El Poder Judicial se plantea si los jueces delinquieron al excarcelar a Lamari

La presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, tiene previsto proponer a los otros cuatro vocales de la comisión remitir la excarcelación del supuesto cabecilla del 11-M, Allekema Lamari, al fiscal general del Estado por si hay responsabilidad penal en la conducta de los tres jueces que le pusieron en libertad, dado que ha prescrito la responsabilidad disciplinaria.

Comas, vocal propuesta por el PSOE, estudió ayer la información remitida por el Servicio de Inspección del CGPJ, que propone el archivo de la investigación abierta al presidente, Francisco Castro Meije, y los otros dos magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo y Luis Martínez de Salinas, por excarcelar antes de tiempo, el 29 de junio de 2002, a Lamari, condenado un año antes a 14 años de cárcel por delitos de terrorismo.

La propuesta del Servicio de Inspección es el archivo de la información previa a la actuación disciplinaria, "por encontrarse prescrita la posible falta disciplinaria", al haber transcurrido más de dos años desde que se produjo la conducta investigada, plazo de prescripción establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para las faltas muy graves, como la que se podría haber cometido en este caso: "Desatención" en la "tramitación y resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

La presidenta de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, una vez que es aplicable la prescripción de las faltas posiblemente cometidas, someterá a sus cuatro compañeros de comisión, en la reunión prevista para el 2 de diciembre próximo, el envío de la información sobre la conducta de los tres jueces al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por si considera oportuno entablar acciones penales.

Otra "consecuencia jurídica"

Montserrat Comas ha tomado esta iniciativa a la vista del informe de la Inspección del CGPJ que, además de proponer el archivo disciplinario del caso, abre la puerta a otras responsabilidades de los jueces que excarcelaron a Lamari, con estas palabras: "Caso de considerarse que tales acontecimientos [los descritos en el informe, susceptibles de incurrir en la falta de 'desatención'] podrían generar algún otro tipo de consecuencia jurídica, se debería optar por la vía jurisdiccional, en el orden que fuera el oportuno".

Para que prospere la iniciativa de Comas será necesario que, al menos, otros dos miembros de la comisión disciplinaria la apoyen. Los otro cuatro integrantes son los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique Míguez; Ángeles García, propuesta por el PSOE, y el designado por consenso de PP y PSOE, Agustín Azparren.

El delito en el que podrían haber incurrido los jueces responsables de la excarcelación de Lamari sería, según fuentes del CGPJ, el de prevaricación culposa, castigado con de dos a seis años de inhabilitación, y descrito en el Código Penal como el cometido por el juez o magistrado "que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta". En el CGPJ ha producido malestar que Castro Meije alegue que cada mes hay que decidir "entre 10 y 20 peticiones de libertad (...), buena parte de ellas de personas con nombre extranjero y de origen árabe", y que los otros dos magistrados hayan utilizado idéntico texto para describir su desmemoria.