Sánchez mantiene el rumbo tras las gallegas y aprieta para tener la amnistía cuanto antes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusa el golpe de las gallegas, y ha transmitido a los suyos que es consciente de que tienen un problema en este territorio y en otros, donde necesitan consolidar varios cambios de liderazgo que se han producido recientemente o están a punto de hacerlo. Pero el pésimo resultado en esta comunidad no llevará al presidente a cambiar el rumbo de la política nacional. Los 50.000 votos que ha perdido el PSOE en Galicia, analizan en La Moncloa, no han caído por la amnistía, porque se han ido de forma masiva al BNG, aún más entusiasta del perdón al procés, sino porque el PSOE —como le pasó en Madrid— no ha sido visto por la izquierda como el líder de la oposición.

Sánchez, por tanto, ha decidido mantener la línea fijada del acuerdo con los independentistas y en especial la idea de sacar adelante la ley de amnistía cuanto antes. Ni hay marcha atrás ni se endurecerá la posición. La idea es seguir negociando —este fin de semana ha habido contactos e intercambios de papeles, con propuestas y contrapropuestas, según fuentes de la negociación, aunque las posiciones siguen sin moverse básicamente de donde estaban— pero con un límite muy claro que los socialistas insisten en que no superarán: no van a cambiar la ley para incluir todo tipo de terrorismo en la amnistía, como pide Junts.

En principio, el PSOE quería apretar la semana pasada —por eso hubo una reunión el jueves en Barcelona, en plena campaña de las gallegas— para poder tener el acuerdo listo esta semana y aprobarlo sin tener que hacer uso de la prórroga de 15 días, que se pidió por si acaso, porque terminaba el plazo para hacerlo. Sin embargo, fuentes de la negociación señalan que tal como están las posiciones ahora, parece muy difícil llegar a un pacto esta semana, con lo que se iría a la próxima o la siguiente, apurando los plazos.

La posibilidad de fiasco, esto es, de que no salga la ley, sigue encima de la mesa, porque el PSOE tiene una línea roja clara y Junts insiste en reclamar que se incluya todo tipo de terrorismo para evitar que los jueces puedan intentar que Carles Puigdemont y otros queden fuera de la amnistía. Pero tanto los socialistas como Junts trasladan que hay voluntad de acuerdo y creen que la ruptura es improbable porque a los dos les conviene un pacto.

Sánchez ha decidido, pues, apretar, pero no para que caiga la amnistía, más bien al contrario, para que salga cuanto antes y se pueda así empezar a trabajar en serio en los Presupuestos, el siguiente hito para consolidar la legislatura. La negociación es compleja porque el PSOE ofrece acortar los plazos de la instrucción a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) pero sin tocar la ley de amnistía, que los socialistas ven bien tal como está, igual que los demás aliados. Junts, por el contrario, no rechaza el cambio de la Lecrim, pero lo considera insuficiente y exige modificaciones sustanciales en la ley. Los socialistas no descartan cambios siempre que no pongan en riesgo la constitucionalidad de la ley, y rechazan de plano aceptar que entre todo tipo de terrorismo. Puede haber alguna “solución creativa” en la recta final, admiten diversas fuentes, pero de momento no se ha encontrado.

Lo que está muy claro es que los distintos grupos de la mayoría no creen que el resultado de las elecciones gallegas vaya a cambiar nada significativo en la política nacional. De hecho, en el PSOE, pese al duro golpe recibido, creen que el PP, que ahora está eufórico, hace mal en olvidar que el giro que dio Alberto Núñez Feijoo en plena campaña sobre Cataluña —habló de “reconciliación”, admitió que estudió la amnistía durante 24 horas, después de que el PP se mostrara abierto a un indulto a Puigdemont siempre que mostrara arrepentimiento— no desaparece por su victoria. Este mismo miércoles Sánchez se lo recordará en la sesión de control, y lo usará todo lo que pueda para intentar desactivar el impacto de la línea dura contra la amnistía que ha elegido el PP.

Junts, en permanente contacto con el PSOE, también dejó claro este lunes que no teme que el mal resultado del PSOE en Galicia pueda acabar complicando y afectando a las conversaciones sobre la amnistía. Josep Rius, portavoz de Junts, señaló que seguirán como hasta ahora: “Seguiremos negociando como siempre. Firmamos un pacto de investidura con los socialistas e iremos avanzando según se vaya cumpliendo. Las elecciones no cambian para nada el escenario”.

Tras la celebración de la ejecutiva de Junts, que ha subrayado el “paso de gigante” dado por el BNG para ser una alternativa, Rius cuestionó que la amnistía haya podido pasar factura a los socialistas gallegos. “Hacer extrapolaciones es delicado. En todo caso, los socialistas han perdido votos en favor de un partido soberanista y que está a favor de la amnistía”, ha afirmado. El PSOE, mientras, solicitó este sábado en el Congreso una prórroga de dos semanas para cerrar un acuerdo sobre el articulado de la ley tras no superar hace tres semanas la primera votación. “Queremos ganar tiempo para conseguir un buen texto”, dijo Rius. “No hay que tener prisa, sino hacer una buena ley”, remató.

Irritación por la lentitud de las negociaciones

Esquerra, por su parte, evidencia su irritación por la lentitud de las negociaciones y hace un llamamiento a la responsabilidad de Junts y del PSOE para que cierren ya un acuerdo. Raquel Sans, portavoz de ERC, reclamó que la norma se apruebe lo antes posible al sostener que hay cientos de personas, imputadas por los casos del 9-N y el 1-O y por las protestas tras la sentencia, con la vida “patas arriba” esperando la ley. “No existen conejos en la chistera. Lo que se podía aprobar hoy se podía haber aprobado hace tres semanas”, ha afirmado la parlamentaria, que ha puesto el acento en tomar suficientes precauciones y no recurrir a “inventos” que hagan la ley inaplicable.

La realidad es que tres altos cargos de ERC serán juzgados a partir del 10 de abril en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su implicación en el referéndum del 1-O —la Fiscalía pide prisión para ellos— y todo apunta a que la vista se celebrará porque de entrada los plazos para aprobar la ley exceden ese calendario. Pero no solo ERC pide a Junts celeridad en la negociación. Salvador Illa, primer secretario del PSC, reclamó lo propio e instó al partido de Puigdemont a que esté “a la altura”. El también líder de la oposición recalcó que la ley necesita dos requisitos: una mayoría en el Congreso y solvencia jurídica. “Y es relevante porque tiene que pasar los filtros del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señaló.

Illa advirtió de que se equivocará mucho quien no sepa leer la “demanda rotunda, transversal y explícita” en Cataluña a favor de la ley y de pasar página a los 10 años del procés. “Me gustaría que todo el mundo estuviese a la altura. Si no, estará fallando a Cataluña”, ha afirmado. El análisis es similar al de En Comú. “Si no se aprueba, no lo entenderá el 80% de los catalanes. Es de sentido común aprobarlo. Viene a resolver un conflicto que hace mucho que está atascado”, zanjó Joan Mena, portavoz del partido.