La Audiencia avala investigar si Tsunami quiso actuar al paso de una comitiva de Felipe VI en Barcelona

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado las indagaciones impulsadas por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic, para investigar si esta plataforma independentista tenía entre sus objetivos actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI durante una visita a Barcelona en julio de 2020. El magistrado dio luz verde a estas averiguaciones en enero, en el marco de las pesquisas abiertas por delitos de terrorismo contra Tsunami Democràtic, que alentó las protestas en 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes políticos del procés.

La Sala de lo Penal, que rechaza así las alegaciones presentadas por la investigada Marta Molina, explica que la ley no siempre permite recurrir a esta instancia cualquier resolución del juez que acuerde una serie de diligencias de investigación, pues esto restringiría la capacidad de los instructores para indagar sobre un asunto. Según expone el tribunal, lo que se puede apelar es precisamente “lo contrario”: “Esto es, una resolución que niega a una de las partes la práctica de diligencias que hubiere solicitado”, explica la terna de magistrados que firma el auto (Félix Alfonso Guevara, Francisco Javier Viera y José Pedro Vázquez).

En su resolución, la Sala descarta igualmente la tesis de las defensas de que el caso Tsunami es una causa prospectiva: “Lo que está persiguiendo el juzgado con sus investigaciones es ahondar en el conocimiento de los hechos, en los que existen personas perjudicadas y una posible utilización de instrumentos aptos para dañar y perjudicar”. “El juzgado, ordenando las pesquisas a los cuerpos policiales, [...] no sale en abstracto a ver con qué se topa. Profundiza, indaga, persigue siempre el máximo conocimiento de lo que hubiera ocurrido, de lo que siempre tiene [...] noticia del crimen que tiene obligación de comprobar”, afirma el auto del tribunal, que remacha: “[El instructor] tiene suficientes antecedentes de la realidad de acciones de posible cariz delictivo”.

El pasado enero, el juez García-Castellón ordenó recabar datos para averiguar si miembros de Tsunami “podrían” haber tenido “en mente” actuar al paso de una comitiva del Rey en Barcelona en verano de 2020 “con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona”. La entrega de esos premios fue suspendida y aplazada a julio del año siguiente con motivo de la pandemia, tras meses de dudas sobre si se iba a celebrar o no. El magistrado pidió a la Guardia Civil que investigase si un agente de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, facilitó a Tsunami información sobre el “despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos” del monarca.

El caso Tsunami se ha dividido actualmente en dos. El Tribunal Supremo se ha quedado la parte de las pesquisas relativas a los dos investigados que se encuentran aforados —el expresidente catalán Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y Ruben Wagensberg (ERC), miembro del Parlament—. La Audiencia Nacional sigue adelante con la parte referida a otra decena de imputados: entre ellos, Marta Rovira, secretaria general de ERC.