Los eurodiputados que analizaron la inmersión lingüística en Cataluña piden igualdad de trato al catalán y castellano en las escuelas

Los eurodiputados, en su mayoría conservadores, que visitaron en diciembre Cataluña para analizar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas se marcharon lamentando la “polarización” sobre la materia y acusando a la Generalitat de que no se plantee un modelo alternativo. En su informe preliminar, que se presentará este miércoles en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, los legisladores proponen ahora varias recomendaciones —no vinculantes— que apuntan a garantizar un trato equitativo entre el catalán y el castellano.

El borrador del informe de 18 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, resume los encuentros e impresiones tras los tres días de visita de los eurodiputados que conformaron la misión: la presidenta, Yana Toom (del grupo liberal Renew al que pertenece Ciudadanos, que impulsó la visita), así como los miembros del Partido Popular Europeo (PPE) Peter Jahr y Jaroslaw Duda; el polaco Kosma Zlotwski, del ultraconservador ECR que acoge a Vox; la eurodiputada por el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen Virginie Joron, del grupo europeo de extrema derecha ID, y la italiana Maria Angela Danzi, del Movimiento 5 Stelle y no afiliada a ninguna familia política en Bruselas.

Su conclusión: que el Gobierno catalán “no está aplicando actualmente” las sentencias que obligan a garantizar un 25% de clases en español en el sistema educativo. Es la misma premisa por la que, en octubre de 2022, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por la popular Dolors Montserrat y donde el bloque más conservador, con PP, Cs y Vox en sus filas, suele lograr sacar adelante las votaciones, decidió enviar en la segunda mitad de 2023 esta misión a iniciativa de Ciudadanos, que denunciaba una “persecución del español en la política catalana”. La decisión fue muy criticada por los grupos de izquierda que denunciaron que contravenía la tradición de evitar interferencias con la política nacional, dado que la fecha propuesta coincidía con la presidencia de turno española del Consejo de la UE y, de no haber sido adelantadas, también lo habría hecho con las elecciones generales previstas inicialmente para finales del año pasado.

El borrador del informe, que todavía debe ser discutido y sometido a enmiendas antes de ser votado, lanza una docena de recomendaciones que giran en torno a la necesidad, como ha adelantado en redes sociales la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza, de garantizar “el mismo tratamiento para el español y el catalán como lengua vehicular de la enseñanza” y garantizar que “los niños no son discriminados” por la lengua.

Entre otros, se propone que se garantice que las comunicaciones de los centros educativos se hagan, de oficio, tanto en catalán como en castellano, “sin necesidad de que el estudiante o la familia lo pidan de manera individual”. También insta a las autoridades españolas “nacionales y regionales” que vigilen estrechamente si se respeta un contenido “equilibrado” de los idiomas de enseñanza en las escuelas catalanas y que se da un tratamiento igualitario a las lenguas cooficiales.

La misión “sugiere” además que el Gobierno de Pedro Sánchez “revise” la forma en que la Autoridad Nacional de Inspección de Educación Superior supervisa en Cataluña los estándares mínimos para un contenido equilibrado de la enseñanza de lenguas. En el mismo sentido, recomienda que expertos independientes realicen un análisis sobre el trato igualitario de las lenguas cooficiales en la educación para proponer recomendaciones. Y pide a la Comisión Europea que “vigile estrechamente” la aplicación en Cataluña del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre una “educación de calidad”. Asimismo, plantea que Bruselas incluya esta cuestión en su próximo informe sobre el Estado de derecho en España y ofrezca “asistencia técnica” al país para “atender cuestiones sobre derechos fundamentales”.

La misión fue denunciada desde el principio por los grupos de izquierda como un nuevo intento de la Comisión de Peticiones y de su presidenta Dolors Montserrat, de impulsar una “estrategia política nacional” en instancias europeas. Las denuncias de manipulación política de esta comisión, que actúa como una especie de ventanilla de atención ciudadana del Parlamento Europeo, han sido constantes en los últimos años, en los que muchos eurodiputados de otras nacionalidades también han cuestionado el alto número de casos españoles que llegaban hasta esta instancia, de escaso peso político real —sus recomendaciones no son vinculantes— pero que ha logrado hacer de altavoz de las disputas políticas nacionales.