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El PSOE y Junts buscarán una salida “creativa” para salvar la ley de amnistía

Ambos socios intentan evitar el choque de trenes, pero Sánchez está dispuesto a seguir gobernando incluso si el partido de Puigdemont le retira su apoyo. El límite del PSOE es la constitucionalidad

Míriam Nogueras intervenía el martes en el Congreso.
Míriam Nogueras intervenía el martes en el Congreso.Álvaro García
Carlos E. Cué

La suerte estaba echada desde la noche del lunes 29 de enero. El PSOE y Junts, después del drama vivido tres semanas antes en la negociación in extremis de tres decretos ley, habían acordado cambiar algunas cosas en la mecánica de sus conversaciones: no se podía repetir la angustia de esa negociación, que se cerró cinco minutos antes de proceder a la votación e hizo vivir al Gobierno horas de desconcierto, con millones de euros en ayudas y la subida de las pensiones en juego.

Esta vez, con la ley de amnistía, tenía que ser diferente. Así que los negociadores habituales, Santos Cerdán por el PSOE y Jordi Turull por Junts, se emplazaron a una videoconferencia el lunes por la noche para decirse las cosas claras y evitar sustos de última hora. Por Junts estaba Turull, la portavoz, Míriam Nogueras, y el líder, Carles Puigdemont (desde Bruselas, donde lleva más de seis años huido). Por el PSOE, Cerdán y su mano derecha, Juan Francisco Serrano. La posición del PSOE era clara y venía inspirada por el ministro Félix Bolaños, principal artífice de la ley, y su equipo de juristas, que veían imposible acceder a lo que exigía Junts: incluir íntegramente y sin ningún matiz los delitos de terrorismo y traición en la amnistía, a través de su enmienda número 29.

La discusión fue intensa, según fuentes de los dos partidos, pero sobre todo política. Junts pidió ir más lejos en la ley para cerrar cualquier vía de agua ante la presión de jueces como Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, que quiere imputar por terrorismo a Puigdemont, o Joaquín Aguirre, del juzgado número 1 de Barcelona, que ve indicios de delito de traición en la causa sobre la supuesta trama rusa del procés. Pero para los socialistas eso supone arriesgarse a algo mucho peor: que toda la ley caiga por una sentencia contraria del Constitucional o de los tribunales europeos, lo que supondría un fiasco descomunal.

Esta vez, al menos, no hubo sorpresas. Las dos partes fueron claras. El PSOE fue rotundo: no votarían esa enmienda de los independentistas. Y Junts también: rechazarían la ley para que volviera a comisión y se reabriera la negociación. Aunque estaban sobre aviso, muchos socialistas no se lo acabaron de creer hasta que vieron que efectivamente Junts se atrevía a votar contra una ley de amnistía que ellos mismos han negociado, que llevan meses trabajando y que habían apoyado hasta en cuatro votaciones en la comisión la semana anterior. Algunos socialistas estallaron contra el partido de Puigdemont.

—Os habéis dejado arrastrar por García-Castellón. Os ha llevado donde quería y estáis poniendo en riesgo la ley—, les espetaron a sus interlocutores independentistas, según fuentes conocedoras de esas conversaciones.

—Lo que no puede ser es que aprobemos una ley de amnistía y empiece a haber detenidos por todas partes. No podemos dejar que los jueces se rían en nuestra cara. Tenemos que hacer algo. Hay que blindarla más—, contestaban desde Junts.

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En los pasillos del Congreso no había ninguna duda. Esta batalla se escenificaba en el hemiciclo, pero el verdadero escenario era otro: la Audiencia Nacional. Y allí tenía como gran protagonista a García-Castellón. El veterano juez conservador, que se jubilará en octubre a los 72 años, ha logrado dominar la agenda política española en los últimos meses. Ya estuvo a punto de torpedear la investidura de Sánchez cuando, después de cuatro años de instrucción sin señalar a Puigdemont, hizo un auto en el que implicaba al líder de Junts por terrorismo precisamente la misma semana, la del 6 de noviembre, en la que se tenía que cerrar el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts. Los negociadores admiten que ese auto estuvo muy cerca de hacer descarrilar el acuerdo, que finalmente llegó a finales de esa semana. Y ahora, de nuevo, con su último auto, en el que desarmaba la última enmienda pactada por los socialistas, ERC y Junts, el juez ha logrado poner contra las cuerdas la propia ley, rechazada por el partido de Puigdemont.

Pedro Sánchez no puede hacer ningún reproche en público a los jueces. Es una línea roja muy clara. De hecho, Bolaños censuró las críticas que hicieron portavoces independentistas y de Sumar a los magistrados en el debate en el Congreso. Pero el mensaje que el presidente lanzó a Junts el jueves desde Bruselas fue nítido y con él se estaba refiriendo, sin citarlo, a García-Castellón: “Todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas”. Traducido: una llamada a la calma, en la confianza de que la instrucción que trata de implicar a Puigdemont en delitos de terrorismo quedará en nada. Por eso, Junts contesta que no ha pactado una amnistía “en diferido”, porque no quiere esperar a que instancias superiores tumben los movimientos de García Castellón y quiere algo que le pare los pies ya.

Sánchez remató la comparecencia en Bruselas con una frase que parecía pensada para el propio Puigdemont, con quien aún no ha tenido ningún contacto pese a que el acuerdo entre sus partidos es decisivo para la legislatura: “Hay que mantener la templanza y la firmeza”. El PSOE está tratando de convencer a Junts de que no se deje arrastrar por los movimientos de los jueces; que se aferre a una ley que han pactado entre todos y que Sánchez definió como “valiente, reparadora y constitucional”. Y que confíe en que la instrucción de García-Castellón, como ha sucedido en ocasiones anteriores con casos relacionados con Podemos, por ejemplo, no prosperará. No en vano, recuerdan los socialistas, el fiscal del caso, otro conservador nada sospechoso de cercanía al Gobierno, está rechazando con dureza el intento de implicar a Puigdemont en un caso de terrorismo.

Sánchez está apostando por convencer a Junts y no se plantea de momento la ruptura, según fuentes socialistas. De hecho, en el mitin del sábado en Ourense culpó directa y exclusivamente al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) de la crisis territorial del procés, y evitó mencionar la responsabilidad de la Generalitat y de los partidos independentistas, aunque otras veces lo ha hecho.

“Impecable y constitucional”

En el entorno del presidente están convencidos de que Junts cometió un error en el pleno del martes y de que tiene mucha presión en Cataluña para llegar a un acuerdo, por lo que creen que se encontrará una solución. Los plazos son relativamente flexibles: 15 días, que en teoría acaban el 22 de febrero —la semana siguiente a las elecciones gallegas— pero que podrían prorrogarse a un mes. Los socialistas no quieren tocar la ley, pero son conscientes de que Junts necesitará algo a lo que aferrarse para cambiar su posición. El partido de Puigdemont reclama “una solución creativa”, que no pase necesariamente por aprobar su enmienda. Ahora, en comisión, se puede pactar cualquier transaccional que cambie algo pero sin alterar lo sustancial de la ley. “La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá”, aseguró Bolaños. Y ahí está el límite del PSOE.

En Junts hay debate sobre la vía a seguir a partir de ahora. El liderazgo de Puigdemont es indiscutible, pero muchos tratan de influir en él. La presión en el mundo independentista es muy fuerte. ERC, que tiene a su secretaria general, Marta Rovira, en la misma situación que Puigdemont en el caso Tsunami, y muchos dirigentes y militantes esperando una sentencia, aprieta con fuerza a Junts, a la que acusa de estar poniendo en riesgo el futuro de centenares de familias para salvar a su líder. Los de Puigdemont lo niegan, insisten en que en realidad están tratando de salvar a mucha más gente que podría quedar fuera, para empezar todos los implicados en los casos CDR y Tsunami. Pero admiten que sería muy difícil para ellos tumbar definitivamente la ley en la próxima vuelta si se instala la idea de que solo están pensando en el expresident.

En todo este proceso hay una persona clave: Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, quien dirige su estrategia jurídica y también la persona a la que ha puesto a negociar los aspectos técnicos de la ley. Boye, que tiene mucha influencia sobre el líder de Junts, es quien más claramente insiste en que eliminar todos los tipos de terrorismo de la lista de delitos excluidos de la amnistía sí sería constitucional, y remarca los riesgos de no hacerlo dada la estrategia de García-Castellón.

Estos días ha habido algún contacto entre PSOE y Junts para emplazarse a negociar, pero aún sin entrar en materia, sin papeles encima de la mesa. Los socialistas están decididos a resistir en este punto: prefieren dejar caer la ley antes que aceptar una redacción que puedan tumbar el Constitucional o la justicia europea, según fuentes gubernamentales.

Mientras, desde el PP se regodean ante un escenario imprevisto que piensan utilizar al máximo en las elecciones gallegas. “Es evidente que la amnistía va a ser un tema importante de la campaña, y con esta decisión Junts nos lo pone en bandeja. Sánchez debería saber lo que le esperaba cuando decidió atarse a unos socios así”, resume un dirigente popular.

Lo que está dejando muy claro Sánchez en público y en privado es que la legislatura no está en riesgo. “No queremos hacer un chantaje, queremos resolverlo”, señalan desde el grupo de Puigdemont, dando a entender que no pretenden tumbar al Gobierno. Pero el presidente y su equipo de confianza han lanzado ya el mensaje de que Junts no tiene esa opción. El PSOE, explican, quiere un acuerdo, pero, si finalmente no se produce, la legislatura va a seguir adelante con o sin Junts. Incluso algunos ministros ya están poniendo el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso, que gobernó varios años en Madrid sin poder aprobar presupuestos.

No es el plan a, y en La Moncloa confían en un acuerdo con Junts que abra la puerta a unas nuevas cuentas —ya hubo reuniones para hablar de ellas con todos, incluidos los independentistas, antes de esta semana de máxima tensión— pero, si no es así, Sánchez y sus ministros están dispuestos a seguir. Insisten en que las leyes fundamentales están aprobadas —200 en la anterior legislatura—, los presupuestos ya están prorrogados, los decretos más importantes se sacaron en esa votación agónica de enero y básicamente el objetivo político de estos años es desarrollar todo el aparato legislativo aprobado en los cuatro años anteriores. Tampoco hay una mayoría parlamentaria alternativa: es impensable una moción de censura contra Sánchez, porque el PP tendría que sumar a ella, por un lado, a Vox y por otro al PNV o a Junts, que se declaran incompatibles con la extrema derecha—. Y solo el presidente del Ejecutivo puede convocar elecciones.

Así que ahora La Moncloa pondrá todo el empeño en encontrar un acuerdo con Junts para aprobar la ley de amnistía y consolidar la legislatura, pero los socialistas no lo ven como una cuestión de vida o muerte para el Gobierno. Y eso, políticamente, lo cambia todo.

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