El Gobierno, a la espera de los movimientos internos en Junts

La naturaleza política y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a su equipo más cercano, al Ejecutivo y a la dirección del PSOE a no dejarse arrastrar por las turbulencias, porque siempre consideran que hay asideros en el camino. El portazo de Junts per Catalunya a la actual redacción de la ley de amnistía, que temen que no blinde al 100% a su líder, Carles Puigdemont, y a otros encausados por el procés, ha abierto otra dinámica en las relaciones entre los neoconvergentes y los socialistas. La impredecibilidad del partido del expresidente catalán huido en Bruselas, que sostiene al Gobierno, es la única certeza que tiene el Ejecutivo. Esa forma de actuar también exaspera a ERC. “Ya nos la liaron justo antes de registrar la proposición de ley en el Congreso”, recuerdan ahora en esta formación. De nada sirvieron las muchas horas empleadas en la elaborada redacción que llegó el martes al pleno del Congreso. Los sobresaltos de Junts por los autos judiciales de última hora recaen sobre el Gobierno con peticiones a las que este ha echado el cierre, por ahora.

En las filas socialistas están a la expectativa de que los leves movimientos de inquietud y malestar interno en las aguas de Junts se tornen más potentes hasta llevar a Puigdemont a aflojar y permitir que el beneficio del borrado de las penas llegue lo antes posible a centenares de personas. En ERC se alza la voz contra la actuación de sus rivales en el campo independentista. En el Gobierno se mantiene el “ellos verán qué hacen” que invocaron desde la negociación inicial para la investidura, pero no sin preocupación.

Con amnistía o sin ella, el Gobierno continuará; también aunque no logre aprobar los Presupuestos. Esta es la declaración que expresan con determinación fuentes gubernamentales. Y no es solo argumentario. Así será hasta, al menos, pasadas las elecciones en Cataluña, es decir, febrero de 2025. Entonces, nacionalistas y socialistas se replantearán su relación.

El nuevo golpe de Junts en el mentón del Gobierno central se lo ha propinado en plena campaña electoral gallega, cuando la debilidad es la posición que menos conviene a los socialistas. Pedro Sánchez ha marcado en Galicia la línea argumental: habrá amnistía porque “los independentistas no son terroristas” y quedan tres años y medio de legislatura para poner en marcha una potente agenda social y económica.

Cuando se abran las urnas en Galicia dentro de 13 días, la discusión en la comisión de Justicia del Congreso sobre la ley de amnistía derrotada estará en pleno apogeo. La mayoría de izquierda zanjará este martes en la Mesa del Congreso el debate abierto por el PP —sin sentido reglamentario, según fuentes jurídicas de la máxima cualificación parlamentaria— sobre si la ley derrotada en el pleno del Congreso vuelve a la comisión o hay que empezar de nuevo, desde cero. El PP va a exigir que salga del Congreso al haber sido rechazada por mayoría absoluta. Por el contrario, fuentes de los servicios jurídicos de la Cámara baja, aun sabiendo que algún letrado se ha expresado en línea con el PP, defienden que el artículo 131.2 del Reglamento de la cámara no discrimina supuestos y que, si la ley ha sido derrotada en el pleno, vuelve a comisión. A la discusión de fondo sobre la amnistía se añadirá este elemento más de confusión, del que el PP hará bandera. Pero la ley volverá previsiblemente a la comisión y es ahí donde se librarán las tensiones entre el Gobierno y Junts. El Gobierno quiere dar por seguro que habrá amnistía en los términos ya fijados. Planes, pero no certezas.