Al menos siete de los 12 investigados por su vinculación con Tsunami residen ya fuera de España

Dos investigados más por su vinculación con Tsunami Democràtic han confirmado que han trasladado su residencia a Suiza. El periodista de La Directa Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó se suman a otras personalidades de la docena de investigados que también han dejado España. El miércoles, el dirigente de Òmnium, Oleguer Serra, reveló desde Perpiñán (Francia) que también siguió el mismo camino hace seis meses. Los anuncios llegan días después de la providencia del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para conocer el paradero de los investigados por terrorismo y citarles a declarar junto a una decena de investigados.

Los dos investigados se han trasladado con la voluntad de protegerse de la investigación, ya que el país helvético ha rechazado hasta ahora colaborar con la instrucción. En total, al menos siete de los 12 encausados por el caso Tsunami viven actualmente fuera de España. Además de los tres citados, residen en el extranjero el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (ahora en Francia tras vivir inicialmente en Bélgica); la secretaria general de ERC, Marta Rovira (Suiza); el diputado de ERC Ruben Wagensberg (Suiza) y el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia (Suiza). También están investigados el empresario Oriol Soler, el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el ex secretario de organización de ERC Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; y el considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabaní, que se trasladó inicialmente a Bélgica.

Aunque el juez Manuel García-Castellón abrió la investigación judicial sobre Tsunami en 2019, el caso dio realmente un salto cualitativo el 6 de noviembre del pasado año. El magistrado acordó entonces citar como imputados por terrorismo a esta docena de investigados. La decisión del instructor se produjo en plenas negociaciones del PSOE con Esquerra y Junts para aprobar una ley de amnistía, y en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no contempla el delito de terrorismo y que, además, considera que no existen indicios suficientes contra los líderes secesionistas, informa J. J. Gálvez.

A partir de entonces se abrió una intensa batalla entre el juez y la Fiscalía, que ha propiciado la división de la causa en dos partes. Por un lado, el Tribunal Supremo ha asumido la investigación sobre los dos imputados que se encuentran aforados (Puigdemont, por su condición de eurodiputado y Rubén Wagensberg, miembro de la Mesa del Parlament); mientras que García-Castellón sigue adelante con la parte de las pesquisas sobre los otros diez señalados. De hecho, el juzgado dictó una resolución el pasado lunes para que las defensas de siete de estos imputados facilitasen sus direcciones “inequívocas”; y para que la Guardia Civil averiguase el domicilio de los otros tres (Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní y Nicola Flavio Giulio).

Los dos últimos en abandonar España, Rodríguez y Campmajó, han denunciado la “instrumentalización” del poder judicial. El periodista ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio y en La Directa que tomó la decisión porque “la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la ley de amnistía”. El comunicador decidió en las pasadas Navidades fijar su residencia en Suiza y ha defendido que “la causa del Tsunami es política” y las acusaciones contra él, “inconsistentes”. También ha lamentado estar acusado por tener “información previa” de las manifestaciones de otoño de 2019, tras la sentencia contra los líderes del procés, “es decir, por hacer el trabajo que se le presupone a un periodista”, ha dicho. “Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quién hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca”, ha añadido.

Campmajó, por su parte, ha asegurado que su decisión está motivada por el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. “Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía: ‘Ya los tienes allí’. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar”, ha explicado. El empresario ha negado un papel de liderazgo en Tsunami: “Cuando dicen que al frente de Tsunami estaba fulanito, no tienen ni idea de qué va, y en parte lo entiendo, porque en España no se puede entender nada sin que haya alguien que les mande”. Òmnium ha desplegado por la mañana una pancarta de unos 20 metros de ancho en el área de taxis de la zona de llegadas del Aeropuerto de Barcelona en la que aseguraba en inglés que “en España protestar es terrorismo”. “Estimado visitante, recuerde que en España protestar es terrorismo. Pórtese bien”, rezaba la pancarta, que ha sido retirado por personal de aeropuerto al cabo de poco.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido tras conocer la decisión de las investigados que ahora, “con la política valiente de este Gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política”. En una comparecencia de prensa tras firmar un acuerdo de subida salarial para los funcionarios de Justicia, el ministro ha pedido poner el foco en la política del Gobierno de Pedro Sánchez y en su apuesta por el diálogo. Tras conseguir el Gobierno la aprobación de la ley de amnistía que beneficia a los encausados por el procés, Bolaños ha reivindicado conseguir, desde las diferencias, grandes acuerdos “transversales y en los que se vea representada la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana”.

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