios), el magistrado ha retomado el sumario y emitido un auto de 12 páginas para, entre otras medidas, tomar declaración a ocho de los imputados. Además de a Rovira, el juez ha ordenado que las siguientes personas comparezcan por videoconferencia desde Barcelona: Josep Lluís Alay, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica); el empresario Oriol Soler; Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; Marta Molina, que ocupó cargos dentro de Esquerra; el periodista Jesús Rodríguez; Oleguer Serra, vocal de la junta directiva de Òmnium; y Jaume Cabani, considerado como el tesorero de Tsunami.

La cita del 22 de mayo, por tanto, resultará clave. Aunque, en primer lugar, está por ver cuántos comparecerán a la llamada del juez instructor. Al menos tres de los citados en Barcelona viven en Suiza: Marta Rovira, Jesús Rodríguez y Oleguer Serra —así como el empresario Josep Campmajó, también imputado, pero que no se encuentra incluido en el listado de citados la semana próxima—. Al banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia, al que se quiere interrogar en su país, se le sitúa igualmente en el Estado helvético.

En su auto de este lunes, el magistrado acuerda también la práctica de una serie de averiguaciones para esclarecer las supuestas acciones impulsadas por Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día de reflexión de las elecciones generales convocadas para el día siguiente de aquel año. El juez García-Castellón considera que los responsables políticos de la Generalitat, presidida entonces por Quim Torra, pudieron cometer una “infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral” al no impedir que se celebrasen esas protestas. “Tsunami convocó a través de Twitter y Telegram a sus seguidores a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), organizando durante la jornada de reflexión una serie de actividades culturales, políticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad autónoma catalana, pretendiendo con ello interferir en el proceso electoral”, resume el instructor.

“La elección del 9 de noviembre de 2019 para el ejercicio de la acción evidencia, a juicio de este instructor, la voluntad de Tsunami de subvertir el orden constitucional, acometiendo uno de los pilares del sistema democrático instaurado en la Constitución: el libre ejercicio del derecho fundamental de participación política contemplado en el artículo 23 de la Constitución, mediante la injerencia en el proceso electoral para la elección de las Cortes Generales”, afirma el auto del juez, que remacha: “Hasta ahora conocíamos que la acción incumplió el mandato legal de respetar el día de reflexión, perturbando el proceso electoral, pudiendo ser constitutivo de un delito electoral previsto en la Ley Orgánica del ramo. Lo que se ha podido conocer, a través de los oficios recabados, es la inacción de la autoridad gubernativa responsable de impedir su desarrollo”.

Entre otras iniciativas, García-Castellón ordena a la Guardia Civil que averigüe si los Mossos recibieron alguna instrucción para “no actuar ante las concentraciones no autorizadas celebradas el 9 de noviembre de 2019”.