Allekema Lamari, una clave del 11-M escondida en el traspaso de poderes

El traspaso de poderes más traumático de la democracia tuvo lugar el 18 de abril de 2004, apenas mes y medio después de la matanza de los trenes en Madrid que causó 192 muertos (el atentado se saldó finalmente con 193 fallecidos porque un policía murió el 3 de abril en la explosión provocada por la célula en un piso de Leganés). El PSOE, contra todo pronóstico, había ganado las elecciones generales. La relación entre el Gobierno saliente, del PP, y los socialistas era pésima; la cortesía institucional fue imposible. La bronca política era entonces la condición normal del país.

El traspaso de poderes se celebró en el Ministerio del Interior solo 15 días después del suicidio de siete de los terroristas islamistas de la célula cercados por la policía en un piso de Leganés (Madrid). Ese suceso enterraba el debate sobre quién había causado la matanza. O eso parecía. El Gobierno del PP proclamó entre el 11 y el 14 de marzo que ETA estaba detrás del atentado. Y alentó meses después todo tipo de bulos sobre esa hipótesis, pese a las evidencias halladas entre los escombros de la explosión de Leganés.

”En ese contexto, la única documentación que le dieron al ministro José Antonio Alonso fue una carpeta con una hoja que tenía los hoteles que podía reservar para los JAI, los consejos de ministros de Justicia e Interior [en Bruselas]”, rememora ahora, dos décadas después, Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad. “Con Ignacio Astarloa [su homólogo del PP] el trato fue muy correcto, pero no me dio ninguna información en relación con las investigaciones sobre los atentados del 11-M”, sostiene Camacho. El ministro del Interior del PP, Ángel Aceces, aseguró entonces, sin embargo, que estuvo dos tardes explicando oralmente la política antiterrorista al nuevo ministro y que dieron al secretario de Estado una documentación sobre las cuestiones tratadas que ocupaba “todo un armario”.

José Antonio Alonso falleció el 2 de febrero de 2017. Antonio Camacho, su principal colaborador que acabó siendo ministro de Interior en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en declaraciones a EL PAÍS que al ministro socialista no le informaron de nada y que en el armario que citó Acebes había muchos papeles “pero ninguno de ellos tenía entidad en relación con el 11-M”. “No nos contaron cómo iban las investigaciones, qué elementos tenían. Sacaron toda la documentación que tenía que ver con eso”, señala.

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El juez y la fiscal del 11-M, ante el gran bulo

El entonces secretario de Estado de Seguridad comprobó que le habían ocultado información cuando convocó las primeras reuniones de coordinación entre Policía, Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “De pronto empiezo a notar que hablan de cosas que yo desconozco, de posibles responsables del 11-M, y hacían referencia a un tal Allekema Lamari… Me reúno con el responsable de Inteligencia, que era un militar, y le pregunto si hay alguna documentación del CNI respecto a eso. Y entonces me trae los informes del CNI en donde hay uno, de noviembre del año anterior, donde se señalaba que Allekema Lamari podría estar organizando un atentado y que convendría controlarlo”. Lamari es uno de los terroristas que se inmolaron en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004, tres semanas después de los atentados de los trenes, pero su identidad no fue confirmada hasta seis meses más tarde.

José Bono, entonces ministro de Defensa, escribió en mayo de 2004 una nota dirigida al presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre ese informe del CNI supuestamente ocultado a Interior. En su libro de memorias, Bono cuenta una reunión de urgencia con Zapatero un año después de los atentados, cuando algunos bulos apuntaban al PSOE como cómplice de la matanza: “Me pide que intervenga en el Congreso de los Diputados para poner de manifiesto que, en los atentados del 11-M, el PP tiene la responsabilidad de no haber atendido los avisos del CNI. ‘Tienes que decir la verdad y demostrar con documentos que el Gobierno Aznar tuvo suficientes datos y avisos del CNI, desde meses antes, que le tendrían que haber llevado a tomar las medidas que no tomó. Solo tienes que decir la verdad, lo que me mandaste en tu nota de mayo pasado’. Me la exhibe, y en concreto que tres días antes del atentado, el 8 de marzo, el Ministerio del Interior supo que el terrorista Allekema Lamari había decidido realizar un grave atentado en España, tres días antes!!!”.

Bono es impreciso con las fechas, pero no lo es sobre el contenido del aviso. Una nota del CNI enviada a Interior el 6 de noviembre de 2003 —cuatro meses antes de los atentados— advertía de la peligrosidad del argelino Allekema Lamari, quien estaba repartiendo dinero entre islamistas presos, lo que se interpretaba como una despedida: “Bien porque va a abandonar España o bien porque sería una inminente acción violenta por su parte”. En esa nota se citaba la posibilidad de un ataque contra un edificio con un “vehículo conducido por un mártir”.

Camacho dice que puede entender que Interior no hiciera caso en 2003 a aquel informe del CNI, pero no que nadie les hablara durante el traspaso de poderes de que existía esa nota de inteligencia: “Puede ser que el servicio secreto no sea infalible, pero el caso es que el elemento existía y nos lo ocultaron”, afirma. Tampoco conocieron en aquellos primeros días al frente de Interior que el CNI había elaborado otro informe el 15 de marzo de 2004, cuatro días después de los atentados, en el que apuntaba a la participación de Lamari en la matanza y pedía que se diera la máxima prioridad a su localización.

Lamari se suicidó el 3 de abril de 2004 en el piso de Leganés junto a Abdennabi Kounjaa, Abdallah; Asri Rifaat Anouar; Mohamed y Rachid Oulad Akcha; Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, y Jamal Ahmidan, El Chino. Pero Argelia no confirmó hasta octubre de 2004 que el ADN del séptimo islamista pendiente de identificar correspondía a Allekema Lamari. Aquellos avisos del CNI cobraron entonces todo su valor. El terrorista argelino había sido condenado por pertenencia a banda armada en 2001, pero fue puesto en libertad en junio de 2002 por un error judicial. Bono, del que dependía el CNI, se quejó por ese error al presidente del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial llegó a abrir un expediente, pero concluyó que la infracción de los jueces había prescrito, según recuerda en sus memorias el exministro de Defensa y expresidente del Congreso.

Camacho comprobó en aquellas reuniones de coordinación que existía un enorme agujero de información entre los cuerpos de seguridad; que la Guardia Civil no tenía acceso a las bases de datos de DNI de la Policía; y que la Policía tampoco tenía acceso a las bases de datos de los registros hoteleros de la Guardia Civil. “Las comunicaciones intervenidas a los presos islamistas no se traducían porque no había traductores. Creamos el Centro Nacional Antiterrorista, con presencia del CNI, para la coordinación de todas las políticas. Y, sin embargo, el PP no dejó de atacarnos cada día con diversas excusas”, lamenta.

La falta de información sobre lo que el Gobierno saliente supo del atentado alimentó algunas dudas sobre los autores reales de la matanza. El bulo que llegó después con múltiples caras despreció estas evidencias y desparramó teorías variopintas contrarias a los hechos hasta llegar a las puertas del juicio. El tribunal se encargó de desmontar el bulo definitivamente en su sentencia: “Se aísla un dato, se descontextualiza, y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de la valoración conjunta de los datos que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia”.